Por: Vanessa Montoya Chica – Comunicación Social UCO
E-mail: vanemontoyachica@gmail.com
En la vereda Aguas Claras, en el municipio de El Carmen de Viboral, el agua fluye por quebradas, nacimientos y montañas verdes, pero no siempre llega a los hogares que más la necesitan. Allí, la historia de Delio de Jesús Ocampo y su esposa Olga Inés Álvarez Arbeláez refleja una paradoja que atraviesa a buena parte de la comunidad: vivir rodeados de riqueza hídrica y, aun así, no contar con acceso formal al servicio de acueducto.
Delio, campesino de 75 años, y Olga Inés, de 63, llegaron desplazados en 2010 desde el municipio de La Unión, tras haber sido forzados a abandonar su tierra por la violencia. Desde entonces han vivido en casas arrendadas, primero en condiciones precarias y luego en un pequeño lote que lograron adquirir con años de trabajo informal y sacrificios. Su mayor anhelo es sencillo: construir una pieza donde no se mojen y contar con agua potable. Sin embargo, ese sueño sigue en pausa.
El acceso al agua en Aguas Claras está mediado por la capacidad del acueducto veredal, una organización comunitaria con más de cuatro décadas de historia. Actualmente, el sistema abastece a más de 1.500 suscriptores, lo que representa cerca de 6.000 usuarios, pero enfrenta serias limitaciones técnicas y financieras. Así lo explica Yaquelin Chica López, líder comunitaria, integrante de la Junta de Acción Comunal y delegada ante la Asociación de Usuarios del Acueducto de Aguas Claras.
Según relata, los principales problemas son la insuficiente capacidad de almacenamiento y el déficit de recursos para ampliar la infraestructura. El acueducto funciona con tanques limitados y una red que, en gran parte, sigue siendo obsoleta debido a años de falta de inversión. Aunque en la administración actual se han hecho esfuerzos por renovar tuberías y fortalecer la operación, las restricciones continúan.
El acueducto depende de concesiones otorgadas por Cornare, autoridad ambiental encargada de regular el uso del recurso hídrico. Actualmente cuenta con dos concesiones, una de ellas reciente. Sin embargo, aprovechar plenamente esa nueva fuente requeriría un sistema de bombeo, ya que el acueducto opera por gravedad. La inversión necesaria es alta y, por ahora, inalcanzable. Por esa razón, desde 2022 no se han vendido nuevos derechos de agua y más de 200 familias permanecen en lista de espera.
Los llamados “nuevos derechos” que algunos habitantes perciben como ventas recientes corresponden, en realidad, a procesos de regularización. Se trata de conexiones antiguas e irregulares, generalmente de familiares que se habían conectado a derechos existentes dentro de un mismo predio. Estos casos fueron formalizados bajo una amnistía, pero no representan ampliación de cobertura.
La historia de Delio evidencia el impacto humano de esta situación. Tras adquirir su lote, inició el trámite para obtener el servicio de agua, pero se encontró con una larga lista de espera. Intentó en otros acueductos cercanos y acudió incluso a la alcaldía municipal, sin obtener una solución concreta. Tanto él como su esposa están clasificados en categoría A del Sisbén, correspondiente a pobreza extrema, y no reciben ayudas estatales.
Mientras tanto, Delio sobrevive con trabajos ocasionales en fincas vecinas, ganando algunas semanas 200 mil pesos y otras nada. Su casa propia sigue siendo un terreno vacío, al lado de la vivienda arrendada, esperando el permiso para que el agua llegue por primera vez. A pesar del cansancio y la enfermedad, no pierde la fe ni la esperanza de ser escuchado.
El acueducto de Aguas Claras, sin embargo, es también una historia de organización y resistencia comunitaria. Fundado en 1979 gracias al liderazgo de la Hermana Emilia Uribe y un grupo de campesinos, comenzó con un pequeño tanque que abastecía a 34 viviendas. Con los años, la comunidad se organizó, obtuvo personería jurídica y amplió la cobertura, consolidándose como una asociación sin ánimo de lucro legalmente constituida.
Hoy, el sistema cuenta con tres captaciones, varios tanques de almacenamiento, filtros y medidores, todos monitoreados por las autoridades ambientales y de salud. Más allá de la infraestructura, el acueducto ha promovido procesos de educación ambiental, jornadas de reforestación y una cultura comunitaria que entiende el agua como una herencia colectiva.
La administración actual reconoce los retos: una concesión insuficiente, décadas de rezago en inversión y problemas de ordenamiento territorial, como la venta de lotes sin garantía de acceso al agua. Frente a ello, la prioridad ha sido garantizar la sostenibilidad del servicio, incluso si eso implica decirle a la comunidad que debe esperar.
En Aguas Claras, el agua no es solo un recurso. Es símbolo de dignidad, de lucha y de futuro. Entre quebradas generosas y grifos vacíos, la comunidad sigue buscando caminos para que la abundancia natural se traduzca, algún día, en justicia hídrica para todos.
