Los Pagos por Servicios Ambientales se han consolidado como un instrumento económico que busca tender puentes entre la conservación de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades que los habitan. Los PSA en Colombia han sido pensados no solamente como un incentivo financiero, sino como un reconocimiento a quienes sostienen procesos de conservación en sus territorios, generalmente familias rurales que históricamente se han encargado con los costos de cuidar la naturaleza sin recibir una compensación clara.
En Colombia, los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) se sustentan en la función ecológica de la propiedad y en la Ley 99 de 1993, modificado por la Ley 1450 de 2011. Este instrumento ha fortalecido la conservación de ecosistemas, los valores culturales y el papel de las comunidades rurales en la gobernanza ambiental sostenible.
Un zoom a los impactos en la jurisdicción de Cornare
El caso de la jurisdicción de Cornare ofrece un ejemplo de cómo se traduce esta política en resultados tangibles. Durante 2025, gracias a la articulación de la Gobernación de Antioquia, Cornare, las alcaldías municipales y la corporación Masbosques, se han invertido cerca de 7.543 millones de pesos en pagos por servicios ambientales, con los que fue posible impactar en la vida de 1.745 familias rurales que, en retorno a su compromiso con la conservación, están preservando 10.949 hectáreas de ecosistemas estratégicos. Además, se fortalecieron 24 negocios verdes, demostrando que la conservación puede y debe estar ligada a alternativas económicas sostenibles.
El programa reconoce la diversidad de las familias participantes, que van desde aquellas que conservan una hectárea o más y reciben el cien por ciento del incentivo definido en el estudio de costo de oportunidad, equivalentes a 394.592 pesos, mientras que quienes protegen entre 0,51 y 0,99 hectáreas reciben el 75 por ciento, y las que conservan entre 0,3 y 0,5 hectáreas acceden al 50 por ciento. Este enfoque inclusivo permite que hogares con predios de menor extensión, pero con gran importancia para la conservación del recurso hídrico, y que en otras políticas suelen quedar excluidos, participen activamente de este esquema de conservación.
La suma de poblaciones en distintas regiones del Oriente antioqueño protegiendo ecosistemas estratégicos, revela cómo cada ecosistema aporta servicios distintos y cómo cada comunidad, con sus prácticas, contribuye a un mismo fin colectivo. En la zona de Valles, 583 familias preservan 2.754 hectáreas; en Bosques, 260 familias protegen 2.177 hectáreas; en Páramos, 309 familias aseguran 2.490 hectáreas; en Porce Nus, 257 familias resguardan 1.402 hectáreas; y en Aguas, 336 familias conservando 2.125.
Más que cifras, los Pagos por Servicios Ambientales representan la protección de una amplia biodiversidad que sostiene la vida en los territorios. Se conservan especies vegetales como cedrillo, guamo, yarumo, encenillo, ceiba y palma de cera, junto a fauna como zarigüeyas, osos perezosos, nutrias, tigrillos, aves emblemáticas, reptiles e innumerables anfibios esenciales para el equilibrio ecológico.
De esta manera, los PSA en Cornare se convierten en un tejido vivo de relaciones ecológicas y sociales, donde el incentivo económico es solo un medio para garantizar la continuidad de la vida en toda su diversidad.
La experiencia de Cornare demuestra que la conservación de los ecosistemas no puede ser responsabilidad exclusiva del Estado o de las comunidades, sino que exige esfuerzos compartidos donde convergen lo público, lo privado y lo comunitario. El financiamiento continúa siendo la principal dificultad para garantizar la permanencia de los PSA en los territorios, así como la necesidad de una mayor integración de estos programas con políticas de ordenamiento territorial, desarrollo rural y adaptación al cambio climático.
