Gilberto Toro Giraldo, Director ejecutivo de Fedemunicipios. – Imagen: Cortesía
La emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto abrió un segundo frente para los municipios afectados: después de atender a las personas damnificadas y responder a las necesidades más inmediatas, las administraciones locales deberán encontrar recursos para reconstruir viviendas, recuperar infraestructura y reactivar las economías que quedaron golpeadas por el desastre.
Ante este escenario, la Federación Colombiana de Municipios pidió al Gobierno Nacional adoptar medidas extraordinarias que permitan a los alcaldes actuar con mayor autonomía y velocidad. El gremio, que representa a los mandatarios locales del país, reconoció la importancia de la declaratoria de desastre nacional y emergencia anunciada por el Ejecutivo y planteó un paquete de seis medidas para evitar que las restricciones presupuestales se conviertan en un obstáculo adicional durante la recuperación.
«Desde los municipios pedimos al Gobierno Nacional flexibilizar el uso de recursos territoriales, adoptar alivios tributarios y facilitar inversión pública y privada en las zonas afectadas por el terremoto» aseguró Julián Sánchez «Perico» alcalde de Soacha y Presidente de la Federación.
La primera petición consiste en permitir que los municipios afectados utilicen excepcionalmente el 7 % de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) que inicialmente estaban destinados a deporte y cultura. La propuesta es que ese dinero pueda ser redireccionado exclusivamente a la atención de la emergencia y a la reparación y reconstrucción de infraestructura residencial, comercial e institucional.
La Federación también reclama una salida rápida para los recursos disponibles en el FONPET. La propuesta consiste en habilitar un mecanismo excepcional de desahorro para municipios que cuenten con excedentes en los sectores de propósito general y educación, de manera que estos saldos puedan ser girados por el Ministerio de Hacienda y utilizados para atender las necesidades humanitarias y reconstruir infraestructura pública y comunitaria.
El tercer frente está relacionado con las regalías. Los municipios afectados buscan tener la posibilidad de aprobar directamente proyectos destinados a responder a la emergencia y reconstruir infraestructura, aun cuando no hayan sido contemplados en el capítulo independiente de regalías de sus planes de desarrollo. La medida estaría condicionada al recaudo efectivo, los compromisos previamente adquiridos y la apropiación disponible.
La propuesta incluye además la posibilidad de liberar recursos de proyectos financiados con asignaciones directas, locales o de inversión regional de los departamentos. Para hacerlo, las entidades territoriales tendrían que expedir un acto administrativo debidamente motivado y demostrar que el proyecto todavía no ha entrado en proceso de contratación y que, debido a la emergencia, dejó de ser prioritario.
El impacto económico sobre las familias y los negocios también hace parte de las preocupaciones de los alcaldes. Por eso, la Federación propone que los municipios puedan establecer, hasta por dos vigencias fiscales, exenciones del impuesto Predial Unificado y del ICA para las personas y establecimientos que hayan sufrido pérdidas materiales. El gremio plantea que la Nación compense a las tesorerías municipales por los recursos que dejen de recibir, con el objetivo de que los alivios a los damnificados no terminen comprometiendo la capacidad financiera de los gobiernos locales.
Otra de las propuestas busca convertir al sector privado en un aliado directo de la reconstrucción. Fedemunicipios plantea habilitar excepcionalmente el mecanismo de Obras por Impuestos para que las empresas obligadas a declarar renta puedan destinar hasta el 50 % de su impuesto a cargo a proyectos de recuperación en los municipios afectados. La intención es ampliar este instrumento más allá de los municipios ZOMAC y territorios PDET y permitir que la inversión empresarial contribuya a reconstruir infraestructura residencial, comercial, educativa y vial.
La sexta solicitud apunta directamente a la sostenibilidad financiera de los gobiernos territoriales. La Federación pide que durante 2026 y 2027 se establezca una excepción temporal para los municipios cuyos ingresos corrientes de libre destinación disminuyan como consecuencia del terremoto y que, debido a esa reducción, superen los límites establecidos para los gastos de funcionamiento. En esos casos, solicitan que no se apliquen las sanciones asociadas al incumplimiento de los topes contemplados en las leyes 617 de 2000 y 819 de 2003.
La discusión sobre los recursos adquiere especial importancia porque las administraciones locales deben responder simultáneamente a la emergencia inmediata y a una etapa de recuperación que demandará inversiones durante meses. En este escenario, la Federación considera que los municipios no pueden enfrentar solos el costo de la reconstrucción y que se requiere una articulación efectiva entre Gobierno Nacional, entidades territoriales y sector privado.
«La atención de la emergencia exige que alcaldes y alcaldesas cuenten con instrumentos jurídicos y financieros ágiles«, señala la Federación Colombiana de Municipios. Para el gremio, flexibilizar temporalmente las fuentes de financiación permitiría concentrar los recursos disponibles en las zonas más afectadas, restablecer servicios esenciales y recuperar las condiciones necesarias para que las comunidades vuelvan progresivamente a la normalidad.
La Federación recordó su disposición de trabajar junto al Gobierno Nacional y los gobiernos locales para proteger a las comunidades y garantizar una reconstrucción rápida y transparente. El reto, ahora, será convertir las medidas extraordinarias solicitadas por los alcaldes en decisiones concretas que permitan que la respuesta estatal llegue con rapidez a los territorios que más lo necesitan.
