Carlos Julio Díaz Lotero
Director general encargado de la ENS
Se empieza, el próximo 5 de diciembre, la negociación del salario mínimo en nuestro país, en un contexto hiperinflacionario global, que ha impactado la inflación interna, a tal punto que el aumento salarial del mínimo para el 2022 que se pactó en el 10,07 %, ya fue pulverizado por una inflación acumulada que supera el 12 % al mes de octubre.
No obstante, ya se escuchan voces sobre la necesidad de establecer un incremento moderado del salario mínimo, dentro ellas destacan el Banco de la República y algunos analistas económicos ortodoxos, que insisten en la desgastada tesis de que los incrementos reales de los salarios tienen un impacto en la pérdida de competitividad de la economía y en el aumento del desempleo y de la informalidad laboral.
Dos estudios recientes de técnicos del Banco de la República reiteran en las fracasadas teorías del desempleo y la informalidad laboral a causa de los incrementos reales del salario mínimo. En uno de ellos señalan:
“Los resultados van en línea con los modelos de búsqueda, que predicen un efecto negativo del incremento real del SM en el nivel de empleo, a través de una menor creación (contratación) de empleo y un aumento en la destrucción (separaciones) de empleo” (Flórez, Hermida-Giraldo, y Morales-Zurita 2022).
En el otro se concluye sobre los incrementos del salario mínimo lo siguiente:
“Los efectos no son beneficiosos, en materia de informalidad, empleo formal, bienestar, consumo de las familias, crecimiento del PIB, productividad de los factores, cuentas fiscales, etc.” (Arango et al. 2022)
La competitividad empresarial, es un concepto asociado a la rentabilidad de los negocios, y depende fundamentalmente de la productividad del trabajo, siendo esta una consecuencia del desarrollo científico – tecnológico y de la infraestructura económica. No tiene nada que ver con flujos o procesos monetarios. La productividad del trabajo depende de los impactos de la creatividad humana en los procesos físico – económicos.
Si crece la productividad del trabajo, mejora la competitividad de la economía, lo cual incide en una creciente rentabilidad de los negocios. El incremento de la productividad de la economía permite pagar mejores salarios, los cuales tienen una participación decreciente en la estructura de costos de las empresas. Es decir, la productividad es anti-inflacionaria o, en otros términos, deflacionaria.
Lamentablemente, en el sistema económico de libre comercio y de globalización neoliberal, han distorsionado este concepto, basándolo en dos estrategias:
- el dumping social de mano de obra barata, y
- la política de monedas devaluadas.
Al reducir costos laborales mediante leyes regresivas, destrucción de sindicatos y negación de derechos laborales, se reduce la participación de los costos laborales en la estructura de costos de los bienes y servicios que producen las empresas, lo cual a su vez incide en mayor pobreza y desigualdad social. Al devaluar el peso en relación con el dólar, moneda de referencia, se devalúa también nuestro trabajo y los salarios. Es lo que está pasando en el día de hoy (Díaz 2022).
Los salarios no sólo son un costo en la estructura de producción de las empresas, sino también fuente de demanda en la economía, y la política de contracción de salarios y derechos afectará negativamente la capacidad de compra de la población, lo que a su vez incidirá en reducción de ventas. Y al caer las ventas, cae la producción, y al disminuir la producción las empresas despiden trabajadores aumentando el desempleo. Es decir, la mejora salarial tiene el efecto contrario a lo planteado por los teóricos ortodoxos de aumentar el desempleo y la informalidad laboral. Por ello, en vez de basar la competitividad en la precariedad laboral, se debe mejorar la productividad del trabajo y a la vez intervenir algunos sobrecostos, que son los que realmente le quitan al país competitividad, como los que siguen:
- Comparados internacionalmente, Colombia tiene costos financieros excesivamente altos.
- El costo del kilovatio hora de energía en Colombia ha sido superior al costo promedio de la OCDE y de los países de la región.
- En términos internacionales, Colombia ha tenido costos más altos de la gasolina, lo que impacta en los fletes y el costo del transporte de bienes e insumos de producción.
- La corrupción le cuesta al país más de $55 billones de pesos al año. Gran parte de esta corrupción está en las obras públicas, que se pagan por 5 o 6 veces lo que valen. Su pésima calidad hace que los puentes se caigan antes de terminarlos, y las obras terminadas, a los seis meses están deterioradas. La ineficiencia en la infraestructura de transporte explica la baja productividad y competitividad del país.
La evidencia empírica muestra que los países, donde se tienen mayores tasas de sindicalización y cobertura de la negociación colectiva, y por supuesto, donde se pagan mejores salarios y existen mayores derechos son más competitivos y equitativos. En el cuadro que sigue, con información tomada de la OIT, aparece Finlandia con tasas muy altas de cobertura de la negociación colectiva, un GINI de 0,27 (indicador de una baja desigualdad) y niveles muy altos de competitividad. En el otro extremo aparece Colombia, con baja cobertura de la negociación colectiva, un GINI de 0,504 (indicador de una alta desigualdad) y bajo nivel de competitividad. El papel puede con todo, pero los hechos son contundentes: Los sindicatos, la negociación colectiva, y las mejoras salariales no quitan competitividad a los países, sino todo lo contrario, mejoran la competitividad del país.
*Las opiniones expresadas en esta columna de opinión son de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa Oriente
