La Veeduría Vida JMC, aprobada mediante resolución de reconocimiento 21-002 de enero 21 de 2016, otorgada por la Personería Municipal de Rionegro, es una organización comunitaria fundada sobre la base constitucional como mecanismo legítimo de participación ciudadana y bajo la filosofía de la No Violencia.
La veeduría representa las comunidades que podrían ser afectadas por el megaproyecto del aeropuerto, que según la Resolución No. 00964 del 30 de abril del 2015, expedida por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, declara de utilidad pública e interés social el proyecto de construcción de la segunda pista para atender la demanda del crecimiento, proyectado en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro.
“Nosotros no recibimos un comunicado especial por parte de la Aerocivil de que esos terrenos iban a ser de utilidad pública e interés social, sino que nos dimos cuenta de manera extraoficial por los comentarios y los artículos de prensa. Algo que no nos gustó mucho, porque yo, ante todo, soy un campesino, crecí en esa área, mis ancestros están allá desde hace 300 años, nosotros estamos sembrados a esa tierra, y a raíz de esto nos conformamos para velar por la defensa del territorio”, expresó Héctor Jairo Gil, actual presidente de la Veeduría JMC en diálogo con La Prensa.
Con apoyo en formación, estos grupos y movimientos sociales conforman el equipo de trabajo comunitario: la Mesa de Derechos Humanos del Oriente antioqueño, Agrodescendientes, la Cumbre Agraria y el apoyo académico y humanitario por parte de la Universidad Católica de Oriente; también algunos docentes y estudiantes de la UPB y de la UdeA, la Red Nacional de Veedurías, en cabeza de Mónica Patiño, sede Trabajo en Medellín y la Personería actual de Rionegro.
La Veeduría JMC, defiende principalmente el medio ambiente, la riqueza hídrica, agraria, la fauna y flora del territorio, pues en palabras del actual presidente, sin ambiente no hay comunidad. Este ha sido un trabajo que sus integrantes han realizado con análisis en estudios técnicos, donde llegan a la conclusión de que la segunda pista proyectada por la Aerocivil, no es necesaria.
“Ellos dicen, por ejemplo, que se cree que el detonador de la segunda pista es cuando las operaciones aéreas lleguen a 150 mil, en este momento están alrededor de 77600, hablando del año 2016, 2017, el Aeropuerto JMC tiene 33 años de fundado y en ese tiempo se ha llegado a ese número de operaciones, entonces, ¿cuándo van a duplicar en los próximos 20 años esas operaciones? Esas son cifras que no nos cuadran”, agregó Héctor Gil.
Mediante un comunicado del 4 de julio del 2017, la Unidad Especial de la Aeronáutica Civil, desde el área de inmuebles, informó que ya había congelado los predios de las comunidades asentadas en las veredas Chachafruto, Abreito y El Carmín. “O sea que son tierras que tenemos compartidas con ellos, ya no son de nosotros, pero sí para pagar impuestos. Se las estamos cuidando a la Aerocivil”, manifestó Luis Fernando González, uno de los representantes de la Veeduría.
Cabe resaltar que la Veeduría VIDA JMC lleva casi tres años realizando una labor de análisis de los pros y los contras del proyecto, buscando defender los intereses de cerca de 2.500 familias, unas 10.000 personas aproximadamente, a las cuales impactaría directamente la segunda pista, pues hacen parte del polígono de construcción. También, han interactuado, a través de derechos de petición, con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Contraloría General de la República, y el 2 de mayo estuvieron en el Congreso de la República exponiendo la problemática y dando un debate respecto a este asunto.
Héctor Gil, presidente de la veeduría afirma que, si no los escuchan, la próxima meta es ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Estamos dispuestos a hacer hasta lo último para que se respete el medio ambiente como patrimonio de la humanidad”, dijo, agregando que “nuestra lucha también es que descongelen esas tierras porque nos tienen perjudicados, pues en ese territorio hay muchos desplazados por la violencia que se han radicado allí buscando paz, o sea que tocar esta gente, sería revictimizarlos de nuevo y eso no está permitido por la constitución”.
Finalmente, los argumentos con los que la Aerocivil justifica la segunda pista, se basan en tres supuestos: el cierre del Aeropuerto Olaya Herrera y el traslado de sus operaciones al Aeropuerto José María Córdova, quien, según la veeduría, es una falacia, pues en una conversación con las directivas del aeropuerto de Medellín, aclararon no tener eso pensado. El otro supuesto, es que Latam, la aerolínea que más operaciones ejecuta en Latinoamérica, establezca su hub en el Aeropuerto JMC, pero, al parecer, el presidente de la aerolínea dijo en un comunicado de prensa que no instauraría el centro de operaciones en Rionegro; y el último supuesto es que las operaciones aéreas aumenten a 150 mil, pero aún no se tiene claro cuándo esto podría pasar; por estas razones, la comunidad dice no a la segunda pista del Aeropuerto JMC, y la veeduría seguirá trabajando por la protección de esta zona que más que social, es ambiental, y al no ser preservada, podría afectar los cultivos y las lecherías, y de manera directa 1697 nacimientos de agua.
