El incremento del hurto de cables y los actos de vandalismo contra la infraestructura eléctrica tienen en alerta a Empresas Públicas de Medellín (EPM), que advirtió sobre el impacto que estos delitos están generando en la continuidad y confiabilidad del servicio de energía para miles de hogares, comercios e industrias de Antioquia y el Valle de Aburrá.
Según la empresa, los ataques se concentran principalmente en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, así como en Medellín y los municipios de Bello, Caldas, La Estrella y Envigado. En la mayoría de los casos, los responsables buscan extraer cobre para comercializarlo de manera ilegal, afectando redes eléctricas consideradas críticas para el funcionamiento del sistema.
Las cifras reflejan la magnitud del problema. Entre 2024 y 2025, EPM destinó más de 7.200 millones de pesos para reparar y reponer infraestructura afectada por estos delitos. Solo en lo corrido de 2026, los daños ocasionados a la red subterránea ya ascienden a cerca de 25.000 millones de pesos.
Como consecuencia, más de 763.000 usuarios han sufrido interrupciones del servicio, con una duración promedio de 24,6 horas por evento, además de daños en transformadores, cableado, medidores, luminarias, acometidas y otros equipos indispensables para la distribución de energía.
A esta problemática se suman actos de vandalismo consistentes en el vertimiento de aceites, pinturas, solventes y otros residuos dentro de las cámaras subterráneas, situación que deteriora los equipos y reduce la vida útil de la infraestructura.
El gerente de Transmisión y Distribución Energía de EPM, Jorge Cerezo Restrepo, explicó que las consecuencias van más allá de las pérdidas económicas: «Estas acciones no solo afectan la sostenibilidad y la confiabilidad del sistema eléctrico, sino que obligan a realizar inversiones extraordinarias para reparar la infraestructura dañada, recursos que podrían destinarse a su modernización, expansión y al desarrollo de las comunidades».
El directivo agregó que estos costos también terminan impactando a los usuarios.«Cuando se atenta contra la infraestructura de servicios públicos, las consecuencias las asumimos todos».
EPM recordó que el hurto de cables de media tensión y los daños a las redes asociadas a subestaciones representan una amenaza para la estabilidad del sistema eléctrico, ya que una afectación simultánea podría ocasionar interrupciones masivas y prolongadas del servicio.
Para enfrentar este fenómeno, la empresa ha reforzado el monitoreo permanente, la instalación de barreras físicas, nuevos diseños de tapas de seguridad, sistemas de alarma y controles de acceso en instalaciones estratégicas. Paralelamente, trabaja con las autoridades para identificar y judicializar a los responsables.
De acuerdo con el Código Penal colombiano, quienes sean encontrados responsables por los delitos de hurto calificado y agravado y daño en bien ajeno podrían enfrentar penas de hasta 21 años de prisión.
Finalmente, EPM invitó a la ciudadanía a reportar cualquier intervención sospechosa en la infraestructura eléctrica a través de la línea de WhatsApp 301 516 11 81, recordando que proteger las redes de energía es fundamental para garantizar un servicio seguro y continuo para millones de usuarios.
