La Superintendencia de Transporte ordenó la suspensión inmediata por seis meses del Centro de Diagnóstico Automotor Comercializadora Servisuper Ltda., tras abrir una investigación administrativa y formular pliego de cargos por presuntas irregularidades en la revisión técnico-mecánica del vehículo involucrado en el grave accidente de tránsito ocurrido el pasado 14 de diciembre en la vía que comunica a Remedios y Zaragoza, en Antioquia.
El siniestro dejó 17 personas fallecidas, 16 de ellas adolescentes, y 20 heridas, convirtiéndose en una de las tragedias viales más graves registradas recientemente en el país. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, este hecho motivó una actuación inmediata por parte de la autoridad de inspección, vigilancia y control del sector.
Según las verificaciones adelantadas por la SuperTransporte, el CDA habría alterado los resultados de la Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes, aprobando de manera irregular el vehículo de placas SON-847 y reportando información presuntamente inconsistente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), situación que habría puesto en riesgo directo la vida de los usuarios de la vía.
Como medida preventiva, la entidad ordenó la suspensión de la habilitación del CDA por seis meses, lo que implica la desconexión del RUNT, la imposibilidad de expedir certificados técnico-mecánicos y la suspensión total del servicio a los usuarios, decisión que deberá ser informada públicamente en las instalaciones del centro.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, respaldó la decisión y aseguró que el Gobierno actuará con firmeza: “Esta tragedia jamás debió ocurrir. La muerte de 16 adolescentes y un conductor enluta al país y nos obliga como Estado a actuar con toda la contundencia. No vamos a permitir que la negligencia o las irregularidades en la revisión técnico-mecánica sigan cobrando vidas en las carreteras”, afirmó.
Durante la investigación, la Superintendencia identificó graves inconsistencias en el proceso de inspección, como falencias en la revisión sensorial, ausencia de inspección exterior e interior del vehículo, y deficiencias en elementos de señalización y seguridad reflectiva. Estos hallazgos sustentan la formulación de cargos por presunta vulneración de la Ley 1702 de 2013.
Por su parte, el superintendente de Transporte reiteró que la entidad actuará con máxima severidad: “Quien juegue con la vida de los ciudadanos enfrentará las sanciones más estrictas que permite la ley”. La Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte indicó que el proceso administrativo continuará y no se descartan nuevas decisiones.
Finalmente, el Ministerio de Transporte recordó el lanzamiento de la estrategia “Ruta por la Vida”, un plan integral orientado a fortalecer la prevención, el control y la responsabilidad vial, con énfasis en el cumplimiento estricto de la revisión técnico-mecánica, el SOAT y las condiciones de seguridad de los vehículos.
