El Tribunal Superior de Antioquia condenó en segunda instancia al exalcalde de Marinilla, Gildardo Hurtado Alzate, a una pena de diez años de prisión dentro del proceso que analizó la adjudicación de seis terrenos baldíos durante su primer periodo de gobierno (2012–2015). La Sala de Decisión Penal concluyó que en esos actos administrativos se configuraron varios delitos y determinó imponer una de las penas más altas contempladas para este tipo de conductas. Según se precisó, la decisión no está en firme, pues el exmandatario aún puede acudir a la Corte Suprema de Justicia mediante recurso de casación.
Hurtado Alzate, en dos declaraciones públicas, expuso su versión sobre los hechos. Indicó que, desde el momento en que tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades, se puso a disposición de las autoridades y conformó un equipo técnico y jurídico para revisar el caso. Sostuvo que esa revisión evidenció que los predios habían sido adjudicados a familiares de funcionarios de la época encargados de proyectar los actos administrativos correspondientes.
El exalcalde afirmó que, con base en esa información, promovió acciones legales para la restitución de los terrenos y que estas devoluciones se realizaron con el consentimiento de los particulares involucrados. Agregó que, a su juicio, los lotes no pertenecían al municipio ni a ninguna entidad estatal, y que uno de ellos habría correspondido a un propietario privado.
También señaló que la Contraloría General de Antioquia archivó un proceso de responsabilidad fiscal relacionado con los mismos hechos. Según su testimonio, el organismo concluyó que no existían bienes públicos comprometidos ni afectación patrimonial, decisión consignada en un auto del 4 de febrero de 2025. Explicó que ese documento fue aportado como prueba sobreviniente, pero que no fue valorado por el Tribunal.
En su defensa hizo referencia además a una exfuncionaria investigada en el proceso. Indicó que esta persona aceptó tres de cuatro delitos imputados en un preacuerdo con la Fiscalía y que, en sus declaraciones, manifestó que él no había participado en las maniobras investigadas. Dijo que, con base en esa versión, decidió aspirar nuevamente a la Alcaldía en 2019 y resultó electo para el periodo 2020–2023.
Hurtado expresó que le sorprendió la decisión de segunda instancia, puesto que —según afirmó— la Fiscalía había solicitado su absolución tras concluir que había sido instrumentalizado por funcionarios que proyectaron los actos administrativos. Consideró que el fallo se soportó principalmente en su firma en los documentos.
En sus declaraciones sostuvo que continúa en libertad y sin inhabilidad para trabajar, y anunció que presentará recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia para buscar una revisión del fallo del Tribunal Superior de Antioquia.
Alcalde de Marinilla denunció en 2017
En marzo de 2017, el entonces alcalde de Marinilla, Edgar Augusto Villegas Ramírez, presentó denuncias formales ante la Fiscalía Seccional de Marinilla y la Contraloría General de Antioquia para que se investigaran presuntas irregularidades en la incorporación de bienes baldíos del municipio. Si bien el documento evitó mencionar de manera directa a posibles responsables, es claro que los señalamientos se dirigían a actos administrativos firmados durante la administración de Gildardo Hurtado.
Según la denuncia radicada ante la Fiscalía, Villegas solicitó investigar eventuales responsabilidades de Edwin Norbey Posada Castaño, excontratista del municipio, así como de cualquier servidor público o funcionario de la administración municipal o de otras entidades que pudiera estar implicado.
En el escrito dirigido a la Contraloría el 13 de marzo de 2017, Villegas pidió abrir investigación fiscal para determinar si existían responsabilidades por la gestión de los baldíos y, de ser el caso, aplicar las sanciones correspondientes.
