Alejandro Pérez.
Durante esta legislatura “de cambio” —según dicen unos— se han presentado algunas propuestas de proyectos de ley que pueden considerarse, quizá, un poco salidas de lo común, pero que gran parte de la población apoya. Acá puedo contar —sin extenderme— la propuesta para prohibir las corridas de toros, que se hundió por tres votos y que los animalistas esperan revivir en un proyecto que pretende acabar con los espectáculos que involucren animales. El artículo de la reforma tributaria que proponía gravar las actividades no religiosas y las funciones no sociales de las iglesias, que gracias al poderoso lobby y la presión de las comunidades religiosas en el congreso no logró la conciliación de los textos (pues se hundió en Senado y pasó en Cámara). Y la regulación del cannabis de uso adulto.
No sé si tenga que hacer la claridad de que yo no soy un usuario del cannabis, porque al fin de cuentas eso no cambia la opinión que voy a emitir acá. Puede que usted, lector, que tiene en sus manos este periódico, sea usuario —o no—, o puede que la persona que tenga al lado en el transporte público, la cafetería de la universidad, la fila del banco o en el trabajo, sí lo sea —o no—, pero sí hay algo de lo que tenemos que estar seguros y es que la guerra contra las drogas, fracasó, incluso antes de empezar. Seguro el señor Nixon, cuando emprendió medidas para mitigar el consumo de sustancias en los Estados Unidos, por allá en 1973, olvidó momentáneamente la prohibición —del alcohol— de 1920 y las consecuencias que durante trece años tuvieron los estados en Ley Seca: contrabando, mafias y muertes. Las mismas consecuencias que tenemos ahora en nuestro país.
En este momento las posibilidades para que un colombiano pueda acceder al cannabis son dos: autocultivo y compra ilegal. El decreto 811 de 2021 define el autocultivo como la “pluralidad de plantas de cannabis en número no superior a veinte unidades, de las que pueden extraerse estupefacientes exclusivamente para uso personal, limitándose a personas naturales”.
Lo cierto es que al crear un mercado regulado los consumidores van a poder llegar a esta sustancia de una forma legal y no haciendo parte de la maquinaria de la mafia que, a través del microtráfico, mueve cantidades inimaginables de dinero, y que no van a poner en riesgo su salud, pues la producción no se hará en la clandestinidad mediada por procesos dudosos. Y sin duda, la gran ventaja que trae un mercado legal del cannabis es la posibilidad de poder aprovecharse de los ingresos de este rubro, como se hace en este momento con el alcohol.
Para terminar, quiero contarle, señor lector, que con esta propuesta de regular no se está inventando el agua tibia y es que hasta junio de este año el cannabis de uso adulto es legal en Malta, Uruguay, México, Canadá, Georgia, Sudáfrica, Holanda, Jamaica, Portugal y en 16 estados de los Estados Unidos.
*Las opiniones expresadas en esta columna de opinión son de exclusiva responsabilidad de su autor y no reflejan, necesariamente, los puntos de vista de La Prensa Oriente