Por: Carlos Humberto Gómez
Lo que comenzó en 2011 como una ambiciosa inversión industrial de 15 mil millones de pesos terminó convirtiéndose en una de las batallas jurídicas y sociales más emblemáticas del Oriente Antioqueño. El caso de Nopco Colombiana S.A. contra el municipio de Marinilla no solo puso en juego el presupuesto local, sino que sentó un precedente sobre el uso del suelo y el alcance de la movilización ciudadana.
La chispa se encendió cuando la Secretaría de Planeación de la administración municipal del periodo 2008–2011 otorgó una licencia de construcción a Nopco para una planta de químicos en la vereda Belén. Sin embargo, con la llegada de una nueva administración y la presión de colectivos como “Marinilla Ciudadana”, salió a la luz una inconsistencia de fondo: el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no permitía la instalación de industria química pesada en esa zona.
El obstáculo definitivo para la empresa no fue únicamente administrativo, sino ambiental. La autoridad regional, Cornare, tras una audiencia pública marcada por el rechazo de la comunidad, decidió negar la licencia ambiental al proyecto. Los argumentos fueron claros: la actividad química resultaba incompatible con el uso del suelo y el proyecto no cumplía con los términos de referencia exigidos para mitigar impactos sobre los recursos naturales del área.
Ante la imposibilidad de operar, Nopco inició una serie de acciones legales que pusieron a Marinilla contra las cuerdas. La empresa interpuso demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, con pretensiones indemnizatorias que oscilaron entre los 15 mil y 25 mil millones de pesos, una cifra cercana al presupuesto anual del ente territorial para esa época.
De manera paralela, Nopco intentó que se reconociera el fenómeno del silencio administrativo positivo para validar reformas a su licencia original. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Antioquia falló a favor del municipio, al considerar que durante la construcción se habían vulnerado normas urbanísticas.
Mientras los procesos avanzaban en los estrados judiciales, la comunidad de Marinilla se movilizó de manera sostenida. Marchas multitudinarias y una vigilancia constante reforzaron la posición de la Alcaldía. En los últimos intentos de conciliación, el municipio mantuvo una postura firme: cualquier posibilidad de operación exigía el desmonte de la maquinaria destinada a la producción química y la limitación de las actividades a procesos físicos que no requirieran licencia ambiental.
El desenlace llegó el 11 de diciembre de 2025, cuando la sección primera del Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y negó las pretensiones de la sociedad NOPCO Colombiana S.A. La empresa buscaba la nulidad de las resoluciones que le impusieron una multa por construir en contravención a la licencia otorgada, así como una indemnización superior a los 14.000 millones de pesos por perjuicios.
El alto tribunal precisó que, aunque la Secretaría de Planeación había otorgado la licencia de construcción 6274 en junio de 2011, la empresa realizó modificaciones sustanciales durante la ejecución de la obra. Nopco alegó haber solicitado una modificación de la licencia el 17 de febrero de 2012 y sostuvo que, ante la falta de respuesta dentro del término legal, operó el silencio administrativo positivo, protocolizado mediante la escritura pública 2810 del 31 de agosto de 2012.
No obstante, el Consejo de Estado advirtió que la propia empresa reconoció que la construcción de la planta había finalizado el 31 de mayo de 2012, es decir, antes de la protocolización del supuesto silencio administrativo. En consecuencia, concluyó que las modificaciones se ejecutaron sin autorización válida, ya fuera expresa o presunta.
Durante el proceso también se valoró el testimonio del ingeniero Jacobo Ortiz Vélez, interventor de la obra, quien explicó que las modificaciones en áreas como oficinas y laboratorios se realizaron desde la primera etapa del proyecto. Con base en ello, el Consejo de Estado determinó que las obras se adelantaron en contravención de la licencia vigente.
El litigio urbanístico se desarrolló en paralelo a la negativa de la licencia ambiental por parte de Cornare en 2012, decisión sustentada en estudios técnicos incompletos y en la incompatibilidad de los usos del suelo con la actividad industrial pretendida. A ello se sumó la oposición sostenida de la comunidad y de organizaciones locales, que señalaron riesgos para la población urbana cercana y contradicciones con el POT.
Con la decisión judicial de segunda instancia, el alto tribunal ratificó la sanción urbanística impuesta a la empresa, la cual quedó fijada en una multa de 117.900.000 pesos tras la reducción surtida en la vía gubernativa. Así, el caso Nopco quedó cerrado, dejando una huella profunda en la memoria institucional y social de Marinilla.
Testimonio de Julio González Villa, apoderado de la comunidad:
El fallo del Consejo de Estado confirmando el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia es de suma importancia, porque muchas personas de Marinilla inclusive estaban apoyando a Nopco, diciendo que cualquier discusión sobre el tema iba a afectar al municipio, inclusive personas muy importantes.
Yo, desde el principio, recuerdo que en las sesiones del Concejo de Marinilla me opuse a ello, porque, de entrada, ese proyecto requería de un trámite de licenciamiento ambiental por tratarse de una industria química. Cornare fue negligente, hubo intereses y se estaban violando las normas constitucionales y legales.
Y por eso movilizamos al pueblo; recuerdo que desde muy temprano, a las 4 de la mañana, con voladores despertamos a todo el mundo y tuvimos que ocupar la autopista Medellín-Bogotá para ir a Cornare. Le exigimos a Cornare que la licencia ambiental tenía que—o la audiencia pública ambiental—hacerse en Cornare. Eso fue un acto glorioso de lo que es un tema ambiental apropiado por la misma comunidad.
Creo que finalmente esto da ya punto final a todo, porque muchos tenían temor —y vuelvo a repetir, personas muy importantes— de que iban a quebrar a Marinilla porque iban a ganar. No podían ganar, no podían ganar, porque Cornare se equivocó, inclusive el municipio de Marinilla al principio sí al dar la licencia de construcción. Pero se manejó bien y triunfó la justicia, triunfó el ordenamiento jurídico y triunfó la comunidad que hizo respetar unos derechos evidentes y clarísimos.
Esto es un castigo a la ligereza y creo que a la corrupción, porque era evidente el trámite que debía darse, era evidente que Nopco era una industria química. Pero había gente empeñada en sacar adelante cualquier interés particular sobre el caso.
A mí me llena de satisfacción porque este caso lleva 15 años. Nos sentimos muy satisfechos, orgullosos, muy contentos y se deja cerrado el caso de Nopco.
