Según las proyecciones del DANE: El Oriente antioqueño tendrá 728.581 habitantes en 2023

Rubén Darío Ríos Rincón

Gerente de Anova Soluciones Estadísticas S.A.S

 

Las cifras censales del DANE contradicen las teorías de planificación de los años setenta y ochenta del siglo pasado que daban por descontado un gran crecimiento poblacional en el Oriente antioqueño, particularmente en la subregión Valles de San Nicolás. En ese entonces se pronosticaba que los municipios de Rionegro, Marinilla, Guarne, La Ceja y El Carmen de Viboral experimentarían un fenómeno de conurbación acelerado y se conformaría una gran ciudad con una población que superaría el millón de habitantes para el año 2000. Los censos nacionales de población de los años 1985, 1993, 2005 y 2018 demostraron lo equivocadas que estaban tales proyecciones. Aún, ni siquiera, la conurbación tan anunciada se ha dado. Los planificadores soportaban tan optimista crecimiento en tres factores fundamentales: la construcción de la “autopista” Medellín – Bogotá, la construcción del aeropuerto internacional José María Córdova y la conformación de asentamientos industriales alrededor de la misma autopista.

En ese ejercicio optimista de planificación no se tuvo en cuenta el dinamismo de las variables demográficas que determinan el crecimiento de la población: natalidad, mortalidad y migración. Fundamentalmente, no vislumbraron el fuerte descenso en las tasas de fecundidad, el más rápido de Latinoamérica, que comenzó a mediados de la década de los setenta y la migración no tuvo el comportamiento esperado. Y, ahora, todo apunta a que una buena parte de los municipios del Oriente antioqueño, en particular los de mayor población, han entrado en una segunda transición demográfica que se caracteriza principalmente por el descenso del número de nacimientos, el aumento en la igualdad de los roles de género y en la edad de matrimonio, y los cada vez más comunes hogares unipersonales o parejas sin hijos. Esto aleja aún más la posibilidad de que la población crezca de la manera como se esperaba.

De acuerdo con las proyecciones de población realizadas por el DANE para el período 2018 – 2023, el Oriente antioqueño tendrá 728.581 habitantes en 2023, lo que representa 56.996 personas más que en 2018. La población aumentará cada año, en promedio, en 11.399 habitantes y la tasa de crecimiento media anual será de 1,64 % (ver tabla y gráfico). Esta tasa es superior a la nacional y departamental, que están por debajo del 1 %.

Desde luego, el crecimiento poblacional para el mencionado período será diferencial por municipios. Rionegro y Guarne, serán los municipios con mayores tasas de crecimiento medias anuales, con 2,03 % y 2,02 % respectivamente, seguidos de cerca por El Carmen de Viboral (1,99 %), La Ceja (1,98 %), El Retiro (1,98 %) y Marinilla (1.93 %). En contraposición, municipios como Cocorná (0,12 %) y Granada (0,21 %) apenas si mostrarán algún crecimiento poblacional.

Para el 2023, Rionegro con 149.786 habitantes seguirá siendo, de lejos, el municipio con mayor tamaño poblacional. Este municipio tendrá, en promedio, 2.864 habitantes más cada año. Los municipios de La Ceja con 71.570 habitantes y Marinilla con 71.117 se disputarán el segundo lugar. Obsérvese que el número de habitantes de Rionegro supera a la sumatoria de los dos municipios que le siguen y la diferencia aumentará con el tiempo, al menos hasta el 2023.

En el verdadero ejercicio de la planificación, más que lanzar e intentar validar hipótesis sobre el crecimiento poblacional, sería más sensato comenzar por responder preguntas claves como esta: ¿cuál es la real capacidad de carga poblacional del territorio que permita un desarrollo sostenible garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social? Ese debería ser uno de los puntos iniciales del proceso planificador. ¿Cuántos municipios tienen respuesta a esta pregunta? ¿Cuántos municipios han formulado alguna vez una política de crecimiento poblacional? “Con las restricciones derivadas de la protección al ambiente, el desarrollo debe permitir elevar el bienestar social y ambiental sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad productiva” (Corte Constitucional Sentencia C-058 de 1994).

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