La Federación Nacional de Departamentos (FND), en representación de los 32 gobernadores del país, expresó su rechazo a la implementación del Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional introdujo cambios al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y productos similares, así como al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, con el argumento de atender gastos del Presupuesto General de la Nación en el marco del estado de emergencia.
En un comunicado dirigido al Ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, los mandatarios departamentales advirtieron que las medidas contenidas en el decreto afectan la autonomía fiscal, política y administrativa de los departamentos, consagrada en la Constitución, y que además alteran de manera estructural el régimen de las rentas territoriales. Según la FND, aunque la Constitución autoriza al Gobierno Nacional a expedir decretos legislativos durante estados de excepción, estas facultades no son ilimitadas y deben respetar principios como la proporcionalidad, la necesidad y la conexidad, así como el modelo de Estado descentralizado.
En el documento los gobernadores señalaron que el impuesto al consumo es una de las principales fuentes de financiación departamental, al representar cerca del 47 % de los ingresos tributarios de los departamentos, y que los recursos provenientes de licores y cigarrillos se destinan principalmente a salud, educación y deporte. En ese sentido, cuestionaron que se incluyan modificaciones a estos tributos dentro de un decreto orientado a financiar el presupuesto nacional, cuando se trata de rentas cedidas que no hacen parte del Presupuesto General de la Nación.
En el comunicado también se advierte sobre el impacto económico y social que podrían generar las nuevas disposiciones, especialmente en relación con el aumento del contrabando y la ilegalidad. Según datos citados por la FND, el contrabando de cigarrillos alcanzó en 2024 un 36 %, el nivel más alto registrado en más de una década, mientras que cerca del 22 % del licor que se consume en el país sería de origen ilegal, lo que afecta gravemente las finanzas territoriales y la salud pública.
Los jefes departamentales expresaron su preocupación por el endurecimiento del esquema tributario y la imposición de tarifas mínimas uniformes, medidas que, a su juicio, reducen el margen de maniobra de los gobiernos departamentales para administrar el monopolio rentístico de licores y diseñar políticas acordes con las realidades de cada territorio.
Finalmente, la Federación Nacional de Departamentos enfatizó su rechazo a las medidas contempladas en el Decreto 1474 de 2025 y solicitó al Gobierno Nacional replantear su implementación, al considerar que profundizan el centralismo fiscal y ponen en riesgo la sostenibilidad financiera de los departamentos. Los gobernadores propusieron la instalación de una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda para buscar alternativas que permitan atender las necesidades fiscales del país sin vulnerar los principios constitucionales de descentralización y autonomía territorial.
