En el marco de un evento institucional de la Corporación autónoma Cornare, realizado en Rionegro y en presencia del ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, se dio la oportunidad para hablar ampliamente de lo que sería la reglamentación de la nueva ley de Páramos, que preocupa a las corporaciones ambientales por los recursos que dejarían de recibir. Según las instituciones, la normativa, que busca proteger los páramos, podría dejarlas sin los recursos necesarios para su funcionamiento.
Según se conoció, la nueva ley de Páramos, aprobada por el Congreso, y que está a la espera de la sanción presidencial, tiene en su artículo 24, una redacción confusa y que genera gran preocupación, no sólo para las autoridades ambientales de Antioquia, sino también para toda la región, porque deja claro que los recursos de las transferencias del sector eléctrico y la tasa por uso no irían a las corporaciones autónomas regionales.
El Gobernador de Antioquia, Luis Pérez, alcaldes del Oriente antioqueño y Cornare se unieron para rechazar esta nueva ley que afectaría el presupuesto y por el cual dejarían de recibir 25 mil millones de pesos.
Según documento dirigido al Gobierno Nacional por parte de Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia, dijo que “la principal preocupación, radica en que el monto de las transferencias del sector eléctrico será del 6 % y que el 70 % del impuesto al carbono será destinado a la implementación de los Acuerdos de Paz; ahora los recursos no serán manejados por las corporaciones autónomas regionales, sino por el Fondo Nacional Ambiental”.
Ante esto, Carlos Mario Zuluaga, director de Cornare, pidió públicamente al ministro de Medio Ambiente, que intervenga para revisar dicha ley, para que los recursos de las regiones no se vayan para la capital. “Invertimos más de 40 mil millones de pesos para Abejorral, Sonsón, Argelia, Nariño, San Luis, San Francisco y Cocorná, pero al parecer, esa inversión no llegará más. La ley de Páramos si no se reglamenta como debe ser, nos va a quitar la plata”, agregó.
Actualmente, una parte importante de los recursos con los que las corporaciones autónomas regionales (CAR) de Antioquia realizan sus funciones de control, seguimiento y protección del patrimonio ambiental, provienen de las transferencias del sector eléctrico y la tasa por utilización de agua.
¿Qué dijo el ministro?
Por su parte, el ministro de Ambiente del país, Luis Gilberto Murillo, se pronunció al respecto y aseguró que la ley de Páramos tiene un buen propósito, por lo que se instaló una mesa de trabajo con las CAR del departamento y otros sectores, buscando aclarar las dudas, además, agregó que la ley de Páramos es buena y que es poco probable que su aprobación tenga marcha atrás.
“Me he comprometido que cuando esté en Aquitania, próximamente, vamos a traer el decreto de que ya hay una mesa de trabajo con la participación de Cornare, otras corporaciones y el equipo nuestro trabajando en esa reglamentación para tranquilidad de las regiones. En ningún momento se busca la centralización, tampoco lo haríamos sabiendo que desde el 2004 no se actualizaba la tasa por el uso del agua y ahora lo hacemos. Solo el impacto del año 2018 son 19 mil millones de pesos más que van a recibir las corporaciones, y en el largo plazo hacia el año 2036 van a tener un impacto de recursos adicionales de 3.1 billones de pesos; entonces es una buena ley que le da tratamiento especial a las comunidades parameras”, agregó el ministro.
Con la modificación mediante la cual se establece que todo o una parte de los recursos provenientes de dichas transferencias y tasas que actualmente perciben las corporaciones autónomas regionales, serán transferidos al Fondo Nacional Ambiental (Fonam), se menoscaba el principio constitucional de autonomía del cual se encuentran dotadas las corporaciones autónomas regionales y los entes territoriales, al trasladar el manejo de recursos que llegan a la región a un fondo administrado de manera centralizada y excluyente desde la capital de la República y no desde las regiones, quienes son las que realmente conocen cuáles son sus necesidades en materia ambiental.
Así mismo, se dejan vacíos normativos, pues no se establece el monto que de las transferencias del sector eléctrico –TSE- debe ser girado al Fonam a la subcuenta de páramos, así como también se deja a interpretación si la trasferencia la realiza directamente la generadora de energía al Fonam o a la CAR.
Desde Antioquia todas las corporaciones autónomas regionales, destacadas el año pasado por su excelente gestión, apoyadas por la Gobernación de Antioquia, hacen un llamado al Gobierno Nacional para que se revise cuidadosamente esta ley y todos sus artículos, especialmente el artículo 24, que atenta directamente contra la autonomía de las CAR, arrebatando los recursos que se necesita en la región.
El ministro, finalmente se comprometió a expedir una reglamentación sobre el artículo 24, que es donde están las mayores dudas, para que los recursos efectivamente sigan llegando a las autoridades ambientales de las regiones y no se decida únicamente desde Bogotá sobre las realidades de las zonas del Oriente antioqueño donde no conocen realmente cuáles son las necesidades en materia ambiental.
