El contralor departamental de Antioquia se refirió además a auditorías, procesos fiscales, participación ciudadana y vigilancia de recursos públicos en municipios del Oriente antioqueño.
En entrevista con Carlos Humberto Gómez, director del periódico La Prensa Oriente para el programa Protagonistas del canal regional Safari Televisión, el contralor departamental de Antioquia, Juan Carlos Herrera Toro, habló sobre su trayectoria profesional, el inicio de su gestión al frente del ente de control, las auditorías que actualmente adelanta la entidad y distintos asuntos relacionados con la vigilancia de los recursos públicos en municipios del Oriente antioqueño.
Durante la conversación, Herrera Toro recordó sus vínculos con la subregión del Oriente y particularmente con el municipio de Guarne, donde residió desde la infancia debido al trabajo de su padre como educador. Explicó que realizó allí su formación primaria y parte del bachillerato, además de iniciar en ese municipio su participación en el sector público como concejal y vicepresidente del Concejo Municipal. “Realmente mis nexos con el Oriente son permanentes y absolutos y de toda la vida”, expresó.
El contralor también hizo referencia a su trayectoria académica y profesional. Indicó que es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Administrativo y cuenta con maestría con doble titulación entre la Universidad de Alicante y la Universidad de Palermo de Italia. En el sector público señaló que ocupó cargos como subsecretario jurídico, subsecretario de Hacienda y secretario de Hacienda del departamento de Antioquia, además de haber sido gerente encargado de la Fábrica de Licores de Antioquia y ente liquidador del Ingenio Vegachí. A nivel nacional mencionó su paso por el Ministerio de Trabajo, donde fue asesor del despacho del viceministro de Relaciones Laborales, director general de Promoción del Trabajo y viceministro encargado. También explicó que participó como negociador de cuatro tratados de libre comercio suscritos por Colombia con Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Chile.
Sobre su llegada a la Contraloría General de Antioquia, Herrera Toro manifestó que se trataba de una aspiración que había intentado alcanzar años atrás cuando participó en procesos para las contralorías de Medellín y Antioquia. Explicó que en esta ocasión obtuvo el primer lugar en el proceso de mérito y posteriormente recibió el respaldo de 21 diputados de la Asamblea Departamental para asumir el cargo por un periodo de cuatro años.
Al referirse al inicio de su administración, señaló que encontró una entidad integrada por funcionarios de carrera administrativa y personal técnico con experiencia dentro de la Contraloría. Sin embargo, indicó que uno de los asuntos identificados durante el proceso de empalme fue la existencia de 771 procesos próximos a prescribir. “Eso quiere decir, que se genera un riesgo de impunidad muy grande”, manifestó durante la entrevista. Explicó que desde su llegada se han evacuado cerca de 200 expedientes y se han impuesto más de 150 medidas relacionadas con embargos de bienes y sueldos, además de avanzar en la terminación de distintos procesos.
El contralor informó además que durante los primeros meses de gestión la entidad ha desarrollado tres ciclos de auditoría, mediante los cuales se han auditado recursos cercanos a los 13 billones de pesos. Explicó que actualmente la Contraloría adelanta un nuevo ciclo de auditorías, dentro del cual se encuentran incluidos municipios del Oriente antioqueño. “Nosotros tenemos 500 sujetos de control. A cada uno de ellos vamos y les miramos las cuentas, que estén gastándose bien los recursos, que no lo estén malversando”, expresó al explicar el funcionamiento de estos procesos de vigilancia fiscal.
Herrera Toro precisó que los hallazgos derivados de las auditorías no significan automáticamente la existencia de delitos o irregularidades definitivas. Explicó que existen hallazgos administrativos, fiscales, disciplinarios y penales, los cuales posteriormente son trasladados a las autoridades competentes según corresponda. Indicó que los asuntos disciplinarios pasan a la Procuraduría General de la Nación, los penales a la Fiscalía y los fiscales al área de responsabilidad fiscal de la propia Contraloría, respetando en todos los casos el debido proceso.
En relación con el Oriente antioqueño, el contralor señaló que actualmente se adelantan auditorías en municipios como Guarne, Marinilla, El Santuario y Abejorral. Explicó que en esta fase los equipos auditores se encuentran revisando documentos y realizando actividades preliminares. También manifestó que el propósito de la entidad es proteger los recursos públicos y ejercer vigilancia sobre su correcta destinación. “Mi gran ocupación va a ser porque los recursos de las ciudadanas y ciudadanos del Oriente antioqueño se respeten, se apliquen a lo que corresponden y que no haya actos ni de malversación ni de despilfarro”, expresó.
Durante la entrevista también se abordó el funcionamiento de la Comisión Regional de Moralización, presidida actualmente por el contralor de Rionegro, Rolando Castaño. Herrera Toro explicó que en este espacio participan entidades como la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura. Indicó que la comisión realiza reuniones de seguimiento, encuentros subregionales y espacios de atención a denuncias ciudadanas relacionadas con el manejo de recursos públicos.
Otro de los temas abordados fue la participación ciudadana en los procesos de control fiscal. El contralor manifestó que la entidad impulsa una estrategia denominada “Contraloría dialogante”, orientada a fortalecer la relación con más de 2.000 veedurías ciudadanas existentes en Antioquia. También se refirió al trabajo con contralores estudiantiles y al fortalecimiento de canales de comunicación para atender denuncias y observaciones de la ciudadanía.
En la parte final de la conversación, Herrera Toro se refirió a la creación de empresas de desarrollo urbano y empresas industriales y comerciales del Estado en municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Indicó que actualmente existen 31 entidades de este tipo y expresó inquietudes relacionadas con los costos administrativos y la relación costo-beneficio para municipios con limitaciones presupuestales. También manifestó que la Contraloría revisará si dichas entidades cumplieron los requisitos legales de creación y anunció que, en los casos donde se identifiquen inconsistencias, solicitarán ante el Tribunal Contencioso Administrativo la nulidad de los actos de creación. “Eso nunca lo ha hecho la Contraloría y nosotros lo vamos a hacer”, expresó finalmente.
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