En un contexto donde los municipios han pasado de ser “pueblos” a ciudades con dinámicas sociodemográficas complejas, la asociatividad la creación de un Área Metropolitana no es una opción, sino una necesidad para enfrentar problemas de escala urbana como el transporte, la gestión de residuos y el ordenamiento territorial: Carolina González Tabares – Directora Ejecutiva Corporación Empresarial del Oriente CEO
La directiva del gremio empresarial subraya la urgencia inaplazable de la integración regional para el Valle de San Nicolás. En un contexto donde los municipios han trascendido su condición de «pueblos» para convertirse en ciudades con dinámicas sociodemográficas complejas, la asociatividad no es una opción, sino una necesidad para abordar problemas de escala urbana como el transporte, la gestión de residuos, y el ordenamiento territorial. El empresariado, a través de la CEO y la Estrategia de Ecodesarrollo, abraza figuras como el Área Metropolitana como la ruta de articulación regional que permitirá planificar de manera conjunta el futuro del territorio, superando la limitación de una planeación aislada que fragmenta el desarrollo y desatiende los flujos reales de la población.
La creación de un Área Metropolitana es vista como una oportunidad tangible para optimizar recursos y cerrar brechas históricas. González Tabares destaca que los municipios enfrentan retos significativos en infraestructura vial, salud y educación, para los cuales no hay recursos suficientes si se abordan de manera aislada. La asociatividad permitiría la cooperación y solidaridad entre municipios, posibilitando inversiones conjuntas, tal como se ha logrado en el Valle de Aburrá con circuitos viales que mejoran la movilidad. Esto es crucial para un territorio donde, a pesar de contar con una ciudad intermedia como Rionegro, 14 de los 23 municipios se encuentran en categorías 5 y 6, careciendo de la capacidad fiscal para grandes inversiones y limitando su desarrollo en áreas como el ecoturismo o la proveeduría de alimentos.
Un territorio planificado colectivamente bajo la figura metropolitana impulsa la competitividad y atrae nuevas inversiones. La libre circulación de personas y bienes entre los ocho municipios que apoyan esta figura, con la promesa de un «solo tiquete», es un beneficio concreto para la ciudadanía, el empresariado, el turismo y el comercio. Esta integración genera confianza institucional al evidenciar ordenamiento territorial y planeación conjunta desde un ente supramunicipal, lo que marca el rumbo hacia un desarrollo sostenible y facilita la proyección de nuevas inversiones, al reducir la complejidad de negociaciones para proyectos regionales.
La directora de la CEO identifica prioridades temáticas claves donde el Área Metropolitana tendría un impacto decisivo. La seguridad es fundamental, y una Policía Metropolitana, con inversiones más organizadas y robustecidas, podría enfrentar mejor los desafíos del territorio. La salud es otro pilar, así como el transporte, cuya falta de integración ya está costando oportunidades de empleo a los ciudadanos que no pueden movilizarse fácilmente entre municipios. En infraestructura, la figura metropolitana podría priorizar circuitos viales no resueltos por depender de presupuestos municipales individuales, atendiendo la creciente demanda de vías y servicios públicos para zonas de expansión industrial como Guarne, que aún dependen de vías nacionales o departamentales insuficientes.
Finalmente, el éxito del Área Metropolitana reside en la construcción de un gran acuerdo de gobernanza que dé contenido claro a la pregunta «¿para qué nos vamos a juntar?». Carolina González enfatiza la necesidad de dejar de lado los debates ideológicos y políticos para centrarse en soluciones técnicas que fortalezcan la autonomía de los municipios. Propone un modelo de «no al veto» para asegurar la igualdad de condiciones entre todos los municipios participantes, incluso si Rionegro aporta la mayor parte del presupuesto. Este acuerdo, con veeduría institucional, garantizará un desarrollo equitativo, sostenible y en paz, protegiendo recursos naturales esenciales como el agua, y permitiendo que los municipios generen sus propios recursos y financien proyectos intermunicipales, independientemente de los cambios en el gobierno nacional.
