El proyecto de ampliación del Aeropuerto José María Córdova de Rionegro inició una nueva etapa en 2016, cuando la Aeronáutica Civil contrató consultorías para definir el futuro de la terminal aérea. Los análisis de uso ya advertían que la infraestructura existente sería insuficiente ante el aumento sostenido del tráfico de pasajeros y carga, lo que hacía indispensable proyectar una segunda pista y una nueva terminal.
Desde entonces se han adelantado mesas técnicas, ajustes y propuestas de rediseño. Sin embargo, nueve años después, aún no se ha tomado una decisión definitiva. La consultoría contratada por la Aerocivil —encargada de definir la viabilidad técnica, jurídica y financiera del proyecto— ha prolongado sus entregables y mantiene abiertos asuntos críticos como la compra de predios, los impactos sociales y ambientales, y la financiación de una obra cuyo costo se ha incrementado de manera considerable. La incertidumbre continúa siendo el rasgo principal de un proyecto estratégico para Antioquia y el país, que no logra avanzar de los diagnósticos a la ejecución.
Los precedentes y el reclamo de la Veeduría Técnica
La Veeduría Técnica al Plan Maestro del Aeropuerto, reconocida en 2016 por la Personería de Rionegro e integrada por entidades académicas y gremiales, como Camacol Antioquia, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI), la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), la Universidad Católica de Oriente (UCO) y la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño (CCOA), sostiene que persisten vacíos en la información entregada por la consultoría, la interventoría y la Aeronáutica Civil. Su labor consiste en contribuir a la revisión, ajuste e implementación del Plan Maestro bajo los lineamientos de la Aerocivil y las normas internacionales, y ha reiterado que la autoridad aeronáutica debe garantizar una herramienta de planificación rigurosa y clara.
El arquitecto y urbanista Martín Alonso Pérez, coordinador de la Veeduría, señaló que, pese a la presentación del Plan Maestro el 30 de septiembre de 2025, aún faltan datos esenciales para sustentar técnicamente lo propuesto. La Veeduría advierte que no se ha entregado toda la información para evaluar los diseños, los costos estimados y la estrategia constructiva para la nueva pista y la nueva terminal. También considera que la opción seleccionada requiere ajustes en su concepción arquitectónica y operacional, y que no hay claridad sobre aspectos clave como la aproximación por instrumentos ni sobre la propuesta de redireccionar el uso de la terminal actual.
Aumento de costos y riesgos jurídicos
Uno de los puntos más sensibles es el financiero. El Plan Maestro pasó de un costo inicial de 14,4 billones de pesos a 22,7 billones en solo tres meses, un incremento de casi siete billones que —según la Veeduría— debe ser explicado con mayor detalle. En materia jurídica, la Veeduría afirma que los escenarios planteados para la gestión del proyecto carecen del rigor necesario respecto a la concesión vigente con Airplan. La alternativa contemplada bajo el modelo de Alianza Público-Privada requiere un análisis más profundo y una matriz de riesgos más completa. Además, insiste en que las intervenciones urgentes que necesita el aeropuerto no deberían aplazarse dentro del marco contractual actual.
El POT, la afectación predial y las preocupaciones de Rionegro
Otro aspecto crítico es el valor del suelo y la afectación predial. La Veeduría señala que el Plan Maestro no prioriza adecuadamente los costos asociados a este componente, lo que obliga a una revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Rionegro y, a largo plazo, de OT de municipios del Valle de San Nicolás. La ampliación implica reclasificar suelos de protección rural hacia usos aeroportuarios, lo que requiere decisiones coordinadas entre las autoridades territoriales.
El alcalde de Rionegro, Jorge Humberto Rivas Urrea, manifestó a La Prensa Oriente su preocupación por las demoras prolongadas de la consultoría, que —dice— generan incertidumbre en las comunidades aledañas. El mandatario también cuestionó la ampliación del eje entre las pistas, que pasó de 1.100 a 1.300 metros, y pidió claridad técnica sobre esta modificación. Recalcó, además, que la socialización del Plan Maestro ha sido insuficiente para un municipio que debe velar por los derechos y la tranquilidad de sus habitantes. De cara a la revisión del POT en 2026, insistió en la necesidad de dialogar con expertos y comunidades antes de tomar decisiones de ordenamiento.
Un llamado a decisiones claras
La Veeduría Técnica hizo un llamado final a autoridades, gremios y empresarios para avanzar en la actualización del Plan Maestro como una herramienta sólida en lo técnico, jurídico y financiero, que permita definir con precisión la afectación de terrenos, la compra de predios y el desarrollo de los estudios y diseños de las fases II y III. El objetivo es determinar con exactitud el valor total del proyecto y avanzar hacia la construcción y puesta en operación de la segunda pista y la nueva terminal hacia 2035. Esta herramienta —con horizonte hasta 2055— es considerada prioritaria para la competitividad y desarrollo económico del Oriente Antioqueño y del país.
