El Consejo de Estado confirmó la mayor parte de las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia para atender los riesgos de erosión y socavación en la margen izquierda del río La Miel, en los sectores La Riquita y Singapur del corregimiento de San Miguel, en Sonsón. La sentencia de segunda instancia, fechada el 17 de septiembre de 2026, modificó el punto relacionado con el plazo para ejecutar las medidas de mitigación, que comenzará a contarse desde la elaboración de un estudio técnico detallado.
La decisión responde a una acción popular promovida por Carlos Fernando Quiñónez Marmolejo y otras personas, que solicitó la protección de los derechos colectivos a la seguridad, la prevención de desastres previsibles técnicamente y el goce de un ambiente sano. En noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia había amparado esos derechos ante los riesgos identificados en los dos sectores.
Estudios y obras para reducir el riesgo
El fallo dispone que el municipio de Sonsón y el departamento de Antioquia, con la asesoría y el acompañamiento de Cornare, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) e Isagen, deben contar con un estudio técnico detallado y actualizado que determine las causas de la erosión y la socavación, así como las medidas necesarias para atender la situación.
Isagen fue vinculada al proceso por su relación con la central hidroeléctrica Miel I y el embalse Amaní, cuya incidencia en la dinámica del río La Miel fue objeto de análisis judicial. El Tribunal Administrativo de Antioquia consideró que las actividades de la empresa tenían incidencia en la situación de riesgo y que, por su capacidad de contribuir a su control, debía participar en la búsqueda de soluciones junto con las entidades públicas. Aunque Isagen sostuvo que la erosión obedecía principalmente a las crecientes naturales y a otros factores de la cuenca, el fallo le ordenó brindar asesoría y apoyo al municipio de Sonsón y al departamento de Antioquia en los estudios técnicos y las medidas de mitigación.
La sentencia de primera instancia fijó un plazo de seis meses, contados desde su ejecutoria, para elaborar ese estudio, si aún no se había realizado. A partir de sus resultados, las entidades deberán adelantar el diseño, la formulación y la ejecución del proyecto de intervención. El Consejo de Estado precisó que el plazo máximo de doce meses para estas gestiones comenzará a contarse desde la elaboración del estudio técnico, y no desde la ejecutoria de la sentencia.
El municipio también deberá mantener el monitoreo de los puntos intervenidos y adoptar, dentro de sus competencias, las acciones necesarias cuando la situación lo requiera. La decisión incluye campañas de prevención dirigidas a la ciudadanía para promover el cuidado del ambiente y de las rondas hídricas.
Cornare reporta avances y gestión de recursos
Oladier Ramírez Gómez, secretario general de Cornare, señaló a La Prensa Oriente que la decisión ordena al municipio y a la Gobernación adelantar los estudios y diseños necesarios. “Lo que está sucediendo en este momento es que el municipio está consiguiendo cofinanciación”, indicó. Añadió que Cornare se comprometió a aportar recursos y que se buscaría la participación de otras entidades para financiar la solución.
Ramírez explicó que las intervenciones podrían incluir estructuras de protección en roca o colchagaviones, según los resultados de los estudios técnicos. La corporación, agregó, continuará brindando acompañamiento técnico dentro de sus competencias.
La comunidad espera el cumplimiento
Carlos Fernando Quiñónez Marmolejo, uno de los accionantes, expresó a este medio que la decisión genera expectativa entre los habitantes de San Miguel, quienes, según afirmó, llevan más de 17 años esperando una solución de fondo. “La comunidad de San Miguel recibe con mucha esperanza este fallo del Consejo de Estado que ratifica la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia”, sostuvo.
Quiñónez indicó que están a la espera de la convocatoria para conformar el comité de verificación del cumplimiento. Según lo ordenado por el Tribunal, este organismo estará integrado por la magistrada ponente, los accionantes y representantes del municipio de Sonsón, la Gobernación de Antioquia a través del DAGRAN, Cornare, la UNGRD, Isagen y el Ministerio Público.
La sentencia establece que las entidades obligadas deberán presentar informes bimensuales de cumplimiento, con un cronograma detallado y los avances de ejecución, hasta completar las medidas ordenadas.
