El drama de los hipopótamos en el Magdalena Medio antioqueño se ha convertido en un emblemático caso de estudio sobre los desafíos que enfrenta Colombia para manejar especies invasoras. Lo que comenzó como un capítulo más del extravagante zoológico privado de Pablo Escobar en la Hacienda Nápoles, se ha transformado cuatro décadas después en un complejo problema ecológico, social y administrativo que sigue sin resolverse.
La historia de estos mamíferos en Colombia comenzó en 1980 cuando el narcotraficante introdujo clandestinamente cuatro ejemplares (tres hembras y un macho) desde África. Tras la muerte de Escobar en 1993 y la incautación de sus propiedades, los animales quedaron bajo custodia del Estado a través de la Sociedad de Activos Especiales. Sin embargo, la falta de control permitió que comenzaran a reproducirse y dispersarse por la región.
Las primeras alarmas se encendieron en 2007 cuando campesinos reportaron avistamientos fuera de la hacienda. Un estudio realizado entonces por Cornare con apoyo de la Fundación Humboldt contabilizó 16 individuos. Quince años después, las estimaciones hablan de entre 160 y 200 ejemplares que han colonizado ríos y humedales del Magdalena Medio, particularmente en jurisdicción de Puerto Triunfo.
En respuesta a esta situación, el Ministerio de Ambiente declaró a los hipopótamos como especie exótica invasora y adoptó un Plan de Manejo Integral. Este documento, elaborado con participación de expertos nacionales e internacionales, proponía cuatro líneas de acción: traslado a zoológicos extranjeros, esterilización quirúrgica, confinamiento en áreas delimitadas y, como último recurso, eutanasia para algunos ejemplares.
Sin embargo, a la fecha el plan sigue siendo letra muerta. Durante un reciente debate en la Asamblea de Antioquia, se evidenció que ninguna de las medidas se ha implementado a escala significativa. «Tenemos un instrumento técnico robusto pero falta voluntad política para ejecutarlo», se escuchó en la duma departamental ante la ausencia de representantes del Ministerio en el debate.
Frente a la inacción nacional, Cornare y Corantioquia han intentado contener el problema con recursos limitados. Hasta la fecha han esterilizado 33 hipopótamos mediante un complejo procedimiento que cuesta aproximadamente $40 millones por individuo y han trasladado ocho ejemplares a zoológicos nacionales. También construyeron un cerramiento perimetral en parte de la Hacienda Nápoles para intentar confinar a algunos grupos.
El intento más ambicioso ocurrió en 2023 cuando, con apoyo de la Asociación de Zoológicos y Santuarios de México, se preparó el traslado de 70 hipopótamos (60 a India y 10 a México). Se diseñaron guacales especiales, se obtuvo permiso para usar el aeropuerto Germán Olano y se contaba con financiación internacional. Pero el proceso se frenó cuando el Ministerio de Ambiente no respondió a las solicitudes de permiso. «Fue una oportunidad perdida que no sabemos si se podrá repetir», afirmó Javier Valencia González, director de Cornare.
Un conflicto socioambiental complejo
La controversia sobre los hipopótamos trasciende lo ambiental y se ha convertido en un tema cultural y económico para las comunidades locales. En Puerto Triunfo, donde una escultura de hipopótamo adorna el parque principal, muchos habitantes los consideran parte de su identidad y un atractivo turístico.
Tania Galindo, directora de la Comisión Protectora de la Vida de los Hipopótamos, argumenta que «hemos aprendido a convivir con ellos» y cuestiona que se les catalogue como amenaza cuando actividades como la ganadería extensiva o la minería han causado mayores impactos ambientales en la región. Su organización promueve alternativas como el ecoturismo responsable y programas de educación ambiental.
No obstante, científicos como el biólogo Rafael Moreno advierten sobre los riesgos ecológicos: «Estamos ante el mayor caso de invasión de megafauna fuera de África. Los hipopótamos alteran los ecosistemas acuáticos, compiten con especies nativas y pueden transmitir enfermedades». Estudios recientes muestran cambios en la química del agua y disminución de peces nativos en áreas donde se han establecido.
Los conflictos entre hipopótamos y comunidades van en aumento. Según registros de Cornare, en los últimos cinco años se han reportado al menos 15 encuentros agresivos, incluyendo un caso fatal en 2020 cuando un campesino murió tras ser embestido. Los daños a cultivos y cercados también generan pérdidas económicas para pequeños productores. Expertos en dinámica poblacional proyectan que, de no mediar intervenciones drásticas, la población podría superar los 1.000 individuos en 20 años, expandiéndose hacia la cuenca del río Magdalena.
El debate en la Asamblea de Antioquia dejó en evidencia que el cuello de botella está en Bogotá. Mientras el Ministerio de Ambiente no active los mecanismos previstos en su propio plan ni destine los recursos necesarios, las corporaciones autónomas regionales seguirán haciendo esfuerzos aislados e insuficientes.
Ante este panorama, organizaciones ambientales preparan una acción de cumplimiento para obligar al Gobierno Nacional a actuar. Mientras tanto, los hipopótamos siguen reproduciéndose y expandiendo su territorio, convirtiendo lo que alguna vez fue una curiosidad turística en un creciente problema ecológico y de seguridad pública. El caso evidencia los desafíos que enfrenta Colombia para gestionar especies invasoras en un contexto donde se entrecruzan intereses ambientales, económicos y culturales, y donde la falta de coordinación institucional puede tener consecuencias irreversibles para los ecosistemas.
