Por: Carlos Humberto Gómez
La jurisdicción de la cuenca del rio Negro recorre 9 municipios del Oriente antioqueño – Imagen: Cortesía
El Oriente antioqueño tiene una historia profundamente ligada al agua. Sus montañas, quebradas y ríos no solo modelan el paisaje, sino que definen la vida económica, ambiental y social de sus habitantes. En el corazón de este sistema se encuentra la cuenca del río Negro, una red natural que recorre nueve municipios —Rionegro, El Retiro, La Ceja, Guarne, Marinilla, El Carmen de Viboral, San Vicente Ferrer, El Santuario y El Peñol—, y que constituye el principal soporte ecológico, hídrico y territorial del Valle de San Nicolás.
Desde 2016, este territorio cuenta con una instancia de participación ciudadana que, aunque discreta, ha cobrado relevancia en los últimos años, el Consejo de Cuenca del río Negro. Se trata de un organismo creado en cumplimiento del Decreto 1640 de 2012 y reglamentado por la Resolución 509 del mismo año, que busca articular a la ciudadanía con la gestión ambiental de las autoridades competentes, en especial con Cornare, encargada de la formulación y ejecución del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca (POMCA). Este plan es el instrumento técnico que orienta el uso sostenible del suelo, el manejo del recurso hídrico y la protección de los ecosistemas estratégicos.
“Los Consejos de Cuenca son el organismo de participación social más importante que existe en Colombia en materia ambiental”, explica María Estela Pineda, comunicadora social y actual presidenta vocera del Consejo para el periodo 2025–2029, quien representa a la Asociación de Usuarios del Acueducto de San Ignacio, en el municipio de Guarne. Su papel, junto con el de otros representantes de la academia, organizaciones comunitarias, empresas de servicios públicos y grupos ciudadanos, es mantener un equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad. Sin embargo, Pineda advierte que la labor tiene limitaciones, “El Consejo emite recomendaciones y conceptos técnicos, pero sus decisiones no son vinculantes. Es decir, las autoridades pueden acogerlas o no hacerlo, y ahí hay una gran debilidad”.
En la práctica, esto significa que, aunque el Consejo de Cuenca puede alertar sobre temas de interés ambiental, como la situación de la Reserva Nacional Protectora del río Negro–Nare, sus observaciones no siempre derivan en acciones concretas. “Emitimos una recomendación sobre ese tema y pasó sin pena ni gloria”, comenta con tono crítico.
Pese a las dificultades, el acompañamiento de Cornare ha sido destacado. La Corporación no solo brinda apoyo técnico y logístico, sino que ha fortalecido la participación mediante la creación de espacios de diálogo, encuentros y foros ambientales en los municipios. Nelson Erick García, consejero por el Sistema Integral de Veedurías Ciudadanas, resalta esa relación, “Cornare ha sido receptiva y colaboradora. El primer Consejo apenas conoció el instrumento; el segundo empezó a consolidarse, y este tercero ya tiene autonomía, ya entiende el territorio”.
Una de las iniciativas más valiosas en ese proceso ha sido el desarrollo del ecosistema de datos ambientales, que permite a los ciudadanos acceder libremente a información sobre concesiones de agua, usos del suelo, áreas protegidas y restricciones. “Es una herramienta de transparencia y conocimiento para leer el territorio”, explica García.
El Consejo de Cuenca, además de ser un órgano consultivo, se ha convertido en una escuela de ciudadanía ambiental. Sus miembros trabajan de manera voluntaria y ad honorem, promoviendo espacios educativos y comunitarios en torno a la protección del agua. En los últimos años han organizado conversatorios municipales para discutir problemáticas comunes como la expansión urbana descontrolada, el deterioro de humedales, la deforestación y la falta de cobertura en saneamiento básico.
Un caso emblemático es el de la planta de tratamiento de aguas residuales de Galicia, en la parte baja de Rionegro, cerrada hace cuatro años pese a una inversión cercana a los cinco mil millones de pesos. “Hoy más de setecientas viviendas descargan aguas sin tratamiento a la quebrada La Mosca, y el municipio no ha dado respuesta a los requerimientos de Cornare”, señala García, quien advierte que hechos como este evidencian la urgencia de fortalecer la gobernanza ambiental en la región.
La cuenca del río Negro nace en las montañas de El Retiro, recibe aportes de múltiples quebradas como La Cimarrona, La Pereira, La Mosca y La Marinilla, y fluye hasta el embalse del Peñol, donde sus aguas se integran al sistema Nare. Este recorrido la convierte en una verdadera columna vertebral hídrica del Oriente antioqueño, una red que sostiene la vida de más de medio millón de personas y alimenta la agricultura, la industria y el consumo urbano. “Es un territorio de nacimientos y aguas cristalinas, pero también de presiones urbanísticas y deterioro ambiental”, resume Pineda.
Uno de los retos más grandes del Consejo de Cuenca es lograr incidencia real en la política pública. Aunque sus aportes son reconocidos, carece de autonomía presupuestal y de capacidad decisoria. Por eso, los consejeros han solicitado al Ministerio de Ambiente una reforma al decreto que regula estos organismos, de modo que sus conceptos sean vinculantes y cuenten con recursos propios. “Propusimos que cada Corporación ambiental destine el 0,5% de sus recursos al funcionamiento de los Consejos de Cuenca. Así podríamos tener autonomía financiera y ejecutar nuestro plan de acción”, explica García.
Otro frente de trabajo ha sido la articulación con los municipios. En 2023, durante el empalme de administraciones locales, el Consejo realizó encuentros con los alcaldes entrantes para insistir en que los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial incluyan las determinantes ambientales del POMCA. Cornare ha revisado esos documentos y encontró que la mayoría no cumplía con el requisito. “Esa omisión explica buena parte del desorden territorial que vivimos: parcelaciones en zonas de protección, afectación de humedales, invasión de retiros de cauce. Es urgente que los municipios comprendan que el agua debe ser el eje del ordenamiento”, subraya la presidenta del Consejo.
Pese a las limitaciones y a la falta de reconocimiento institucional, tanto María Estela Pineda como Nelson Erick García mantienen la convicción de que la participación ciudadana es la clave para cuidar el territorio. “El Consejo de Cuenca es una escuela viva donde se aprende, se debate y se defiende el agua desde el conocimiento técnico y el amor por la región”, dice Pineda. Los consejeros han impulsado materiales pedagógicos, videos y publicaciones con el apoyo de Cornare y EPM, que buscan sensibilizar a las comunidades sobre la importancia del recurso hídrico.
En noviembre próximo se realizará el tercer encuentro regional de Consejos de Cuenca del Oriente Antioqueño, espacio donde confluirán las experiencias de los diferentes grupos ciudadanos que trabajan por la sostenibilidad del agua en el territorio. “El agua es un bien común que no entiende de fronteras políticas. Las cuencas son el verdadero territorio que nos une”, concluye García.
Así, entre desafíos institucionales y avances comunitarios, el Consejo de Cuenca del río Negro continúa consolidándose como una voz ciudadana que vela por la protección de la mayor riqueza del Altiplano: sus ríos, sus montañas y su gente.
El Tercer Foro del Agua: Tensiones sobre el modelo de desarrollo
Ante esta encrucijada, el Consejo de Cuenca convocó el Tercer Foro del Agua el 16 de octubre de 2025, cuyo objetivo, entre otros, fue reflexionar sobre el ordenamiento territorial y la necesidad de una figura asociativa regional, como la propuesta de Área Metropolitana.
El debate se centró en la integración regional. La investigadora María Consuelo Montoya Giraldo, del CEAM, argumentó que las Áreas Metropolitanas emulan el centralismo, la concentración del desarrollo y el autoritarismo, y están «a la zaga» de un desarrollo armónico. Ella propuso las Regiones y Provincias como alternativas para la descentralización del Estado y la gobernanza ciudadana. Montoya considera al Consejo de Cuenca un «actor potente» para dirimir la tensión entre el urbanismo demoledor y los límites al desarrollo.
Alejandro Pimienta Betancur, de la Universidad de Antioquia, enfatizó que el territorio es un campo de tensión entre un modelo hegemónico expansivo (que ve el Oriente como plataforma de conexión y extensión del Valle de Aburrá) y proyectos alternativos que defienden el agua como bien común y buscan la sostenibilidad.
Por su parte, el docente Erney Montoya Gallego, magíster en Desarrollo y profesor de la Universidad Católica de Oriente, afirmó que el crecimiento de Rionegro exige una gobernanza supramunicipal para coordinar la planificación territorial. Montoya enfatizó que el desafío crucial es transitar del crecimiento fragmentado a una territorialidad compartida. Esto implica pasar de la competencia por la inversión a la cooperación por la sustentabilidad; de la dependencia metropolitana a la soberanía territorial; y del crecimiento económico a la equidad ecológica. Subrayó que las instituciones deben promover esquemas de asociatividad basados en la confianza, el menor riesgo político y estrategias más vinculantes y participativas, implementando una lógica de la sustentabilidad para recuperar el sentido ecológico del territorio.
Durante el foro también se compartieron experiencias exitosas de gobernanza comunitaria, como la del Acueducto Cascajo de Marinilla y la Veeduría Ciudadana Salvemos La Ceja, la cual trabaja en la recuperación de la quebrada La Pereira.
Cornare fortalece la participación en los Consejos de Cuenca
En diálogo con La Prensa Oriente Oladier Ramírez, secretario general de Cornare, analizó el papel de los Consejos de Cuenca, su marco regulatorio y la participación ciudadana en la gestión del recurso hídrico. Según explicó, estos consejos se rigen por el Decreto 1640 de 2012 y funcionan como órganos consultivos para los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA). Su conformación se realiza mediante un proceso democrático que involucra a municipios, universidades, gremios, ONG, empresas y comunidades locales, quienes eligen sus delegados y elaboran sus propios reglamentos.
Ramírez destacó que la relación de Cornare con los Consejos se basa en el fortalecimiento y la orientación técnica, ya que los POMCA son “planes de la región, no de Cornare”. Aunque los Consejos no tienen poder vinculante, sus recomendaciones son tenidas en cuenta y la corporación rinde informes sobre el avance de los compromisos establecidos.
Actualmente existen once cuencas hidrográficas en la jurisdicción de Cornare, diez con Consejos activos y una —la del río Guatapé— en proceso de ordenación. Este último caso, señaló Ramírez, podría generar debates relevantes por las dinámicas asociadas al turismo y el embalse.
