El Consejo Nacional Electoral (CNE) advirtió sobre los graves riesgos que enfrenta el sistema electoral colombiano tras la decisión del Gobierno Nacional de reducir en un 56.75% su presupuesto para el año 2025. Este recorte, decretado por el Ministerio de Hacienda mediante el Decreto 0069 del 24 de enero, afecta directamente el componente electoral, poniendo en duda la realización de procesos clave en los próximos años.
El presidente del CNE, Álvaro Hernán Prada Artunduaga, expresó su preocupación ante esta situación: «El aplazamiento presupuestal compromete el cumplimiento de nuestras facultades constitucionales y legales. Procesos fundamentales, como las elecciones atípicas, los Consejos Municipales de Juventud y las actividades preparatorias para las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026, están en riesgo».
Prada subrayó que el recorte afecta aspectos cruciales como la presencia de testigos electorales, las auditorías, los escrutinios y el componente tecnológico que garantiza la transparencia de las elecciones. «Estamos solicitando al Gobierno replantear esta decisión y no descartamos tomar medidas legales para revertirla. Además, hemos pedido la intervención de los órganos de control para evitar que esta situación afecte la democracia del país», agregó.
En el Oriente Antioqueño, esta problemática adquiere una relevancia particular, ya que la subregión enfrenta dos posibles escenarios electorales importantes. Por un lado, se encuentra en discusión la creación de un Área Metropolitana en el Valle de San Nicolás, impulsada por alcaldes y la Gobernación. Por otro, se ha presentado una solicitud de veeduría para revocar el mandato en el municipio de Guarne. Ambas convocatorias podrían verse seriamente afectadas por las restricciones presupuestales.
La Registraduría Nacional, que también ha alertado sobre las implicaciones del recorte, coincide en que estas limitaciones comprometen la organización de procesos electorales, incluyendo las elecciones parlamentarias programadas para el 8 de marzo de 2026. «La falta de recursos no solo pone en peligro la logística, sino también la confianza en el sistema electoral», advirtió el organismo.
Ante este panorama, las autoridades electorales reiteran la urgencia de garantizar los recursos necesarios para salvaguardar el derecho de los ciudadanos a participar en elecciones libres, justas y transparentes. El impacto del recorte presupuestal no solo afecta a las entidades responsables, sino también a la democracia misma y a los procesos electorales en regiones como el Oriente antioqueño, donde las decisiones locales están directamente vinculadas al bienestar de las comunidades.