La alerta hecha por el Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Medio Ambiente del Oriente Antioqueño, habla de un incremento de la violencia en la región, en el que los negocios ilícitos, especialmente al tráfico de estupefacientes serían los principales hechos generadores de la anormalidad en la seguridad. Reproducimos aspectos del documento que argumenta, cuestiona y alerta el estado actual de los DD.HH. en la subregión.
Según el informe, paralelamente con el desarrollo de la región, aumentan los riesgos, especialmente para la población juvenil. La población urbana del Oriente es de 421 mil 930, la rural de 284 mil 547, para un total de 706 mil 477 en los 23 municipios. Con una población creciente, que para el año 2021, concentra el 10,42 % del total de los habitantes del departamento, el Oriente, comparada con las regiones menos pobladas, significa tres veces los habitantes del Bajo Cauca, Norte, Occidente y Nordeste, y diez veces los del Magdalena Medio, que es la que tiene menos residentes.
Se cita que por lo menos la Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana AT 004-22, hace mención a la presencia de grupos armados en los municipios de Sonsón, San Francisco, Nariño, El Carmen de Viboral, San Luis y El Peñol, determinando los niveles de riesgo existentes para la población de estos municipios. Esto indica que las cuatro zonas de la subregión estarían permeadas, según se habla en el informe.
Por su parte, otra Alerta temprana, la AT 051-19 de la Defensoría del Pueblo, mostraba dinámicas y comportamientos de actores armados en expansión hacia otras subregiones. Conociendo los límites y cercanías entre los municipios del Oriente con Caracolí, Maceo, Puerto Berrío, Puerto Nare y San Roque, Magdalena Medio de Antioquia, es notoria la configuración de un escenario adverso para los derechos humanos por eventos de disputas, reagrupación y fortalecimiento de grupos armados en la zona y su posible influencia en dinámicas de violencia hacia el Oriente del departamento de Antioquia.
Además, en las Alertas Tempranas 036-19, emitida por la situación en el municipio de Bello y la AT 032-20 para Medellín, muestran una estrecha relación territorial sobre el oriente de Antioquia y el Valle de Aburrá. Estas dos subregiones comparten zonas límites de caminos y corredores estratégicos. Esto podría explicar el progreso logístico de las estructuras armadas desde centro y norte del valle de Aburrá hacia los municipios de San Vicente Ferrer, Concepción, Guarne, El Retiro y Rionegro.
La negación de las autoridades
“El crecimiento del dominio territorial de los grupos armados del valle de Aburrá hacia los municipios del Oriente de Antioquia, son cada vez más notorios entre la ciudadanía, sin embargo, las respectivas autoridades siguen negando un fenómeno que se propaga sin control desde lo urbano hacia lo rural.”. Sobre esto, un exmandatario de la subregión le dijo a La Prensa Oriente que no conviene a ningún municipio dar por hecho o aceptar abiertamente la presencia de estos grupos armados o rentas ilícitas porque ello afecta los indicadores y a su vez genera sensación de sometimiento frente a la delincuencia, “entiendo la posición de los alcaldes que hoy no aceptan que se esté dando en sus territorios. Ellos necesitan mostrar resultados y ningún bien le hace a la ciudadanía tener una percepción de inseguridad”.
Anota el Observatorio que las amenazas, los delitos contra la libertad y la integridad sexual, el reclutamiento forzado, las desapariciones y los homicidios bajo prácticas como vienen mostrado, en términos estadísticos, tienen un comportamiento ascendente contra población juvenil.
En los municipios de Granada, Rionegro, Sonsón, Carmen de Viboral, Marinilla, La Unión, Guarne, La Ceja, San Luis, Argelia, San Carlos, San Rafael, Cocorná, El Retiro, El Santuario, San Francisco, presentan mayores índices de violencia contra los jóvenes. Se presentan posibles casos de violencia bajo la mal llamada «limpieza social», que tiende a intensificarse.
Grupos armados en el Oriente antioqueño
Según el documento, las principales estructuras armadas ilegales que hacen presencia en el Oriente de Antioquia son: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Pamplona, Clan Isaza, El Mesa, Pachelly, Oficina del Valle de Aburrá y Organizaciones armadas locales. Sobre esto, un experto en seguridad consultado por este medio, dijo que “los grupos que han migrado a la subregión se aseguran de recomponer sus estructuras, cada vez que la fuerza pública da un golpe.” ¿Cuántas veces se informa que de determinado grupo se dio captura a su cabecilla?, se cuestiona la fuente. Esto significaría una secuencia interminable de acciones que no hacen mella a la delincuencia.
Y hace énfasis el documento, que el control que ejercen estos grupos armados se extiende a cada uno de los municipios del Oriente antioqueño, algunos bajo pactos de no agresión, otros en tensiones permanentes que determinan patrones de violencia armada con consecuencias directas contra el derecho a la vida e integridad de los habitantes.
El Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Medio Ambiente de Oriente Antioqueño, no encontró presencia de disidencias de las Farc, ni presencia del ELN, en ninguno de los 23 municipios que conforman la Subregión del Oriente antioqueño. La presencia de estos dos actores en el territorio exacerbaría la grave situación que ya se vive en la subregión.
Tráfico de sustancias ilícitas
De acuerdo con la alerta del observatorio, desde la emergencia por la pandemia de covid 19, vienen en ascenso el tráfico, el comercio y el consumo de sustancias ilícitas en los municipios del Oriente de Antioquia. A diferencia de otras subregiones, este consumo se extiende a zonas rurales donde antes era impensable. Las dinámicas de tráfico de sustancias ilícitas están relacionadas de manera directa con la jurisdicción de grupos armados que tengan incidencia en la zona.
Los datos aportados por la institucionalidad, a cerca del aumento del consumo de drogas estupefacientes, en el año 2020, durante la cuarentena por la pandemia del Covid-19, aún con la prohibición de movilizarse entre los municipios, demuestran que las drogas ilícitas no dejaron de proveerse desde los sitios de producción a los sitios de venta al menudeo; es más, el año 2020 fue un pico histórico en las cifras de homicidios relacionados con el negocio de ventas de drogas, debido al reposicionamiento o cambio de estructuras en los municipios. Indica el informe, “Que esto haya sucedido en un año de alto control de la ciudadanía por parte de las autoridades, no deja de generar preguntas sobre el accionar de estas estructuras al amparo de algunos funcionarios de los gobiernos locales, y de las autoridades militares y policiales en el territorio.”
Una característica en el consumo de sustancias de uso ilícito, es la edad temprana a la que acceden adolescentes y jóvenes. Varias fuentes coinciden en que desde los 13 años se da inicio a etapas de drogadicción de la población en Antioquia (El Colombiano, 2022).
Eventos de violencia 2021 – 2022
En cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios –OCHA- durante el año 2021, en la subregión del Oriente de Antioquia, grupos armados cometieron 25 homicidios en personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario. En El Carmen de Viboral 4 casos, Sonsón 4, La Unión 4, Guarne 3, Marinilla 2, San Luis 2, Nariño 2, El Peñol 2. En los municipios de Guatapé y El Santuario reportaron de a un caso. Se reportaron 2 homicidios políticos, un caso en San Luis y otro en Nariño y dos masacres, una en Sonsón y otra en San Rafael.
Durante el año 2022, han ocurrido 20 homicidios intencionales en persona protegida, dos homicidios políticos y una masacre en el municipio de San Carlos. En cuanto a los homicidios intencionales a persona protegida por el DIH, 4 casos fueron reportados en el municipio de Rionegro, 4 en Sonsón, 3 en San Luis, 2 en El Carmen de Viboral, 2 en Cocorná y un caso fue reportado en los municipios de Argelia, Concepción, La Unión, San Carlos y San Rafael, respectivamente.
Aumento en tasa de homicidios
En relación con los homicidios, el Observatorio indica que por cuarto año consecutivo el aumento en la tasa de homicidios da cuenta de fenómenos de violencias territoriales, en ellos son recurrentes y preocupantes, los atentados contra el derecho a la vida que marcan cifras con proyecciones ascendentes.
El comportamiento de las cifras muestra cómo en los años 2018, 2019, 2020 y 2021, se presentaron respectivamente 116, 121, 144 y 181 homicidios en el Oriente de Antioquia, esto deja un ascenso en la tasa por cada cien mil habitantes de 19, 20, 24 y 27. En los primeros 9 meses del año 2022, se presentaron 155 homicidios que, de seguir con esa tendencia estadística, alcanzarían una cifra cercana a 207 muertes violentas, con una tasa por cada cien mil habitantes, superior a 29,3 casos.
Entre las características de los homicidios, se destacan que en el 74.8 % fueron usadas armas de fuego, en el 14.2 % armas blancas, en 11 % fue utilizado un objeto contundente.
Las personas víctimas de homicidios fueron en un 93.5 % hombres y el 6.5 % fueron mujeres, algunos de estos casos fueron graves hechos de feminicidio. De los 155 homicidios ocurridos durante los primeros nueve meses del año 2022, el 96.1 % fueron cometidos contra adultos, principalmente entre 18 y 28 años de edad. 87 casos fueron reportados contra población entre los 15-28 años de edad, esto equivale a 55.6 %.
La tendencia en el comportamiento estadístico de homicidios muestra unas dinámicas de violencia más intensas en los municipios de Rionegro (25 homicidios), Sonsón (22), Marinilla (14), El Carmen de Viboral (9), San Luis (9), Argelia (8), La Unión (8), San Francisco (8), El Retiro (7) y Guarne (7), con alto impacto y secuelas en los entornos sociales.
Recomendaciones
En su documento de Alerta Temprana, el Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Medio Ambiente del Oriente Antioqueño, hace recomendaciones, comenzando por la Fiscalía General de la Nación. Anotan que “encontramos demasiados vacíos políticos y éticos en una institución del Estado colombiano que tiene unos deberes muy claros y específicos en la Constitución y la ley”.
La Fiscalía General de la Nación mantiene una falta de voluntad para establecer claramente la presencia de actores armados en los territorios, la responsabilidad individual y colectivas de los victimarios y vulnerables de los derechos humanos. Por lo tanto, esta entidad debe facilitar el acceso a una justicia eficaz y devolver la confianza en la ciudadanía”.
A la Procuraduría General de la República le señalan que tiene la obligación de entregar resultados de las investigaciones disciplinarias o sobre las conductas de acción u omisión de los funcionarios gubernamentales que señalan, estigmatizan y vulneran los derechos de la población y de las personas que defienden los derechos humanos. “con gran preocupación vemos que no avanzan las investigaciones y las sanciones de quienes desde los entes de gobierno transgreden la ley. En el papel de prevención y protección no existen realmente ejercicios que sean vinculantes de las obligaciones institucionales, se debe exhortar a la implementación inmediata de decisiones interinstitucionales”.
A los gobiernos nacional, departamental y municipales, se les pide fomentar, fortalecer y facilitar verdaderos espacios de diálogo con la sociedad civil, en donde prime la confianza y la voluntad real para soluciones de corto, mediano y largo plazo. “el Estado colombiano deberá atender de manera efectiva e interinstitucional las rutas, mecanismos de prevención y protección que respondan al escenario de riesgo de las comunidades, especialmente de las personas que defienden los derechos humanos en los municipios del Oriente de Antioquia”, anota el Observatorio.
El informe del Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Medio Ambiente del Oriente Antioqueño también destaca otros temas, como reclutamiento e instrumentalización, asesinatos de líderes y lideresas, impunidad, desaparición, amenazas, extorsiones, violencia intrafamiliar y delitos sexuales.
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