El Congreso de la República aprobó entre el martes 3 y la madrugada del miércoles 4 de noviembre la llamada ley de sometimiento, una iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que fija las condiciones para que integrantes de grupos armados ilegales y otras estructuras criminales se entreguen a la justicia ordinaria a cambio de reducciones en sus condenas. El Senado la avaló con 57 votos a favor y 24 en contra, y la Cámara de Representantes, con 95 a favor y 10 en contra, según reportaron diferentes medios de comunicación.
Como ambas cámaras aprobaron el mismo texto, el proyecto (296 de 2026 en Senado y 433 de 2026 en Cámara) no requirió conciliación y recibió la sanción presidencial. La iniciativa fue radicada el 13 de octubre por los ministerios del Interior y de Justicia, y modifica y prorroga la Ley 418 de 1997, conocida como ley de orden público, que vencía este 4 de noviembre.
¿En qué consiste esta ley?
De acuerdo con el Gobierno, se trata de un proceso de rendición y no de negociación. Los grupos no tendrán reconocimiento político ni mesas de diálogo, y sus integrantes serán procesados por fiscales y jueces ordinarios. “No hay suspensión de orden de captura, no hay suspensión de órdenes de extradición, no hay un proceso de negociación”, afirmó el ministro de Justicia, Iván Cancino, según El Heraldo. “Por eso se llama un proceso de sometimiento y es una ley de orden público”, agregó.
Explicaron que este enfoque se diferencia de la política de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro, que incluía negociaciones con estas organizaciones.
Requisitos y beneficios
La Ley establece que quienes se acojan deberán entregar las armas, suspender sus actividades ilegales y dar información sobre los miembros, los bienes y las fuentes de financiación de sus organizaciones. También tendrán que colaborar en la liberación de secuestrados, aportar datos sobre personas desaparecidas, llevar al ICBF a los menores reclutados y ceder su patrimonio para reparar a las víctimas. “Tienen que entregar todos los bienes y se les devuelve cero peso”, explicó Cancino.
A cambio, podrán obtener rebajas de hasta el 50 % de la pena si no ejercieron el mando y de hasta el 30 % si fueron cabecillas. Esas reducciones no son automáticas, pues dependen de lo que cada persona aporte y de la evaluación de un juez. Quien incumpla con estos requisitos perderá los beneficios y será juzgado sin descuentos en su condena.
En el caso del reclutamiento de menores, la ley no aplica una exclusión total. Según los informes, quedan por fuera de los beneficios quienes ya tengan una condena en firme por reclutar o utilizar niños, niñas o adolescentes. Para los demás casos de reclutamiento, las rebajas tendrán topes más bajos, de máximo el 10 % para quienes ejercieron mando y el 30 % para el resto de integrantes, y quienes hayan tenido un papel determinante en ese delito deberán pagar al menos diez años de prisión efectiva.
Durante el trámite, los congresistas también establecieron que quienes respondan por lavado de activos o testaferrato deberán cumplir al menos seis años de cárcel, eliminaron un artículo sobre gastos reservados del Ministerio del Interior y redujeron la vigencia de la ley de 10 a 4 años.
Posiciones frente a la ley
El presidente De la Espriella celebró la aprobación en su cuenta de X, donde agradeció al ministro Cancino y al Congreso por contribuir “al fortalecimiento de la justicia y la seguridad de Colombia”. En el mismo mensaje sostuvo que “la falsa paz total llegó a su fin”. Durante el debate en el Senado, Hernán Darío Cadavid, del Centro Democrático, defendió que “la Ley de Sometimiento es una oferta unilateral. Aquí no hay una negociación política”.
Desde la oposición, la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, aseguró que la iniciativa “desconoce los derechos de las víctimas y no garantiza su reparación”, según recogió la agencia EFE. El senador liberal Héctor Olimpo Espinosa expresó que “a los liberales nos preocupa la restricción material de la libertad en los delitos de lesa humanidad”, mientras que la senadora Sandra Claudia Chindoy advirtió que “vamos a dejar a las víctimas en una situación de vulnerabilidad”.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció el 29 de octubre, antes de los debates finales. “La Defensoría del Pueblo está de acuerdo con la aproximación del proyecto de ley”, dijo, aunque pidió revisar la proporcionalidad de las penas, garantizar recursos para la reparación y precisar qué grupos pueden acogerse, para evitar que la protesta social se interprete como criminalidad organizada.
Tras la votación, la representante Laura Daniela Beltrán, del Pacto Histórico, anunció que presentará una demanda contra la norma.
