El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó al Instituto Nacional de Vías (Invías) adelantar, en un plazo máximo de seis meses, las gestiones necesarias para recuperar la transitabilidad de la autopista Medellín-Bogotá, tras comprobar las deficiencias que presenta este importante corredor vial y los riesgos que representan para sus usuarios.
La decisión quedó consignada en la Sentencia No. 112 de 2026, emitida el 9 de noviembre, como resultado de una acción popular presentada en agosto de 2025 por el grupo de transportadores Los Magníficos de La Ruta, quienes realizan labores de veeduría y seguimiento al estado de esta carretera.
La demanda estuvo relacionada con el deterioro de la vía en el tramo comprendido entre El Santuario y Caño Alegre, donde los transportadores advirtieron sobre las afectaciones en la infraestructura, la deficiente señalización y los riesgos para la seguridad vial y la movilidad.
Un corredor vial con graves problemas de infraestructura
Durante el proceso judicial se analizaron informes técnicos que permitieron establecer las condiciones de los 127 kilómetros comprendidos entre El Santuario y Puerto Triunfo.
De acuerdo con los documentos elaborados por el Consorcio Intergestión AD, durante septiembre y octubre de 2025, el 55 % del corredor, equivalente a 73 kilómetros, se encontraba en malas condiciones; el 27 %, correspondiente a 36 kilómetros, presentaba un estado regular, y solamente el 18 %, es decir, 18 kilómetros, estaba en condiciones buenas o muy buenas.
Entre las principales afectaciones identificadas se encuentran huecos profundos, grietas, hundimientos, desniveles y fisuras en ambos carriles. A esto se suma la falta de demarcación horizontal y el deterioro, la escasez y la poca visibilidad de algunas señales de tránsito.
Los transportadores también señalaron que las intervenciones adelantadas por el Invías se habían concentrado principalmente en reparaciones puntuales y temporales, sin solucionar de fondo las dificultades que presenta la carretera.
Riesgos para transportadores y comunidades del Oriente antioqueño
Los demandantes expusieron que las condiciones de la autopista han generado consecuencias para quienes utilizan diariamente este corredor, entre ellas accidentes de tránsito, personas lesionadas y fallecidas, mayores gastos por daños en los vehículos y pérdidas económicas para el transporte de carga y pasajeros.
También advirtieron sobre las dificultades de movilidad que enfrentan las comunidades rurales de municipios como San Luis, Puerto Triunfo, San Francisco, Cocorná y Sonsón, especialmente en los desplazamientos de estudiantes hacia sus instituciones educativas.
Según los argumentos presentados en la acción popular, las condiciones de la carretera también han incidido en problemas de asistencia y deserción escolar, además de generar contaminación por material particulado durante las temporadas secas.
La posición del Invías frente a la demanda
Durante el proceso, el Instituto Nacional de Vías defendió las actuaciones adelantadas para el mantenimiento del corredor y aseguró que desde 2019 ha celebrado cinco contratos de gestión vial integral, con inversiones superiores a los $327.000 millones.
La entidad sostuvo que las afectaciones no corresponden a un deterioro generalizado, sino a daños puntuales relacionados con el tránsito de vehículos pesados y las temporadas de lluvia, que son atendidos mediante actividades de mantenimiento rutinario y periódico.
Asimismo, indicó que el Contrato de Gestión Vial Integral No. 1588 de 2025 contempla trabajos de señalización, demarcación, instalación de tachas y señales de tránsito, además de servicios de grúa, ambulancia y atención de emergencias.
Por su parte, el Consorcio Intergestión AD, encargado de la interventoría, manifestó que inició sus labores el 12 de septiembre de 2025 y que las condiciones de deterioro de la carretera eran anteriores al comienzo de sus actividades.
¿Qué determinó el Tribunal?
Al estudiar las pruebas, el Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que las deficiencias de la infraestructura vial estaban respaldadas por informes técnicos y no correspondían únicamente a las apreciaciones de los transportadores.
La corporación también estableció que el Invías tenía conocimiento de las quejas de la comunidad desde junio de 2025 y que, aunque la entidad había adelantado procesos contractuales y destinado recursos para el mantenimiento, estas actuaciones no habían sido suficientes para garantizar una recuperación efectiva de la carretera.
En consecuencia, el Tribunal encontró vulnerados los derechos colectivos a la seguridad pública y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
Con la Sentencia No. 112 de 2026, la autoridad judicial ordenó al Invías adelantar las gestiones necesarias para recuperar la transitabilidad de la autopista Medellín-Bogotá en un plazo de seis meses.
La decisión representa un avance para las comunidades, transportadores y usuarios que diariamente utilizan este corredor estratégico para la conexión entre Antioquia y el centro del país, y pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de infraestructura, seguridad y movilidad.
Fuente: Periódico Nacional, El Colombiano.
