En una sesión extraordinaria convocada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se lleva a cabo el segundo debate del proyecto de ordenanza #59 de 2024, que propone la creación de una tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento. Los alcaldes de varios municipios del Oriente Antioqueño expusieron sus puntos de vista y argumentos a favor de esta medida.
El alcalde de Sonsón, Juan Diego Zuluaga, subrayó la gravedad de la situación de seguridad en su municipio, que ha registrado un aumento significativo en los homicidios. “Este año ya llevamos 29 homicidios, un número que triplica la cifra del año anterior”, comentó Zuluaga, quien destacó las dificultades financieras para enfrentar el problema. “El presupuesto para seguridad es insuficiente. Nosotros destinamos 400 millones para alimentar a las personas privadas de la libertad (PPL), el 50% del presupuesto de seguridad se gasta en el mantenimiento de nuestras bases militares y estaciones de policía, y una cuarta parte se destina al mantenimiento de vehículos”, explicó el alcalde.
Zuluaga también planteó que la violencia en su municipio está vinculada principalmente al sicariato, con grupos criminales que operan desde fuera del municipio. “La mayoría de los homicidios en Sonsón están relacionados con sicariato, que se ordena desde fuera del Oriente antioqueño y desde el Área Metropolitana. Los delincuentes saben dónde vivimos y cómo nos movemos”, indicó. Ante este panorama, Zuluaga expresó que el municipio no tiene los recursos suficientes para fortalecer la fuerza pública y las inversiones sociales necesarias para combatir el crimen de manera efectiva.
Por su parte, la alcaldesa de La Ceja, Ilbed Santa, también apoyó la medida y destacó la necesidad de fortalecer la seguridad en el Oriente Antioqueño mediante la creación de una policía metropolitana que integre a los 23 municipios de la subregión. “Con esta policía metropolitana podríamos aumentar el número de cuadrantes, mejorar la operatividad policial y resolver los problemas de jurisdicción en los territorios limítrofes entre municipios”, afirmó Santa. Según la alcaldesa, la falta de coordinación y recursos ha complicado la lucha contra la delincuencia en la región.
Santa también planteó que la creación de una cárcel departamental en la subregión aliviaría la carga sobre los municipios, permitiendo que los recursos se concentren en fortalecer la seguridad pública. “Hoy, como alcaldes, estamos cuidando a las personas privadas de la libertad, cuando deberíamos enfocarnos en garantizar la seguridad y convivencia en nuestras comunidades”, argumentó.
Otro de los temas abordados por la alcaldesa fue el microtráfico, un problema creciente en la región. “La lucha contra el microtráfico ha sido una de las grandes derrotas en la región. Es fundamental que los recursos de esta tasa especial se destinen también a prevenir y combatir este flagelo”, expresó Santa. Además, abogó por el fortalecimiento del batallón Juan del Corral, que tiene jurisdicción en varios municipios del Oriente Antioqueño, con el fin de mejorar la logística, la tecnología y el armamento de las fuerzas de seguridad.
Ambos alcaldes coincidieron en que la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana es una herramienta clave para mejorar las condiciones de seguridad en el departamento. A través de este proyecto, esperan obtener los recursos necesarios para reforzar la presencia policial, invertir en prevención social y enfrentar de manera más efectiva los desafíos de criminalidad que afectan a sus municipios.
¿Qué argumentos presentaron alcaldes del Oriente para apoyar tasa de seguridad?
