El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, manifestó su rechazo a la presencia de reconocidos jefes criminales en un acto público en Medellín. El evento, realizado el pasado sábado, generó controversia y fue rechazado por diversas instituciones, gremios económicos, así como por autoridades locales y nacionales. Entre los críticos se destacan el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, junto con organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
En su comunicación, el gobernador Rendón cuestionó el marco jurídico que permitió la salida de estos reclusos de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. «¿Con qué figura legal salieron estos bandidos de prisión? ¿Hay decisiones judiciales que respalden su presencia en un acto público sin medidas de seguridad?», preguntó. Según dijo el mandatario, algunos de los criminales que acompañaron al presidente Petro están actualmente condenados por delitos graves, como homicidios, extorsión y reclutamiento de menores.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPEC) y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, habrían autorizado la salida temporal de estos reclusos como parte de una mesa de negociación para la paz urbana. Sin embargo, desde el Gobierno de Antioquia se cuestionó la legalidad del procedimiento. «¿Puede el ministro de Justicia o el INPEC sacar presos a su antojo? Esto afecta la separación de poderes y el Estado de Derecho», afirmó Rendón.
El alcalde Federico Gutiérrez, quien ha mantenido una postura crítica frente a la política de seguridad del Gobierno Nacional, respaldó las declaraciones del gobernador. Según ha manifestado, durante su administración, Medellín ha logrado capturas significativas de integrantes de bandas criminales, algunos de los cuales aparecieron en el acto del sábado. «Buena parte de estos criminales están en la cárcel gracias al trabajo de nuestras autoridades», recordó Gutiérrez.
La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo también expresaron preocupación por el hecho, señalando la necesidad de garantizar que estos procesos no vulneren los derechos de las víctimas ni promuevan la impunidad. «Respeten a las víctimas, respeten a los soldados y policías, respeten a las instituciones», insistió el gobernador Rendón.
Iris Marín, Defensora del Pueblo dijo sobre esto, “Que los responsables de los crímenes más graves, como el homicidio, desaparición forzada, reclutamiento, uso de niños en actividades criminales, la violencia sexual, entre otras, estén y se vean sumisos ante la ley. Las tarimas no son un lugar propicio para los responsables de los crímenes. El lugar de los responsables es la sanción penal, el reconocimiento de su responsabilidad frente a las víctimas, dando y diciendo la verdad”.
El evento reavivó el debate sobre la estrategia del Gobierno Nacional en materia de seguridad y justicia. En su cuenta de la red social X, el presidente Petro defendió el acto, “Medellín no se pone en riesgo si se busca la paz de las comunas populares. Medellín se pone en riesgo si se ponen corruptos en la administración y asesores exfiscales a incidir en las fiscalías de Antioquia, para obtener la cárcel de los opositores”. Mientras el presidente Petro defiende el diálogo como herramienta para reducir la violencia, autoridades locales y regionales advirtieron sobre los riesgos de legitimar a actores armados. «Colombia está mirando a Antioquia, no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Aquí defendemos la legalidad y apoyamos a nuestras fuerzas de seguridad», concluyó el gobernador.
La polémica ocurre en un contexto electoral, donde las tensiones entre el Gobierno Nacional y las regiones se han intensificado. Mientras el presidente Petro aseguró que «si Antioquia cambia, cambia Colombia», el gobernador Rendón respondió: «Si Antioquia resiste, Colombia se salva».
La situación sigue generando reacciones en el ámbito político y jurídico, mientras se espera que las autoridades competentes aclaren los procedimientos que permitieron la participación de los reclusos en el acto público.
