En acto que se cumplió en el municipio de Marinilla, los integrantes de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente antioqueño y del Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Medio Ambiente, presentaron el informe sobre derechos humanos en la región correspondiente al año 2023, en el cual se reseña un análisis crítico que busca hacer una evaluación profunda acerca de la situación del Oriente Antioqueño, su historia, su presente y su futuro; con base en los retos, oportunidades y contradicciones que plantea la Agenda 2040, “Antioquia Corazón Verde de América”.
En primer lugar, el documento señala las disparidades de equidad en la región del Oriente de Antioquia, en un territorio de contrastes, en el que, a pesar de la inversión de recursos públicos en los planes de desarrollo y agendas económicas, no se ha logrado una distribución equitativa de los recursos y beneficios. La desigualdad, la pobreza, la violencia, la falta de accesibilidad a servicios públicos básicos y las necesidades básicas insatisfechas, son algunos de los problemas más graves que enfrenta la región.
Se anota que igual ocurre con el acceso a derechos fundamentales y otras condiciones humanas, como el acceso al derecho a la salud, la falta de acceso a servicios públicos básicos, la falta de empleo de calidad y las barreras que enfrentan los ciudadanos de la región para acceder a sus derechos.
Educación
La educación es un tema central en el informe y muestra hondas preocupaciones sobre la calidad y los efectos de no tener una educación acorde para la población. Esa realidad también muestra una marcada desigualdad en el acceso a la educación. Según el informe «Antioquia Cómo Vamos», solo el 38% de los jóvenes que finalizan la educación secundaria en Antioquia acceden a la educación superior, una cifra ubicada por debajo del promedio nacional, que se sitúa en un 40%.
En el departamento de Antioquia, se destaca que 25 municipios presentan tasas de acceso a la educación superior cercanas al 35%, mientras que municipios como Envigado, Sabaneta, Copacabana, El Retiro y La Estrella, superan el 50% de acceso. Los datos podrían indicar la existencia de brechas socioeconómicas, que influyen en el acceso a la educación superior. En el caso del Oriente antioqueño, solo el 29% de los jóvenes tiene la posibilidad o accede de manera inmediata a la educación superior. Este indicador cobra relevancia debido a que la eliminación de estas brechas debería ser un objetivo fundamental en gran parte de los programas de desarrollo departamentales y municipales.
Daños medioambientales
La naturalización de los daños medioambientales, se ha convertido en un tema preocupante en la sociedad actual, ya que no se está midiendo con precisión el fuerte impacto de los megaproyectos sobre el medio ambiente y las comunidades afectadas. Las presiones constructivas y urbanísticas sobre los territorios naturales, han provocado dificultades en el acceso a la tierra, causando problemas tanto a los agricultores como a las comunidades nativas, además de afectar al medio ambiente.
A pesar de las advertencias sobre la degradación de los recursos naturales, se ha observado un acelerado desarrollo en la construcción en el Oriente. La valorización del suelo se incrementó en un 11,4 % en 2015. Sin embargo, este crecimiento carente de planificación ha desencadenado consecuencias negativas en términos de movilidad, transporte, ruralidad y paisaje. Los desarrollos urbanísticos carecen de pertinencia para el crecimiento de la región. La conciencia tanto de las autoridades como del sector privado, es fundamental para corregir el rumbo. Sin una planificación urbanística adecuada para el futuro prometedor del Oriente, se corre el riesgo de convertir la región en un territorio sin calidad de vida.
En términos de valorización del suelo, los municipios de Rionegro y Guarne destacan con aumentos del 12,4 % y 10,8 %, respectivamente. Un estudio realizado por esta entidad determinó que el auge del Oriente se debe a la fuerte demanda inmobiliaria para fines recreativos, viviendas campestres y desarrollo de parcelaciones.
Lo expuesto anteriormente, demuestra un desinterés marcado, por parte de las administraciones municipales, departamental, nacional y los actores económicos, por entender la capacidad de la región para que, a partir de los elementos científicos existentes, se respeten los límites mínimos y máximos con los que un territorio puede soportar sustentablemente, estrategias de desarrollo económico.
En cuanto a la Competitividad en la zona, es claro que se cuenta con una ubicación geográfica estratégica y con una alta riqueza y diversidad productiva, estudio que también presenta desafíos importantes en términos de competitividad; pero la falta de infraestructura, la carencia de recursos y los resultados insuficientes del sistema educativo, la informalidad laboral, el desempleo y la desconexión a tecnologías; siguen abriendo brechas sociales.
Inseguridad
En el informe se destaca que la región del Oriente Antioqueño enfrenta desafíos importantes en términos de seguridad ciudadana, debido a la presencia de actores armados ilegales y la violencia generada en la disputa por el control territorial.
La expansión de grupos ilegales, afecta a toda la nación y Antioquia no es ajena a este avance de esas estructuras ilegales. La dispersión territorial de dichas estructuras que han entendido la importancia estratégica de subregiones como el Oriente de Antioquia y su conexión con diversas zonas clave del departamento y del país en la disputa por el control territorial entre estas facciones, representa una amenaza latente para la estabilidad y seguridad de las comunidades locales y la convierten en un punto clave para cualquier actividad armada. De acuerdo con los investigadores, ningún municipio del Oriente antioqueño está libre de los grupos ilegales, entre los cuales se destaca el Clan del Golfo.
Según una nota del periódico El Colombiano: «Investigadores judiciales revelaron a este medio que a los químicos asociados con el narcotráfico les agrada establecer laboratorios en el Oriente antioqueño, debido a su proximidad con el Valle de Aburrá, lo que les facilita la adquisición y transporte de insumos, gracias a mejores vías y la posibilidad de camuflar sus movimientos en el alto flujo vehicular. Además, las áreas rurales de esta subregión son menos vigiladas y peligrosas que las zonas de siembra y producción tradicionales como el Norte, Nordeste y Bajo Cauca».
La presencia de grupos ilegales y la disputa por los territorios, ha generado aumentos en el índice de inseguridad en la región. Durante el periodo comprendido entre 2020 y 2023, se registró un alarmante total de 731 casos de homicidios en los 23 municipios del Oriente Antioqueño. Estas cifras revelan un preocupante aumento, año tras año, en términos cuantitativos; generando una creciente inquietud en la región. Este fenómeno sitúa al Oriente Antioqueño como una de las dos subregiones del departamento que evidencian un incremento sostenido en el número de homicidios, al igual que sucede en los municipios del Suroeste.
Se anota en el informe que, en términos municipales, el comportamiento estadístico de los casos de homicidios en el Oriente Antioqueño está encabezado por el municipio de Rionegro, el cual registra el 15% de todos los casos cuantificados en la región. Le siguen en proporción. el municipio de Sonsón con un 10.3%, El Carmen de Viboral con un 10.1%, Marinilla con un 8%, Guarne con un 6.3%, El Peñol con un 4.6%, San Luis con un 4.5%, San Carlos con un 4.1%, La Unión con un 4.1%, y así sucesivamente.
A nivel municipal, el municipio del Oriente antioqueño que experimenta la tasa más alta de homicidios por cada 100,000 habitantes en 2023 fue Nariño, con 57.6 casos, seguido por Abejorral con 56.5, Argelia con 50.6, San Carlos con 48.3, Alejandría con 40.7, Granada con 39.1, El Carmen de Viboral con 38.1, San Vicente con 34, Marinilla con 33.7, San Francisco con 32.4, Cocorná con 32.2, El Peñol con 30.7 y San Rafael con 30.5, todas superando la tasa departamental. El único municipio sin homicidios en el año 2023 fue Guatapé.
La presencia de grupos ilegales se interrelaciona con el aumento en otros delitos, como la desaparición de personas. En el Oriente antioqueño, durante el período comprendido entre los años 2020 y 2023, se documentaron un total de 211 casos de personas reportadas como desaparecidas. El año 2021, destacó como el más inquietante, evidenciando un alarmante aumento del 328%, en comparación con el año anterior. Así mismo, en el año 2022 se registró un incremento del 8.5%, seguido por un aumento del 9.3% en el año 2023, con respecto al año precedente.
El municipio que ha registrado el mayor número de casos de personas reportadas como desaparecidas en el Oriente antioqueño es Rionegro, con un preocupante 44.1% del total de casos en la región. Le siguen en porcentaje el municipio de Guarne, con un 10.4%, Marinilla con un 9.5%, El Carmen de Viboral con un 7.6%, La Ceja con un 3.8%, El Peñol con un 3.3% y San Vicente Ferrer también con un 3.3%. Estas cifras delinean claramente, los municipios donde se han concentrado los mayores índices de desapariciones, evidenciando la magnitud y la dispersión geográfica de este preocupante fenómeno en la región.
Otro delito que atenta gravemente contra los derechos humanos, es el desplazamiento forzado. Las cifras reportadas por la Unidad de Víctimas revelan una situación alarmante en los municipios del Oriente antioqueño, con un total de 354.525 casos de personas desplazadas de manera forzada, el 57.7% de estos ocurrieron en un periodo de tres años entre 2000 y 2003. Aunque se ha observado una reducción en comparación con ese periodo, con cerca de 1500 casos reportados entre los años 2020 y 2023, queda claro que el fenómeno del desplazamiento forzado, persiste en la región de manera silenciosa.
No menos grave es el aumento de los casos de extorsión. Se anota en el informe que durante el periodo comprendido entre 2020 y 2023, un preocupante total de 1164 amenazas se registraron en la región del Oriente Antioqueño, según datos proporcionados por Siedco. De estas, el 22.5% tuvieron lugar en Rionegro, seguido por el 13.6% en Guarne, el 9.4% en El Carmen de Viboral, el 6% en La Ceja y el 4.9% en San Vicente, entre otros municipios afectados.
Desde la Mesa de Derechos Humanos del Oriente antioqueño y el Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Medio Ambiente, se manifiesta una profunda inquietud respecto a la implementación de estrategias como los frentes de seguridad. “Es imperativo evitar que las experiencias negativas del pasado, conviertan a estos frentes en una amenaza para la población civil. Es fundamental que cualquier estrategia implementada, respete los derechos fundamentales y no vulnere normas constitucionales”, anotan.
Documento de reflexión
«Bajo El Cielo que perdimos», no solo es un documento de estudio, es una radiografía crítica sobre la necesidad de que las políticas públicas y los procesos de desarrollo económico y social de la región estén orientados hacia una visión más equitativa y sostenible para el Oriente Antioqueño, que permita reducir las brechas sociales y abordar las problemáticas estructurales que han tenido un impacto negativo en la población. De esta manera, se espera que se puedan generar oportunidades reales de crecimiento y desarrollo para todos los habitantes de la región, como se propone en la Agenda “Antioquia Corazón Verde de América” y no solo en beneficio de un sector de la población.
En el documento, también se expresa preocupación por la falta de atención por temáticas relacionadas a la salud mental en el Oriente Antioqueño, sobre todo en municipios que siguen careciendo de políticas y planes para abordar la salud mental y el bienestar de la población. También por la calidad del aire y por el proyecto de construcción de una segunda pista en el aeropuerto, José María Córdova de Rionegro, por la población que tendría que desplazarse del área.
Recomendaciones
El informe presentado por la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño y el Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Medio Ambiente, termina con una serie de recomendaciones, como priorizar la seguridad integral de la población y la protección de los derechos humanos, implementar medidas de prevención del delito y fortalecer la seguridad ciudadana. Investigar exhaustivamente cada caso de desaparición y brindar respuestas a las familias afectadas, para lograr justicia. Abordar las causas profundas de la violencia y la inseguridad, incluidos los factores políticos, económicos y sociales, impulsar un modelo de desarrollo inclusivo que tenga en cuenta las necesidades específicas de cada región y promueva el bienestar de toda la población, reducir las brechas entre áreas rurales y urbanas para lograr un desarrollo equitativo y sostenible en todo el departamento, propiciar la participación de las comunidades en el diseño y la implementación de proyectos de desarrollo, emprender acciones contundentes para desmantelar por completo grupos armados que han ejercido el control territorial durante décadas. Revisar y mejorar las políticas implementadas en relación con la seguridad alimentaria, el acceso a la salud, el trabajo infantil y otras áreas de preocupación social para asegurar el bienestar de la población, implementar medidas efectivas para combatir la pobreza y promover el desarrollo socioeconómico, considerar las disparidades regionales al diseñar e implementar estrategias para combatir la pobreza y promover el desarrollo socioeconómico. Garantizar el acceso a acueducto y alcantarillado en todo el departamento, abordar la creciente problemática en relación al encarecimiento de la tierra; generadas por las propuestas de desarrollo físico e infraestructura. Fortalecer los mecanismos de vigilancia efectiva y la presencia eficiente de fuerzas del orden locales para prevenir la intimidación de la población en las calles, barrios y zonas rurales.
