Por: Jorge Mario Arcila
IG: @jorgemarioarcila
Cada cambio de gobierno suele estar acompañado de tensiones. Es natural. Las elecciones enfrentan proyectos políticos distintos y, quienes ganan, llegan con la intención de imprimir un nuevo rumbo al Estado. Sin embargo, una vez terminada la contienda electoral, la prioridad ya no debería ser la disputa entre vencedores y vencidos, sino la continuidad del país.
A ese momento se lo conoce como “empalme”. Si bien parece un trámite administrativo rutinario, constituye, en realidad, uno de los ejercicios más importantes para la estabilidad institucional. Es el puente que conecta un gobierno con el siguiente y permite que los servicios públicos, los proyectos de infraestructura, la atención en salud, la educación, la seguridad y las finanzas del Estado no se detengan por el simple hecho de haber cambiado de presidente.
El empalme no exige que los gobiernos piensen igual. Tampoco supone que compartan una misma visión ideológica. Sí demanda responsabilidad: quien termina su mandato tiene el deber de entregar información completa, veraz y organizada. Quien inicia debe recibirla para conocer el estado real de la administración antes de emprender los cambios que considere necesarios.
En una democracia madura, el adversario político no puede convertirse en un enemigo institucional. Los gobiernos pasan; el Estado permanece. Cuando esa diferencia se olvida, las consecuencias terminan afectando a quienes menos tienen que ver con las disputas partidistas: los ciudadanos.
En regiones como el Oriente antioqueño, donde miles de familias dependen de la continuidad de las obras públicas, de los programas sociales, de la inversión en vías, de los proyectos educativos y de la seguridad, un empalme responsable no es un asunto lejano que solo interesa a Bogotá. Es una condición para que las decisiones del nivel nacional no interrumpan procesos que impactan directamente la vida cotidiana de los municipios.
La historia demuestra que los países más sólidos son aquellos cuyas instituciones funcionan con independencia del gobierno de turno. La robustez de un Estado no se mide únicamente por la capacidad de ganar elecciones, sino también por la manera como administra las transiciones de poder. Allí se pone a prueba la madurez democrática.
Es comprensible que existan diferencias profundas entre quienes dejan el gobierno y quienes llegan. De hecho es deseable que las haya. El debate de ideas hace parte de la democracia. Pero una cosa es confrontar proyectos políticos y otra, muy distinta, poner en riesgo la continuidad administrativa del Estado.
El país necesita gobiernos capaces de competir con firmeza en las urnas y de cooperar con responsabilidad cuando llega el momento de entregar el poder. No se trata de renunciar a las convicciones ni de diluir las diferencias. Se trata de reconocer que existe un interés superior: la estabilidad de la Nación.
Quizás esa sea una de las lecciones más importantes que Colombia debe fortalecer. Las campañas son pasajeras; la patria permanece. Los gobiernos son temporales; las instituciones deben perdurar. La política divide por naturaleza, pero la administración pública está llamada a unir esfuerzos para garantizar que el Estado siga funcionando sin sobresaltos.
Cuando un empalme se desarrolla con transparencia, respeto y sentido de responsabilidad, no gana un partido ni un presidente. Gana Colombia. Y ese debería ser el verdadero objetivo de toda transición democrática.
*Las opiniones expresadas en esta columna de opinión son de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa Oriente.
