La Contraloría General de Antioquia recuperó durante el año anterior 98.947 millones de pesos, recursos que se incluyen en el presupuesto de la Administración departamental, como resultado de 22 fallos de responsabilidad fiscal, cobros coactivos y dineros que devuelven funcionarios o exfuncionarios por investigaciones administrativas.
Así lo dio a conocer la Contralora General de Antioquia, Enedith del Carmen González Hernández, durante un informe que presentó a la Asamblea Departamental, en donde refirió las principales acciones adelantadas por esa dependencia en el año 2023. A la Contraloría, le corresponde el control fiscal en la Gobernación y todos los entes del gobierno seccional, lo mismo que 119 municipios de Antioquia, en total suman 477 sujetos de control; para lo cual —dijo—, cuenta con una nómina de 320 funcionarios.
Según el informe, durante el año pasado se realizaron 712 auditorías en todas las dependencias y municipios bajo vigilancia de la Contraloría y se auditó el 70% del presupuesto departamental, que fue de 19.5 billones de pesos. Durante las visitas de control, se presentron 2.721 hallazgos, de los cuales 1.877 fueron de carácter administrativo, 529 de orden disciplinario, 161 de carácter fiscal; donde están involucrados recursos por 21.309 millones de pesos y 23 hallazgos de carácter penal.
Explicó la Contralora, González Hernández, que los hallazgos de carácter disciplinario se remiten a la Procuraduría General de la Nación y los fiscales y penales a la Fiscalía General de la Nación. Así mismo, se recibieron 141 solicitudes de procedimientos administrativos, contra funcionarios que no entregaron oportunamente los informes, además de 86 denuncias ciudadanas.
Proyección a la comunidad
Durante su rendición de cuentas ante los Diputados, la Contralora destacó que, además de la vigilancia sobre la inversión de los recursos del Departamento y de los 119 municipios, ese despacho también analizó el cumplimiento de los 120 Planes de Desarrollo y 40 Políticas Públicas que tiene la gobernación, como una forma de ejercer control social sobre las administraciones de los entes territoriales.
Dentro de este trabajo, la Contraloría General de Antioquia estableció que el 67% de la población campesina del departamento, carece de saneamiento básico, lo que se considera uno de los mayores problemas que tiene Antioquia. Durante el año pasado, se recibieron 2.115 requerimientos ciudadanos, de los cuales 1.688 eran competencia de la Contraloría y los demás se remitieron a otras entidades de control, especialmente a la Procuraduría por estar relacionadas con conductas administrativas. Dicen en su informe que desde la gestión de Control Social, fueron impactadas 12.811 personas, a través de cuatro convenios de capacitación para Veedores Ciudadanos y espacios de participación ciudadana, “trabajando en el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas.”
La funcionaria informó que cuando recibió el cargo, la Contraloría de Antioquia tenía un déficit superior a los 4.000 millones de pesos y que logró reducirlo en 1.545 millones, gracias a un plan de austeridad en los gastos de funcionamiento y a no llenar algunas vacantes de cargos; pero pidió a los Diputados una revisión del presupuesto departamental para que se asignen más recursos para el ente de control, pues la Gobernación y los municipios crecen año por año en sus presupuestos y hay más necesidad de personal para ejercer el control fiscal.
“Seguimos trabajando en pro del control fiscal en el departamento de Antioquia, no es fácil, pero es un reto y un compromiso como servidores públicos, y desde la Contraloría estamos para servirle a cada uno de los antioqueños”, dijo finalmente la Contralora General de Antioquia, Enedith González.
