Movimiento Ramón Emilio Arcila por la memoria y la reparación

Ramón Emilio Arcila Hurtado, Abogado, dirigente social y político de Marinilla, fue asesinado el 29 de diciembre de 1989 cuando era candidato a la alcaldía de este municipio. Reconocido como líder del Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño, fue sin duda uno de los más aguerridos defensores de las causas sociales de la época.

Este dirigente también acompañó la fundación de organizaciones de comerciantes en los municipios de La Ceja del Tambo, La Unión, El Peñol, Guarne, Marinilla, Rionegro y Santuario. Esta trayectoria y militancia cívica le significó ser víctima de agresiones por parte de agentes estatales; el 14 de mayo de 1975 fue detenido y torturado por la Policía.

9 años después, el 28 de febrero de 1984, miembros de un grupo paraestatal lo amenazó, junto a otros dirigentes por su protagonismo en la convocatoria y realización de un paro cívico regional. El 5 de enero de 1986, varios militares lo detuvieron junto a 49 personas.

A 29 años de su muerte, organizaciones sociales de la región reclaman la reparación colectiva y la declaratoria de crimen de lesa humanidad la desaparición de los principales líderes del movimiento cívico. Para tal propósito sobrevivientes del Movimiento Cívico Ramón Emilio Arcila, esperan en su nombre, ser considerados como víctimas del conflicto armado en el Oriente antioqueño y en consecuencia ser sujetos de Reparación Colectiva.

El primer paro cívico en la región se realizó el 9 de septiembre de 1982, con una duración de 48 horas. Rionegro, Marinilla, La Unión, El Retiro, El Santuario, San Vicente, Guarne, La Ceja del Tambo, El Carmen de Viboral, El Peñol, Cocorná, Granada y San Carlos, fueron los municipios que se vincularon a la protesta.

Los líderes de la movilización buscaban reivindicar la prestación del servicio de energía por parte de las Empresas Públicas de Medellín, sin intermediarios. Tarifas preferenciales, en razón de ser una región productora de energía y en compensación por la afectación acarreada con las hidroeléctricas, así como la congelación de las tarifas. También se demandó la eliminación de las multas por el no pago de las facturas y un plazo de doce meses para su cancelación.

El incumplimiento de los acuerdos por parte de las autoridades departamentales conllevó a dos paros más, el último de los cuales se realizó en febrero de 1984, con una duración de una semana, al cabo del cual se iniciaron graves amenazas a sus dirigentes más connotados quienes fueron señalados por la prensa de extremistas, subversivos y agitadores profesionales.

Según cifras del Cinep, de enero de 1988 a octubre de 1991, en el Oriente antioqueño fueron asesinados 66 miembros de movimientos sociales.

También podría gustarte