Por: Ana Patricia Aristizábal Gómez / Abogada / Constituyente Provincial
El Oriente Antioqueño, una de las 9 subregiones en las que se ha dividido administrativamente el departamento de Antioquia es tal vez una de las mas inequitativas del país, fue planeada de manera exógena a través de grandes megaproyectos ante todo en la zona de aguas, situación que para nada se ve reflejada en el desarrollo de sus localidades y de igual manera hay que decir que la inmensa riqueza en agua y biodiversidad de sus zonas de páramo y bosques, no ha implicado ninguna ventaja comparativa para sus pobladores, muy por el contrario han tenido que soportar los embates del conflicto armado. Por su parte el altiplano, conocida como la zona “desarrollada” también ha visto claramente las afectaciones tanto de la implantación de megaproyectos, como de la confrontación de los grupos armados ilegales al recibir a las comunidades desplazadas, con lo que esto ha significado en temas de prestación de servicios públicos.
Lo claro en medio de esta realidad, es que los habitantes de este territorio, histórica, sociológica, antropológica, y también administrativamente unido en una o dos provincias desde la primera constitución de la Nueva Granada en 1811, hasta la reforma constitucional de 1910, cuando el país fue dividido en 13 departamentos, han merecido una mejor suerte, pues no puede ser que mientras más crecen las posibilidades para quienes viven en los municipios cercanos a la capital, los que residen en los más alejados, no cuentan con hospitales de mediana cobertura, ni con la posibilidad real de tener una educación superior cercana y pertinente, esto por poner solo dos ejemplos.
Por su parte, la Constitución Política de 1991 abre la posibilidad de retomar una figura que nuevamente nos aglutine y a través de la cual poder superar esas “iniquidades” en palabras de Gilberto Echeverri Mejía. Tuvieron que pasar 20 años para que el país político, con varios representantes de esta subregión, aprobara en el Congreso la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, una norma raquítica, que a decir verdad poco aportó, pues lo que debió ser la oportunidad para legislar sobre una figura que como la provincia, bien pensada y definida, porque el artículo 286 superior le entregó la posibilidad de diseñarla a la medida de las necesidades del pueblo, hubiera sido sin lugar a dudas la herramienta para lograr un desarrollo como tanto lo hemos soñado: “Autónomo, con alto desarrollo humano, conciliador, incluyente, democrático y apropiado colectivamente de sus recursos.”
Pero muy a nuestro pesar, desde el año 1998, algunos líderes de municipios de la “centralidad”, han querido dividir este territorio de todos, entre ricos y pobres y para ellos se han querido valer de una figura centralista, macro cefálica, que condensa el poder en una sola localidad, que justamente es sin lugar a duda la capital de la subregión, la que tal vez por ser la de mayor crecimiento, la que cuenta con mayores servicios como hospitales, universidades y ante todo con un aeropuerto internacional que le ha representado un inmenso valor agregado, es la que mayor responsabilidad histórica tiene con los demás 22 municipios. También es justo señalar que son los municipios que hoy conforman la llamada centralidad, los que a futuro más demandarán de la inmensa riqueza en aguas y biodiversidad de la que disponen los municipios de la periferia.
Lo cierto es que como se ha dicho, desde el año 1998, justo cuando azotaba la violencia a los municipios de bosques páramo y embalses, y claro también a los del altiplano, los dirigentes del centro hicieron el primer intento por constituir un área metropolitana, pero como no existía conurbación y la ley 128 la exigía como su primer requisito, pues cambiaron la ley, así de fácil, no para revisar asuntos de centralismo, veto y exclusión, sino para retirar esa exigencia, en un acto que aún no es explicable dados los argumentos con los que quieren justificar su insistencia aduciendo que se está consolidando el altiplano en una gran ciudad. Como tampoco así lograron constituir el AMO, pues sencillamente volvieron al Congreso para bajar a un nivel deslegitimo el censo electoral del 25% al 5%.
Han hecho pues dos o tres intentos, el anterior en el gobierno departamental de Luis Pérez Gutiérrez, donde se encontraron con la valiente negativa del alcalde de Marinilla Edgar Villegas Ramírez y después con la negación también de la Registraduría para llamar a consulta popular. Es decir, han tenido tiempo nuestros líderes “centrales” de analizar el territorio en su totalidad y evidenciar que solo con un conjunto de propuestas que cobije a todos los municipios, juntando riquezas y potencialidades, se podrían buscar soluciones comunes a los tantos retos que nos depara este incierto presente, donde la pobreza y la exclusión persiste y se ven los pasos del gigante de la violencia, como retorna a nosotros con la fuerza de un leviatán que solo juntos los 23, no 6, ni 7, tomados de la mano como decía Guillermo Gaviria Correa, podremos enfrentar.
Y vuelve y juega, ahora nuestros dirigentes tal vez ataviados del poder, proponen de nuevo que es dividiendo entre pobres y ricos los 23 municipios del Oriente Antioqueño, como vamos a seguir progresando, insisten incluso en acuerdos de gobernanza entre una figura para los pobres, a la que bien podríamos darle herramientas y recursos a través de un simple regreso al Congreso, porque hoy no tiene con que hacer “vacas” y una robusta, centralista, inequitativa y con poder de veto de los más ricos.
Para finalizar, tal vez a muchos les suene repetido y es que si, vale concluir parafraseando también a Gabo y en esta ocasión con más contexto de la realidad de aquellos Cien Años Soledad: SERA QUE ESTE TERRITORIO UNIDO, EXTRAIDO Y UTILIZADO, PERO TAN INMENSAMENTE RICO QUE AUN SUBSISTE, ¿TENDRÁ ALGUNA OPORTUNIDAD SOBRE LA TIERRA?
Este artículo fue publicado en el periódico El Marinillo Ed. 67
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