La Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, en articulación con la Alcaldía de Rionegro ejecutó la demolición de tres inmuebles abandonados que se habían convertido en focos de inseguridad y actividades ilícitas.
Según la Administración Municipal, las edificaciones, que permanecían deshabitadas por su propietaria, estaban siendo utilizadas por integrantes de una organización criminal que opera en la zona. Las autoridades hicieron referencia a que estos lugares servían como refugios, bodegas ilegales y escenarios para la comisión de delitos como microtráfico, homicidios, extorsión y explotación infantil, afectando gravemente la tranquilidad de los habitantes del sector.
Explicaron que, con esta intervención, se eliminaron puntos estratégicos que facilitaban la actividad delictiva, se fortaleció el control territorial por parte de la Fuerza Pública y se redujeron los factores de riesgo asociados a estructuras deterioradas empleadas como guaridas para economías ilegales. La acción también permitió devolver espacios seguros a la comunidad, mejorar la percepción de seguridad y abrir la posibilidad de impulsar procesos de renovación urbana y programas sociales dirigidos a jóvenes, familias y comerciantes.
El operativo fue resultado de una coordinación interinstitucional entre la Alcaldía de Rionegro, la Gobernación de Antioquia, la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación, las inspecciones de Policía y despachos judiciales. La articulación incluyó mesas técnicas, inspecciones en campo y estudios jurídicos que garantizaron la legalidad y agilidad del procedimiento.
Con la demolición, de estos inmuebles se recuperan varios metros cuadrados que podrán destinarse a uso comunitario y proyectos sociales, según los actores de esta ejecución, beneficiando directamente a decenas de familias y establecimientos comerciales del área intervenida. La Administración Municipal demostró su compromiso con un Rionegro más seguro, con institucionalidad sólida y presencia efectiva del Estado en los sectores más impactados por la criminalidad, avanzando en la construcción de una ciudad donde prevalezcan la legalidad, la convivencia y la vida comunitaria.
