De acuerdo a un informe de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño, que fue presentado en el teatro Simona Duque del municipio de Marinilla, recientemente, se evidencia la presencia en el Oriente antioqueño de cuatro estructuras grandes ligadas al narcotráfico, cuya operatividad ha venido generando confrontaciones que se traducen en inseguridad y que tienen fuerza en la zona Páramos y en municipios del Altiplano como El Carmen de Viboral, Rionegro y Marinilla.
El investigador Fabián Restrepo le dijo a La Prensa Oriente que “nosotros logramos identificar dos dinámicas. Una, que son las zonas de cultivo y procesamiento, particularmente en las zonas de Embalses y Bosques, donde hay un aumento importante de cultivos y laboratorios, pero no de enfrentamientos entre las estructuras, y una segunda dinámica en los sectores de tránsito y comercialización, en donde se presentan las confrontaciones, especialmente en la zona de Páramos, en los municipios de La Unión y Sonsón y hasta mediados del 2021 en El Carmen de Viboral, en Marinilla con menor intensidad y en Rionegro”.
Sobre estas estructuras que antes se consideraban paramilitares, el investigador explicó que hay un cambio en la conformación y el funcionamiento, pero representan la continuidad de los grupos que en su momento recibieron la denominación de paramilitares. “Lo que hoy se denomina Clan Oriente, es la continuidad de lo que en su momento fueran las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y uno de los mandos importantes de esas autodefensas fue alias “Terror”, quien ahora comanda el Clan Oriente en la zona de Páramos.
“Lo que el informe demuestra, es que en el Oriente antioqueño, la presencia de actores armados es amplia y eso implica presencia territorial, presencia de hombres, recursos de armas y financieros y lo que se quiere resaltar es que no son grupos que hacen presencia de la nada, sino que son estructuras que se demoran muchos años en conformar y nosotros creemos que son justamente las continuidades de esos ejércitos que se llamaban paramilitares y que ahora son grupos armados con capacidad de operación”, sostuvo Restrepo.
A manera de recomendación, el investigador manifestó que “creemos que es necesario, sobre todo para construir escenarios de paz, que las comunidades y las organizaciones civiles se acerquen con las instituciones, que sea un trabajo de ambas partes, teniendo en cuenta que estamos en un territorio de más de 60 años de guerra, lo cual ha creado una serie de temores, de resistencias, de distancias y esas brechas hay que cerrarlas”.
Hay omisión del Estado
Para el defensor de derechos humanos, Óscar Yesid Zapata, esos grupos a que se refiere el informe, siguen generando fenómenos de violencia muy graves entre la población, como los homicidios selectivos, las desapariciones, los desplazamientos forzados y otras formas de violencia como la extorsión y el lavado de activos.
A su juicio, “En el informe también encontramos la omisión del Estado colombiano de posibles nexos entre actores estatales que permiten ese tipo de presencia armada. Encontramos en todos los municipios la presencia de por lo menos un grupo paramilitar y otras subestructuras que son también las encargadas de generar ese control social contra la población. Yo creo que eso es en gran parte la preocupación que tenemos, por la ausencia del Ministerio Público para investigar y sancionar posibles acciones u omisiones, como también la omisión de la Fiscalía General de la Nación para tratar de identificar a los responsables directos y desmantelar estos grupos como tal”.
El defensor sostuvo que puede que el Oriente sea una zona muy calmada, muy tranquila, pero hay grupos que están generando extorsión, amenazas, desplazamientos, desapariciones forzadas y es Rionegro el municipio con más cifras de estos fenómenos. Cuando estos grupos generan ese tipo de violencia, parece ser que el fenómeno es invisibilizado por la institucionalidad en su conjunto.
Sobre eventuales soluciones, Zapata sostuvo que lo primero es que la institucionalidad tiene que cumplir su función. “No vemos una fiscalía tratando de identificar esos grupos y desmantelarlos. Vemos una policía que tampoco está cumpliendo la función de proteger a las personas, entonces creo que lo que hay que hacer es un fortalecimiento total de la institucionalidad, pues hay normas que le exigen al gobierno una política pública para el desmantelamiento de esas estructuras paramilitares y hasta el momento no se ha avanzado en eso”.
Crisis humanitaria
Para Jairo Serna Sánchez, profesor de la Universidad Católica del Oriente y asesor de la Mesa de Derechos Humanos, hay una crisis humanitaria en el Oriente antioqueño, lo cual sustenta, indicando que los datos en sí mismos son horrorosos. Habló de 150 personas asesinadas en un solo año, es decir, “esto es un campo de guerra”.
De otro lado, el problema del desplazamiento forzado que en su momento le costó a la región más de 120.000 personas expulsadas del territorio por la guerra, ahora se está viendo el mismo fenómeno y la crisis humanitaria se va manifestando. En diálogo con La Prensa Oriente, el docente afirmó que “decimos que ese desplazamiento es ahora del orden económico por la llegada de macroproyectos y grandes inversiones de capital, pero además porque las personas se quedan sin capacidad económica para habitar su territorio y le toca salir y eso es otra forma de desplazamiento que llamamos “victimización por el desarrollo”, lo anterior complementado por las cientos de licencias que se están otorgando en el territorio para explotaciones hidroeléctricas y de minería, que no respetan las condiciones de la cultura de los campesinos”.
Es un proceso de “descampesinación” que se está traduciendo en problemas de seguridad alimentaria que el país va a tener que afrontar, dada la manera como viene aumentando la importación de alimentos, precisó finalmente el profesor Serna Sánchez.
