Según una encuesta realizada por Fenalco a 919 empresarios de distintos sectores y regiones del país, la nueva reforma laboral sancionada en junio de 2025 podría tener un impacto significativo en los costos operativos y la contratación de personal. Los resultados muestran que el 87% de las empresas no planea incrementar su planta de trabajadores en el segundo semestre del año, mientras que el 67% anticipa un aumento en sus gastos laborales.
Precisaron desde Fenalco Nacional que uno de los puntos más criticados es la obligatoriedad de priorizar contratos a término indefinido, medida que el 44% de los empresarios considera «muy preocupante» por limitar la flexibilidad operativa. Asimismo, el cambio en los contratos de aprendizaje —que ahora exigen obligaciones plenas para el empleador— generó rechazo en el 39% de los encuestados, quienes advirtieron un incremento en los costos y una posible reducción en la contratación de aprendices.
Según dijo la entidad gremial, los ajustes en las jornadas diurnas y nocturnas también han causado alarma, con el 52% de las empresas anticipando un «aumento importante» en pagos por recargos. El incremento progresivo del recargo por trabajo en domingos y festivos —hasta alcanzar el 100%— fue señalado como un «impacto financiero grave» por el 46% de los comerciantes, especialmente aquellos con operaciones los fines de semana.
Frente a estos desafíos, las empresas evalúan estrategias como ajustar horarios (23%), reducir personal (18%) o invertir en automatización (16%). Solo el 3% de los encuestados cree que la reforma incentivará la generación de empleo, mientras que el 77% considera que la desincentivará.
Fenalco destacó que el contexto actual ya mostraba señales de enfriamiento en el mercado laboral, con un crecimiento concentrado en el trabajo por cuenta propia y 16 meses consecutivos de caída en el empleo formal del comercio minorista. La entidad reiteró su postura crítica frente a la reforma y su compromiso con buscar soluciones que equilibren derechos laborales y competitividad empresarial.
La encuesta incluyó respuestas de pymes (90%), grandes empresas (4%) y microempresas (6%) en más de 25 ciudades del país. «Los resultados se presentaron como un insumo para el debate público de cara a las elecciones presidenciales del próximo año», dijo el gremio de los comerciantes.
Presidente dice que reforma laboral es una herramienta contra la precarización
Sin embargo, el gobierno de Gustavo Petro insiste en que su reforma laboral mejoró las condiciones de los trabajadores y redujo la informalidad en Colombia. Una de los logros es la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales sin disminución salarial. Según el mandatario, esta medida permitió una mejor distribución del tiempo entre vida personal y trabajo, además de incentivar la contratación de más personal para cubrir los turnos necesarios.
Otro punto clave es la modificación en el pago de horas extras y nocturnas. La iniciativa buscó eliminar exenciones que actualmente permiten a ciertos sectores evadir el pago de estos recargos, con el objetivo de garantizar remuneraciones más justas para los empleados. La reforma también abordó el trabajo en plataformas digitales, como Rappi y Uber, con el fin de reconocer derechos laborales básicos para estos trabajadores, incluyendo acceso a seguridad social y salario mínimo.
La reforma -según dice- fortaleció la negociación colectiva, ampliando la capacidad de sindicatos y empleados para definir condiciones laborales. Además, puso límites a la tercerización, práctica que, según el gobierno, ha facilitado la precarización al debilitar los vínculos contractuales directos.
En materia de equidad de género, contempló ajustes como la extensión de licencias de paternidad y protecciones especiales para madres y cuidadores. Petro sostiene que estas medidas contribuyen a cerrar brechas en el mercado laboral.
Mientras el Ejecutivo asegura que la reforma dignificó el empleo y redujo la desigualdad, voces críticas, especialmente del sector empresarial, insisten sobre aumentos en los costos laborales y un impacto negativo en la generación de empleo formal.
