En este tiempo de crisis generado por el coronavirus -covid 19-, nuestro país se ha visto en la necesidad de expedir múltiples normas para enfrentarlo y garantizar derechos fundamentales como a la salud y la vida. Derechos, no obstante estar reconocidos por la Constitución Política de 1991 y ser una de las banderas de nuestro país, hemos tenido que salvaguardar y exigir por medio de acciones constitucionales, toda vez que, no ha sido posible encontrar su efectividad por parte del estado. Por ello traigo a colación la frase crítica “La ley 100, ha matado más colombianos que los grupos al margen de la ley”.
Ahora bien, Colombia es un país golpeado por varios factores que generan violencia, debido a la existencia de grupos al margen de la ley de izquierda y ultra derecha; eso sin contar al Estado como gestor de conductas reprochables como las chuzadas, los falsos positivos, la corrupción en todos los niveles e instituciones del estado, entre otros; lo que me lleva a escribir esta columna con el temor de lo que pueda pasar en un Estado que no respeta las normas, que la fuerza pública es arbitraria y abusiva del poder.
Con el mayor anhelo, deseo nunca nos veamos enfrentado a casos de falsos positivos por el covid -19, puesto que esta pandemia mundial ha llevado a que los gobiernos intervengan en nuestras vidas, en que conozcan nuestra información personal, por medio de las aplicaciones desarrolladas para poder acceder a los beneficios o subsidios otorgados, nos obligan a entregar nuestra información para poder reactivar nuestras vidas laborales y comerciales, donde cabe el interrogante ¿Quién cuidará nuestros datos? cuando empresas como Facebook, que tienen los mejores desarrolladores y programadores se vio hace unos años involucrada en actos por filtración de información, que diremos de este país del sagrado corazón que todo es permitido. Ahora, el Estado ha ordenado que los pacientes que fallezcan consecuencia del coronavirus sean cremados o inhumados, sin que la familia tenga la oportunidad o mejor el derecho a dar una despedida digna a sus seres queridos. Todo ello, porque el paciente infectado por el virus se encuentra aislado y las instituciones de salud no permiten la permanencia o compañía debido al riesgo de infección. Así mismo, advierten las entidades de salud que el cuerpo debe ser cremado por el riesgo epidemiológico que este genera.
Este procedimiento implementado por las instituciones prestadoras de salud -disposición final de cadáveres- ha generado en un país que desconfía de sus instituciones, exigir a las instituciones de salud las pruebas que demuestren la causa del deceso de un ser querido y evitar así falsos positivos culpando al COVID -19.
Recordemos el pronunciamiento de la Honorable Corte Constitucional frente a la titularidad o propiedad de los cadáveres “La disposición de cadáveres es entonces un asunto regido por normas de orden público, que protegen, en primer término, la moral individual y comunitaria que exige una actitud de respeto y recogimiento frente a los muertos y, en segundo lugar, la salubridad pública.” lo que da a entender en el segundo caso, que frente al riesgo de contagio el estado dispondrá de los cadáveres en aras de preservar de salud pública.
Así que, si desconfía de la causa de muerte de un familiar o amigo, durante la estancia en centro hospitalario, usted tiene todo el derecho en solicitar la información necesaria para verificar las causas de muerte de quien ha fallecido o incluso de exigir una autopsia que certifique la(s) causa(s) del deceso.
“Nunca se puede desaprovechar una buena crisis”
Winston Churchill
CRISTIAN ANDRES SANCHEZ GIL
Abogado – especialista en derecho médico.
Lawyer Company S.A.S.
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