El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó al Gobierno Nacional la autorización prioritaria para implementar la erradicación focalizada de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre con drones, como una estrategia para fortalecer la lucha contra el narcotráfico en varias subregiones del departamento.
La petición fue hecha a través de una carta dirigida al ministro de Justicia y del Derecho, Andrés Idárraga, quien además preside el Consejo Nacional de Estupefacientes. En el documento, el mandatario departamental argumenta que la solicitud se sustenta en el reciente anuncio del Gobierno Nacional que permite el uso de esta modalidad técnica en zonas donde los grupos armados ilegales obligan a las comunidades campesinas a sembrar hoja de coca. En ese sentido, Rendón pidió que la intervención se concentre inicialmente en municipios del Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, regiones que concentran una alta proporción de los cultivos ilícitos del departamento.
El gobernador advirtió que la expansión de los cultivos de coca en Antioquia ha sido acelerada durante la última década. Según cifras expuestas por el propio mandatario, el departamento pasó de registrar cerca de 900 hectáreas en 2013 a superar las 18.000 hectáreas en 2023, una tendencia que, aseguró, se ha mantenido entre 2024 y 2025. Rendón atribuyó este crecimiento a lo que considera una política de seguridad que ha permitido la expansión de grupos criminales y el aumento de sus rentas ilegales, tanto del narcotráfico como de la minería ilegal, lo que ha derivado en una mayor capacidad de confrontación contra la Fuerza Pública.
Asimismo, el gobernador indicó que, en caso de que la solicitud no sea aprobada, espera una explicación formal por parte del Gobierno Nacional. Añadió que este tema debería hacer parte de la agenda del presidente de la República en escenarios internacionales, subrayando la necesidad de priorizar el combate al narcotráfico y la reducción de las fuentes de financiación de las estructuras criminales como un asunto de seguridad nacional.
La propuesta de Antioquia se enmarca en una política más amplia del Gobierno Nacional que, desde diciembre de 2025, autorizó la erradicación focalizada de cultivos ilícitos mediante drones, bajo estrictos controles técnicos y ambientales. Esta estrategia no corresponde a la fumigación aérea tradicional, sino a una intervención terrestre con drones que operan a baja altura —aproximadamente a 1,5 metros sobre la copa de los cultivos— con el objetivo de reducir la dispersión de herbicidas y minimizar los riesgos ambientales.
En otros territorios del país, como el departamento del Cauca, ya se adelantan procesos para reactivar este tipo de erradicación con drones, lo que ha abierto debates sobre sus impactos sociales y ambientales, así como sobre la necesidad de fortalecer alternativas de desarrollo rural.
La solicitud presentada por Antioquia se inscribe, así, en uno de los debates más sensibles de la política antidrogas en Colombia, donde convergen la evaluación de nuevas tecnologías, la presencia estatal en los territorios y el desafío de equilibrar las estrategias de seguridad con la protección de los derechos humanos y el medio ambiente.
