Hace dos semanas las comisiones primeras de Senado y Cámara, en sesión conjunta, dieron ‘luz verde’ al proyecto de ajuste a Ley de Garantías, que fue radicado en noviembre del año pasado y que permitiría que alcaldes, gobernadores y demás entes territoriales celebren convenios interadministrativos con entidades del orden nacional en época electoral.
Desde que, en 2005, con la figura de la elección presidencial, entró a regir la Ley de Garantías en Colombia, a través de la cual se limita a los servidores públicos para contratar obras durante elecciones, se ha conocido de los reclamos de mandatarios regionales, pues, según ellos, esto afecta el cumplimiento de sus programas de Gobierno.
Esto ajuste se daría con el fin de permitir el desarrollo económico del país durante los cuatro meses anteriores a las elecciones y, además, para permitir a los alcaldes y gobernadores seguir realizando obras antes de terminar su periodo.
Con la eliminación de la reelección, desde muchos sectores se ha pedido acabar también con esa norma. Por eso, a principios de abril, el Gobierno radicó en el Congreso de la República el mensaje de urgencia para que la iniciativa fuese tramitada. Sin embargo, hay quienes consideran que esta modificación podría traer corrupción en las elecciones.
Para el senador Fabio Amín, ponente del proyecto en el Senado de la República, no tiene sentido mantener esta ley vigente que se hizo bajo la figura jurídica de la reelección presidencial. “Desde noviembre de 2017 hasta julio de 2018, las alcaldías y los departamentos estuvieron en Ley de Garantías, previo a la elección de Congreso y luego a la primera y segunda vuelta presidencial. No tiene sentido, los municipios y los departamentos no tienen mayor incidencia, no afectan el debate electoral presidencial y menos cuando no hay una reelección”, expresó.
Por su parte, el senador Gabriel Velasco, uno de los congresistas que radicó la iniciativa en el legislativo, coincide con que esta norma buscaba generar las garantías para que no hubiese incidencia del Gobierno de turno en su posible reelección a través de la contratación estatal.
“Una vez se eliminó la figura de la reelección en Colombia, no tiene sentido mantener la norma que impide las relaciones interadministrativas entre departamentos y municipios con la Nación, pero sí genera parálisis y obstáculos para que las regiones y los territorios avancen en las inversiones necesarias para su desarrollo”, dice el senador del Centro Democrático.
No va todavía
Luego de salir del Legislativo, la ley tendría que pasar por la Corte Constitucional, lo que implicaría que no alcanzaría a aplicar en las próximas elecciones. Si la norma pasa también en las plenarias de Cámara y Senado, entraría en vigencia el próximo año, pero los efectos de su operación se reflejarían en las elecciones de 2022.
La situación ha generado quejas entre quienes creen que no era necesario el mensaje de urgencia para este trámite si no podrá entrar en vigencia para los comicios de octubre.
El propio senador Amín reconoce que “no necesitaba ser sacada antes del 20 de junio, a menos que por los términos del trámite hubiese perdido vigencia, pero no va a ser de ninguna manera el afán lo que haga que se aplique en las elecciones locales que vienen”.
Precisión
La reforma modificaría el parágrafo del Artículo 38 de la Ley 996 del 2005 para que se permitan los convenios interadministrativos entre el nivel nacional y el territorial, pero que se prohíban entre entidades del mismo nivel.
Así, según los autores de la iniciativa, se dará la posibilidad a los territorios de cumplir con sus objetivos constituciones y sus planes de desarrollo.
Fuente: Diario El País
