La consulta popular para la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, que estaba programada para este domingo 9 de noviembre, no se llevará a cabo. Según se ha conocido la suspensión se debió a que el Gobierno Nacional no giró los recursos necesarios para su realización.
Como se informó en su oportunidad, la Registraduría Nacional del Estado Civil suspendió la convocatoria electoral porque el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no giró los fondos asignados. Esta situación afecta a los ciudadanos aptos para votar en ocho municipios del Altiplano del Oriente antioqueño que debían decidir sobre la creación de esta área metropolitana.
Eugenio Prieto Soto, director de Planeación departamental de la Gobernación de Antioquia, se refirió al hecho. Según dijo, «lamentablemente debemos informarles que el Presidente Petro nuevamente le incumple a Antioquia, su Ministerio de Hacienda y Crédito Público no giró los recursos asignados para la realización de la consulta popular». Precisó que este incumplimiento vulnera el derecho fundamental a la participación política consagrado en el artículo 40 de la Constitución Nacional.
También se había conocido que ante la inminencia de esta situación, se interpuso una acción de tutela que fue resuelta a favor de la Consulta. Prieto Soto explicó que «una jueza de la República debió amparar mediante mecanismo de tutela los derechos fundamentales de ustedes los ciudadanos y ciudadanas del Oriente». Agregó que esperan que con ese mandato judicial al Ministerio de Hacienda se giren los recursos pronto para que la Registraduría pueda programar una nueva fecha.
La Gobernación de Antioquia señaló que la consulta para la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás sigue firme y que está en juego la democracia y la autonomía territorial. Según la información proporcionada, la Registraduría deberá fijar un nuevo calendario electoral una vez se transfieran los recursos ordenados por la justicia.
También se conoció el Gobierno nacional impugnó el fallo de tutela que, en primera instancia, le dio la razón al gobernador de Antioquia y a los ocho alcaldes de los municipios convocados a la consulta popular. Dicha tutela, emitida por la Jueza Sexta de Familia de Oralidad de Medellín, había dado 48 horas al Ministerio de Hacienda para enviar los 6.858 millones de pesos que requiere la Registraduría para la logística de las elecciones. El proceso en esta segunda instancia quedó en manos del Tribunal Superior de Medellín.
