Rolando Albeiro Castaño Vergara*
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Indudablemente uno de los aspectos más controversiales y de mayor tensión política en el Estado moderno es el reparto de competencias entre el nivel nacional y los territorios subnacionales, a lo cual no es ajeno Colombia, al haber definido en su Constitución Política que son entidades territoriales los departamentos, los municipios, los distritos y las entidades territoriales indígenas, y que, además, también podían serlo las regiones y las provincias conforme a lo que disponga la ley orgánica de ordenamiento territorial.
El Congreso de la República se tomó 20 años para expedir la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial -LOOT- bajo el número 1454 de 2011, en la cual, contrario a lo que la ciudadanía esperaba, se orientó más a la estructuración de esquemas asociativos de entidades territoriales, el fortalecimiento de las áreas metropolitanas y la creación de las regiones y las provincias no como entidades territoriales sino solamente con carácter administrativo, planificación y gestión.
La LOOT le reservó tareas complementarias al Congreso de la República en cuanto a la expedición de un grupo de leyes que la complementarán orientado a la actualización del régimen de departamentos, municipios y áreas metropolitana, así como la expedición del régimen de las regiones y las provincias administrativas y de planificación, tarea que ha cumplido parcialmente, dado que aún está pendiente expedir el régimen para las provincias.
Para el caso del Oriente Antioqueño, un proceso trascendental de asociatividad se dio en las décadas de los años 70 y 80 del siglo pasado como consecuencia de los megaproyectos que se adelantaron en el territorio asociados al sector hidroenergético, la construcción de la autopista Medellín – Bogotá y del aeropuerto internacional José María Córdova, entre otros, y fue la creación de la Corporación Autónoma Regional Rionegro-Nare (Cornare) en 1993, orientada a promover y encauzar el desarrollo económico y social de la región comprendida bajo su jurisdicción, mediante la plena utilización de los recursos humanos, naturales y económicos, a fin de obtener el máximo nivel de vida de la población, conforme a las Leyes 56 de 1981 y 60 de 1983. De acuerdo con la citada Ley 60 dicha corporación está integrada por 26 municipios del Departamento de Antioquia, cuya jurisdicción aún se mantiene, aunque algunas funciones fueron modificadas por la Ley 99 de 1993 asumiendo el rol de autoridad ambiental.
Ya en vigencia de la Constitución de 1991 en el Oriente de Antioquia surgió un proceso orientado a la constitución de asociaciones de municipios, dando origen a Maser, Masora y Musa, y posteriormente Corpobosques, los cuales se promovieron como instrumentos para la planificación y articulación en los niveles zonal (Altiplano o Valles de San Nicolás, Embalses o Aguas, Páramo o Suroriente y Bosques). En la actualidad estas asociaciones, más allá de sus buenas o desafortunadas ejecutorias, considero que sería fundamental hacer un balance sobre su aporte real a la integración, planificación y gestión de los municipios que las integran.
Ante la ausencia de un régimen legal para las provincias administrativas y de planificación y con el ánimo de fortalecer el proceso de descentralización administrativa, en Antioquia, se expidió de manera transitoria por parte de la Asamblea Departamental el régimen de las provincias administrativas y de planificación a través de la Ordenanza 68 de 2017. Es precisamente en este contexto que en el Oriente antioqueño se constituyeron dos (2) Provincias, siendo ellas: i) Agua, Bosques y Turismo y De la Paz, la primera integrada por doce (12) municipios, y la segunda por cuatro (4) municipios, esquemas asociativos que, a mi criterio, surgieron con mucha expectativa, pero que dado que su sostenimiento depende de los aportes de los municipios asociados, que el apoyo de los gobiernos nacional y departamental no ha sido contundente, presentan un balance que aún no corresponde a lo esperado en temas como la planificación provincial a través de la implementación de sus planes estratégicos.
Han existido y existen otros procesos orientados a promover esquemas asociativos en el Oriente Antioqueño, como lo es el Área Metropolitana del Oriente -AMO- promovida por el anterior gobernador del departamento y otros dirigentes regionales; y recientemente la Región de Planificación y Gestión – RPG – en torno a consolidar la Región Aeroportuaria, la cual es liderada por el actual gobernador, proceso que sin lugar a dudas abrirá un debate muy interesante en los próximos meses, dado que se requiere que los concejos municipales aprueben esta iniciativa.
De acuerdo con lo expuesto, es claro que el único proceso que ha logrado articularnos realmente como Oriente antioqueño es el que llevó a la creación de Cornare, entidad que goza de mucho reconocimiento a nivel nacional y legitimidad en el territorio. En cuanto a las asociaciones de municipios, tal como lo expresé, es fundamental evaluar su contribución a la integración, planificación y gestión de los municipios que las integran y determinar su conveniencia.
Sobre las provincias tenemos que de los 23 municipios hay 7 que no hacen parte de ninguna de las 2 existentes, por lo cual la propuesta que en el año 2020 se realizará de una sola Provincia que uniera la totalidad de los municipios de la subregión cobra relevancia y su debate se debe madurar, ello de la mano del trámite en el Congreso del proyecto de ley que reglamente de manera integral las provincias administrativas y de planificación.
El debate en el Oriente antioqueño sobre cuál o cuáles son los esquemas asociativos a los que se debe apostar, incluyendo en este no solo los existentes (asociaciones de municipios y provincias administrativas y de planificación), sino también los que para algunos sectores se han o se vienen promoviendo como el Área Metropolitana del Oriente y la Región de Planificación y Gestión para la Región Aeroportuaria, deben pasar por un examen sobre el para qué nos asociamos, antes que pensar en cuál sea la figura jurídica; igualmente, es fundamental abrir espacios que permitan el consenso y la participación de todos los actores en torno al tema de la integración, ello con el fin de evitar más fraccionamiento en esquemas asociativos.
De no encontrar escenarios de consenso, no le estaríamos apostando a la integración real de la subregión para generar el desarrollo y las oportunidades que la población del Oriente antioqueño espera, y poder así enfrentar los retos que ello demanda, por el contrario, seríamos más frágiles a la planificación desde afuera que tanto criticamos desde los diferentes sectores. El llamado entonces es a revisar de manera integral y objetiva el proceso asociado a los esquemas asociativos, más desde los impactos que han generado o puedan generar en el territorio, y mirar hacia el futuro de manera franca y abierta cuál o cuáles son los esquemas asociativos que la subregión requiere, de lo contrario los municipios seguirían asumiendo cargas fiscales que en muchos casos restringen la inversión social, se genera una burocracia subregional, y al final del día otros actores como en la época de la patria boba, no propiamente los del territorio, deciden sobre el modelo de desarrollo y la planificación del Oriente antioqueño.
* Precandidato a la Alcaldía de San Vicente Ferrer, abogado experto en ordenamiento territorial, consultor y empresario, personero 2004–2009, excandidato a la alcaldía 2015 y concejal 2020–2022.
*Las opiniones expresadas en esta columna de opinión son de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa Oriente
