El Gobierno Nacional expidió el Decreto 282 de 2019, denominado “de Amparos de la Ley de Vivienda Segura”, cuya intención es proteger el patrimonio de los propietarios a través de tres mecanismos de resarcimiento que son: fiducia en garantía, garantía bancaria o una póliza de seguro.
Desde ahora, los compradores de vivienda nueva tendrán un seguro que protegerá su patrimonio por 10 años en caso de que la estructura de la vivienda sufra daños o pérdidas totales. Este proyecto ha sido apoyado por la Cámara Colombiana de la Construcción y Fasecolda.
Luego de presentarse casos como el desplome del edificio Space en Medellín en octubre de 2013 y casos más cercanos como el edificio Altos del Lago de Rionegro el Ministerio de Vivienda anunció el decreto que protegerá las infraestructuras de llamados “malos constructores”.
“Al ser la Superintendencia la que va a reglamentar, va a generar un nuevo ramo para la póliza decenal. Como decía el ministro, ya hay un mercado asegurado como para desastres y este nuevo y por eso es fundamental la regulación de la SuperFinanciera”, expresó Sandra Forero, presidente Camacol a medios de comunicación.
Por su parte, un comunicado del Ministerio de Vivienda explica que, “de esta forma, las familias propietarias que reporten fallas en las viviendas serán indemnizadas (en dinero), en reconstrucción de la vivienda, o intervención para garantizar la estabilidad y seguridad de la construcción. En caso de que las familias requieran arrendamiento, el Gobierno Nacional otorgará un subsidio por un valor mensual de hasta 1,5 SMLMV”.
Los casos en los que deberá responder el constructor y vendedor estarán por fallas en el diseño, en la construcción, defectos en el material e incumplimiento en la norma de sismo resistencia. Asimismo, los mecanismos de protección serán la fiducia en garantía, garantía bancaria o una póliza de seguro.
Este decreto, aun así, no cobija eventos naturales como terremotos, inundaciones o externos como incendios, mal uso, falta de mantenimiento o daños por falta de mantenimiento.
Finalmente, el Ministerio de Vivienda tiene dos años para reglamentar la ‘Ley de Vivienda Segura’ en la que tendrá que ser más específico sobre los mecanismos de protección, dependiendo de las zonas de construcción de casas, ante quién deberá acudir el reclamante para obtener el beneficio, entre otras variables.
