El paro minero que se desarrolla en el Bajo Cauca antioqueño desde hace más de una semana continúa generando graves afectaciones en la región, en medio de bloqueos viales, hechos de violencia y la suspensión temporal de los diálogos entre el Gobierno Nacional y los manifestantes.
Durante un Puesto de Mando Unificado (PMU) realizado el 23 de marzo de 2026, la Gobernación de Antioquia, el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Caucasia rechazaron las vías de hecho y solicitaron la intervención de la Fuerza Pública, especialmente de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía Nacional, con el fin de restablecer la movilidad en la vía que conecta a Medellín con la Costa Atlántica.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó la medida al señalar que no se han respetado los acuerdos alcanzados previamente y cuestionó hechos como el hostigamiento a una misión médica y la quema de vehículos. En el mismo sentido, el gobernador Andrés Julián Rendón afirmó que la intervención busca garantizar los derechos de la mayoría de la población, afectados por los bloqueos y disturbios.
Con el paso de los días se han registrado múltiples afectaciones, entre ellas la incineración de una motocicleta y una lancha de una empresa privada, así como la instalación de una guaya en el río Nechí que impide la movilidad fluvial. Además, se reportan pérdidas económicas, escasez de alimentos en Caucasia y dificultades en el suministro de gas natural en municipios como Nechí.
El alcalde de Caucasia, Jhoan Montes Cortés, advirtió sobre la gravedad de la situación económica y social, mientras gremios como Colfecar han solicitado reactivar los diálogos y permitir el tránsito de carga.
Las negociaciones entre el Gobierno y los manifestantes fueron suspendidas y se espera que se retomen el próximo 26 de marzo. Sin embargo, las autoridades consideran inaceptable que los bloqueos continúen durante este periodo.
El paro minero tiene su origen en inconformidades de pequeños y medianos mineros frente a operativos de control contra la minería ilegal, restricciones ambientales y dificultades en los procesos de formalización minera. Los manifestantes exigen garantías para continuar sus actividades, mayor apoyo estatal y condiciones claras para la legalización de su labor.
