En su respuesta, la Administración departamental argumentó que la eliminación de la tasa no es viable por razones jurídicas y presupuestales. Según explicó, los recursos tienen una destinación específica para financiar proyectos de seguridad y convivencia ciudadana y ya fueron incorporados en las metas de inversión del departamento hasta el 31 de diciembre de 2027.
La Gobernación también señaló que, hasta la fecha, se han invertido más de 473.000 millones de pesos en equipamiento para la Fuerza Pública. Entre los elementos adquiridos se encuentran 55 camionetas, seis de ellas blindadas; 178 motocicletas, botes para transporte fluvial, equipos antidrones, chalecos antibalas y otros dispositivos tecnológicos.
El cobro, establecido mediante la Ordenanza 50 de 2024, tiene vigencia entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2027, y se recauda a través de la factura de energía. No aplica a todos los usuarios, sino que se distribuye según el tipo de usuario y su consumo.
De acuerdo con la información entregada por la Administración departamental, los hogares de estratos 4, 5 y 6 aportan cerca de 80 pesos por kilovatio hora, lo que representa aproximadamente 15.000 pesos mensuales. Para el sector comercio, el ejemplo de un consumo promedio de 400 kWh equivale a unos 28.000 pesos al mes, mientras que para el sector industrial el cobro no supera los 150.000 pesos mensuales.
La Gobernación recordó que el pago es obligatorio y que el incumplimiento puede generar intereses de mora.
Por su parte, Fenalco Antioquia e Intergremial Antioquia reiteraron su rechazo a la medida. María José Bernal Gaviria, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, y Nicolás Posada López, presidente de Intergremial Antioquia, sostienen que los nuevos apoyos financieros anunciados por el Gobierno nacional para la seguridad territorial deberían permitir desmontar el cobro departamental.
Los representantes gremiales consideran que la tasa incrementa los costos operativos de las empresas, afecta la competitividad y representa una carga adicional para las mipymes. Por ello, insistieron en la necesidad de aliviar las obligaciones tributarias del sector productivo.
