Por: Jesús Gonzalo Martínez C.*
En nuestra democracia parece una regla difícil de evitar el que la comunión y entendimiento de gobernante y pueblo solo existan en el proceso de campaña electoral, porque logrado el objetivo, el elegido se entroniza en el poder y rodeado de su séquito se aferra al código de sus razones, que es el mismo de sus verdades absolutas, de lo incontrovertible y lo que no se puede contrariar; gobierna con el rigor de la norma de cara al ciudadano de a pie, pero poco le importa observarla y cumplirla al interior de la institución porque investido queda de aquello de aquí mando yo; de allí que en muchas decisiones del gobernante no quedan más caminos que la lamentación y la resignación, cuando más, el tomarle el pelo a la frustración y el descontento evocando a los Trovadores de Cuyo con aquello de “Canto para no llorar”.
Esto a propósito de los ruidos de malestar y descontento escuchados y manifestados por estos días frente a los hechos provocados por la Administración Municipal en la Biblioteca Pública, institución que han intervenido en sus espacios y servicios con afectaciones a su organización, condiciones de sus servicios, estado de conservación, uso de sus colecciones y disposición de espacios para unos mínimos de comodidad para el usuario-lector. Con el afán de ampliar los espacios para el Archivo de Gestión habían afectado en el 2010 los servicios de prensa y hemeroteca y reducido el beneficio de la luz natural del poniente que generosamente se filtraba a través de los grandes ventanales, los que hoy ya no cumplen la función para la que fueron pensados desde la aplicación de normas y requisitos técnicos. Ahora su afán ha sido ubicar allí el Archivo Histórico bajo el pretexto de la carencia de un espacio adecuado para tales fines, con clara demostración de su profundo desconocimiento de misión y funciones de la Biblioteca Pública y el Archivo Histórico, instituciones regidas por normas diferentes, muy distintos procedimientos técnicos, disímiles condiciones de conservación y consulta y servicios dirigidos a dos perfiles de usuarios con necesidades muy poco concordantes.
Protagonistas del malestar han sido los usuarios que consideran violentada la Biblioteca con decisiones y actuaciones propias de quienes la desconocen como servicio básico y un deber de las instituciones estatales de garantizar los derechos constitucionales de libre acceso a la información, el conocimiento y los contenidos de la cultura universal, también lo han sido las manifestaciones y reclamos de los ciudadanos que han interactuado en las dinámicas de los servicios y actividades de extensión de la Biblioteca en un ejercicio participativo de carácter permanente, caso de la Tertulia, el Grupo de Amigos y el programa radial “Rionegro, historia y pensamiento”, acciones en las que han decidido cesar, o por lo menos no realizar más al calor de los espacios de la Biblioteca. De una y otra manera usuarios y colaboradores han expuesto las razones de su descontento sin hallar eco alguno, recibiendo como respuesta total indiferencia por lo expresado en escritos de diferentes procedencias, actitud aquella propia de gobernantes atrapados por la robotización en su forma de gobernar, con disposición a las puertas aseguradas con los cerrojos de sus inmodificables decisiones, descalificación de los reclamos de los inconformes, convencidos como están de ser dueños absolutos de la verdad, infalibles en la certeza y pleno convencimiento de que darle la razón al ciudadano es mostrar debilidad de autoridad o falencias en su gobierno; ¡así es la autocracia y aún no existe píldora para combatirla!
El gobernante está demostrando desconocer que la Biblioteca y el Archivo son bienes de la cultura que exigen una mayor atención de las instituciones del Estado, actitud de responsabilidad y de garantía de las mejores condiciones para su funcionamiento. Desconocer la normatividad que las rige es una falta grave al ejercicio del gobierno, e ignorar a quienes defienden una y otro como servicios y bienes del patrimonio un mal mensaje para Colombia, pues ahora caerá ese telón que no dejaba ver las ampollas y mataduras permitiendo contemplar el errado camino por el que se ha conducido todo asunto y proceso cultural en esta ciudad; ese telón seguramente caerá como consecuencia de todas esas voces que venciendo la indiferencia y el miedo, se están atreviendo a pensar en voz alta y a expresar con claridad las razones de su descontento. Seguramente que de algún espacio institucional brotará el eco esperado por quienes hoy fingen reír para no llorar.
Incurrir en el error es normal en toda acción humana, caer en la equivocación un riesgo en toda decisión, pero en uno y otro caso el fracaso está en no escuchar y tampoco corregir; frente al poco dominio o desconocimiento de los asuntos técnicos de los servicios en cuestión, correspondía acudir al conocimiento de expertos, a lo que hizo caso omiso la Administración a sabiendas de su equivocación al afectar la Biblioteca Pública para, supuestamente, garantizar la salvaguardia y funcionamiento del Archivo histórico. Seguramente no existe la menor intención de enmendar y reparar el daño porque la soberbia y señorío del poder no contemplan tal posibilidad y así su conciencia será plena en asumir las consecuencias. Por ahora toca decir que son muchos los afectados, muchos los marginados de la Biblioteca Pública y muchos los que se han desencantado de los asuntos de la política y las instituciones, tal vez ya poco creyentes en aquello del ejercicio de la política y el gobierno como misión de cara a las necesidades y expectativas del pueblo.
Siempre existirá la esperanza en mejores tiempos venideros y en el resurgir de una conciencia capaz de volver el orden en ciertos asuntos sobre la ruta del camino ideal.
* Bibliotecólogo y escritor rionegrero.
*Las opiniones expresadas en esta columna de opinión son de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa Oriente.
