Trabajadores denuncian arbitrariedad patronal en el Oriente antioqueño

Pese a lo dicho en repetidas ocasiones por el gobierno nacional en los anuncios de medidas para la contención del COVID-19, frente a la protección del trabajador, de sus puestos de trabajo, del ingreso y del otorgamiento de subsidios al desempleo y a la nómina. Otro ambiente es el que predomina en muchas factorías y empresas de sectores como el textil, manufacturero, químico, agroindustrial, hotelero, floricultor, servicios, vigilancia, entre otros, en el Oriente de Antioquia.

Centrales obreras, gremios de la salud, de la educación, organizaciones sindicales de la industria y de base de la región están haciendo un llamado al Ministerio del Trabajo y Hacienda, a los gremios empresariales a incluir y promover políticas públicas que incluyan a los empleados y obreros que hoy sienten que se están dando las condiciones para agravar las relaciones laborales. En tal sentido, llaman la atención de las administraciones municipales, para que apoyen la fuerza que da vida a la economía en sus territorios.

Oriente antioqueño y la crisis laboral

Según los trabajadores organizados, con la disculpa de la Pandemia, empresas de la subregión están llevando a la liquidación de la contratación colectiva, al desconocimiento de muchas de sus conquistas y la imposición de medidas que estarían dejando a los trabajadores sin lo que denominan como el “mínimo vital”, además de generar condiciones de inequidad e injusticia social. “El Coronavirus le cayó a la clase política y al sector de las grandes compañías “como anillo al dedo”, titula una de las denuncias.

En diálogo con la alianza informativa del Periódico La Prensa y Oriéntese.Co, Everiel Loaiza Barrera, Coordinador del comité intersindical del Oriente, ratificó lo que para las organizaciones sindicales son efectos de la crisis y de las aplicación de medidas que suponen deben ser para proteger la contratación y los trabajadores. “Estamos ante la imposición de empresarios, como las licencias no remuneradas, que en el papel queda como mutuo acuerdo pero realmente es una imposición”.

La compañía PINTUCO S.A. en el mes de mayo de 2020, obligó a algunos trabajadores a tomar licencias no remuneradas, y los que no se acogieron a esta imposición les enviaron una carta donde le notifican que en consecuencia del Covid – 19, consideran la existencia de fuerza mayor y que impide de forma temporal la ejecución del contrato de trabajo e informan la suspensión a partir de la fecha en tiempo suspensivo, solo cancelarán la seguridad social”, se lee en uno de los documentos de denuncia.

Y es que según documento conocido por La Prensa la empresa EUROCERÁMICA, “les impuso licencia NO REMUNERADA a todos sus trabajadores (más de 200), los cuales por temor a perder su empleo aceptaron dicha imposición”.

También agrega Loaiza Barrera, trabajador de la empresa Corpaul, que hay un abuso de la norma, “quienes no se prestan para rebajar las condiciones de trabajo, el empresario arbitrariamente toma la decisión de suspenderlo”. Lo propio denuncia el sindicato del CLUB CAMPESTRE que en comunicado público dijo que, “venimos denunciando los atropellos que gestionan algunos hoteles y prestigiosos clubes sociales, sacando provecho del COVID-19 con el afán de lucro y desaparecer los contratos laborales decentes y pisotear el sindicato y los derechos laborales”.

También sucedió en Guarne en la empresa SENCO, dedicada a la fabricación de materiales de arcilla para la construcción, donde “le impuso a sus trabajadores una licencia NO REMUNERADA que lastimosamente los trabajadores se tuvieron que acoger ya que incluso fueron amedrantados por sus jefes, quienes les dijeron “si no firma la licencia, se le terminara su contrato”.

Los sindicatos reiteran que la suspensión de los contratos, los anuncios de licencias no remuneradas, la disminución del salario hasta en un 40%, los adelantos de períodos de vacaciones, la tercerización, son medidas que van en contravía de lo que ha anunciado el Gobierno nacional. Sobre las medidas como el aplazamiento en el pago de la prima de mitad de año, las organizaciones obreras han dicho que esto pone en condiciones de suma gravedad mínimas garantías de los trabajadores que cuentan con este ingreso extra en junio.

Según denuncia el directivo sindical, igual sucedió en la empresa ÓPTIMA LIMPIEZA, dedicada a la tercerización de labores de aseo en la región, en CDI empresa dedicada a la fabricación de muebles para exhibición, ubicada en la Autopista Medellín-Bogotá, TINTATEX S.A. empresa que presta servicio de tintorería y acabado textil. También mencionó a empresas como AVINCO S.A.S. (Kokoriko), VESTIMUNDO y CORPAUL.

Ahora, “se está obligando a los trabajadores a que deben laborar los días festivos pagándolos como un día normal, esto sin el debido reconocimiento de ley.” Entre otras, dice que en estas condiciones debe haber mutuo acuerdo y no imposición, tal como estaría sucediendo, dice Everiel Loaiza.

Son reiterados los comunicados de sindicatos de grandes empresas en el Oriente que llaman la atención de medidas regresivas que estarían imponiendo empresarios, “los trabajadores están hoy confinados en sus casas, aguantando hambre, ya no cuentan con el mínimo vital y no ven solución en el corto plazo”.

¿Y la contratación colectiva?

Hay empresas que retiran a todos los trabajadores sindicalizados para evitarse los pagos de lo acordado en la Convención colectiva. Los envían a licencias para no reconocer los beneficios laborales”. Esto según el representante del comité intersindical, estaría siendo una forma de ahorrar costos de cuenta de las obligaciones contraídas en negociaciones colectivas y que hoy están desconociéndose con estas medidas en tiempos de emergencia social y económica.

Reiteró que, “otras empresas suspenden los trabajadores que hacen parte de las organizaciones y los reemplazan por no sindicalizados, para evadir responsabilidades sindicales”.

Comité intersindical del Oriente, CIDOA.

Finalmente el Coordinador del Comité intersindical del Oriente, hace una reflexión, “si hay reactivación económica que va paso a paso, que se incluya también al empleado, que no se le nieguen derechos adquiridos, y que la vigilancia e inspección se haga efectivamente para la protección de los trabajadores en las medidas de bioseguridad, que evite el contagio de la población pero también de quien presta sus servicios en cada fábrica o empresa de la región”.

¿Qué dicen los empresarios?

El presidente de la ANDI,  Bruce Mac Master, dijo en reciente intervención que “ante la coyuntura actual, las empresas deben continuar con sus trabajadores en la senda del progreso social. Buscar el entendimiento recíproco es la mejor alternativa, para salir de la crisis y seguir adelante. Por eso se deben explorar todas las ideas y propuestas en tal propósito. El objetivo primordial de todos debe ser la defensa del empleo”.

La preocupación de los trabajadores y sus agremiaciones radica en que se estaría aprovechando la coyuntura económica para justificar nuevas medidas en contra de quienes hoy sufren mayormente la crisis. Esto también deja entrever que una cosa piensa el gremio empresarial y otro lo que se vive en las regiones.

¿Qué dice la Central Unitaria de Trabajadores, CUT?

Luego de varias medidas que se han hecho públicas por parte del Ministerio de Trabajo en época de pandemia, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) le envió una carta a Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, en la que le expresó su posición ante estas medidas.

En la carta, la CUT lamenta que las reuniones y llamados que se han hecho a otros actores, como el Consejo Gremial para discutir sobre la situación laboral ante el Covid-19, no se han realizado con las centrales sindicales, “siendo que hasta ahora los más afectados y en riesgo son precisamente los trabajadores y trabajadoras”.

Por su parte, la CUT lamentó que las reuniones y llamados del Gobierno no se han realizado con las centrales sindicales. Sin embargo, en la misiva plantea propuestas, especialmente, para los trabajadores más vulnerables: informales, sector salud, trabajadores del hogar, migrantes y personas con contratos laborales ad-portas de suspensiones, despidos o vacaciones no remuneradas.

En el documento se expresa además que “estas medidas deberían evaluarse en consulta con las organizaciones sindicales, pues los trabajadores por sí solos están siendo presionados indebidamente a aceptar condiciones que violan sus derechos y ponen en riesgo su mínimo vital”.

¿Qué opina FECODE?

En un comunicado publicado el pasado 10 de mayo, el gremio de los maestros FECODE, junto a otras organizaciones, expresaron que el presidente Iván Duque, tomó la decisión de acabar la cuarentena sin resolver las falencias del sistema de salud y la situación del personal por la falta de estabilidad laboral, elementos de bioseguridad “y la ruinosa situación de las IPS públicas y privadas”.

Además expresan en el documento estar en desacuerdo con eliminar la cuarentena, pues es uno de los mecanismos más eficaces para prevenir el contagio, sin cumplir con los requerimientos científicos y de planeación que permitan proceder a una reactivación gradual y segura de las distintas actividades. “El gobierno ha invocado la necesidad de poner en funcionamiento de la economía como algo contradictorio con la protección de la salud y la vida de las personas, cuando se trata es de armonizar el cuidado e integridad de la población, con las actividades productivas.

Sobre esto, responsabilizaron al Gobierno “por las consecuencias que las medidas ocasionen en términos de congestión de la infraestructura de salud y las consecuencias que de ello se deriven”.

¿Un pago de la prima de junio extemporáneo?

El pasado 21 de mayo, la CUT publicó en su página web una comunicación donde rechaza la pretensión del gobierno nacional anunciada por el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de aplazar el pago de la prima de junio a más de seis millones de trabajadores; “este sería un asalto a los derechos laborales y una violación flagrante a la Constitución y a la ley, si lo hacen mediante decreto legislativo de la declaratoria de emergencia”.

Según la CUT esta sería una medida contraria al interés general de los trabajadores y de la propia posibilidad de reactivación de la economía, puesto que ello afectaría el consumo de los hogares.

La CUT propone que los dos mil millones de dólares consignados recientemente en las reservas internacionales, que son propiedad de la nación, se utilicen por parte del Estado para subsidiar el pago de la prima de junio a los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas. “Es responsabilidad del Estado asumir esta obligación y establecer la renta básica reclamada por distintos sectores de la nación, que permita garantizar la subsistencia de 33 millones de colombianos que hoy la necesitan”.

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