Juan Sebastián Gómez Martínez
Abogado Universidad Católica de Oriente
Con un nuevo eufemismo el presidente de la republica Iván Duque, bautizó la nueva reforma tributaria y fiscal del país para el año 2021, ahora denominada: “Agenda de Transformación Social Sostenible”; y las voces de incertidumbre de los distintos sectores de la economía y el ciudadano de a pie no se han hecho esperar, frente a los planteamientos que ha dado el gobierno nacional sobre del alcance de esta nueva ley, la cual, pretende radicar ante el congreso de la república el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, después de semana santa.
Con esta, sería la tercer reforma tributaria en el tercer año del gobierno Duque, misma que nunca se ha atrevido a llamar por su nombre, la primera la denominó Ley de Financiamiento, y la segunda Ley de Crecimiento económico. Situación que, es contraria a una de sus principales y más sonadas propuestas de gobierno antes de ser elegido como presidente en el año 2018, “menos impuestos más salarios”.
La reforma incluiría un incremento en el precio del IVA para algunos productos de la canasta familiar, impactando de manera directa el bolsillo de la clase media y baja del país. Adicionalmente, se pretende que personas que tengan ingresos iguales o por encima de 2.5 millones de pesos empiecen a declarar renta, además habrá supresión de algunos beneficios tributarios y se aplicarán impuestos a las pensiones y tributos frente al uso del plástico y la emisión de carbono, este último conocido como impuesto verde.
En defensa de esta nueva ley, Iván Duque dio declaraciones públicas donde se preguntaba asimismo, con cierto convencimiento: “¿Quién se puede negar a esta agenda social?”, -dijo-, y es que según él esta nueva reforma incrementará el capital del programa de Ingresos Solidarios para familias de escasos recursos, mejorará la gratuidad de la educación superior, habrá mayor devolución del IVA, se darán incentivos para la generación de empleo y ayudará al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF).
La situación con esta nueva “agenda”, es que su repercusión se va a reflejar en programas que en la práctica han sido nefastos, empezando por el Ingreso Solidario, programa creado inicialmente para subsidiar alrededor de 3 millones de personas vulnerables en medio de la pandemia, al que le han aparecido muertos vivientes para reclamarlo, más de 35.000 casos de registros irregulares, y demás suplantaciones, de los cuales se han perdido miles de millones de pesos. Por su parte, el (PAEF), entrego subsidios sin discriminación a grandes empresas de magnates que no lo necesitaban y no se iban a quebrar por la pandemia, como lo fue a los grupos Sarmiento Ángulo, Ardila Lülle, Santodomingo y Gilinski, desprotegiendo, de paso, a un amplio sector de empleados de empresas inferiores, financieramente hablando. En contravía de la finalidad de la norma que estaba dirigida inicialmente a micro, pequeñas y medianas empresas.
Con la presente reforma se planea recaudar 25,4 billones de pesos para afrontar el golpe económico que ha dejado la pandemia producida por el COVID-19, pero, lo inaudito, vergonzoso e injusto de esto, es que de manera paralela a esta reforma tributaria, el Gobierno Nacional haya destinado más de 14 billones de pesos para la adquisición de 24 aviones para la Fuerza Aérea Colombiana de última tecnología.
Este despilfarro de recursos a costillas del pueblo es inconcebible, con esos 14 billones se pudo inyectar a todos los programas de los cuales hoy pretende el gobierno, apoyando a las personas más vulnerables y a evitar que muchas empresas entraran en quiebra. Además, no contento con esto, este gobierno aspira seguir con sus programas de televisión donde invertiría en un informativo entre 280 mil y 300 mil millones de pesos anuales.
Un impuesto justo es aquel que le quita más al que más tiene y menos al que no, un gobierno justo es el que destina sus recursos para lo que realmente se necesita, todo lo contrario en este país desigual. Ya no hay dudas, nos van a vacunar más rápido con esta reforma que contra el COVID-19.
