Por: L. Zahorín
Los colombianos somos de una carácter tan particular y auténtico, que sin que nos pidan las razones del atraso cultural y el subdesarrollo, desde la misma ignorancia que llevamos como pesada carga, nos encargamos de presentarlas y pregonarlas con cierto desbordado aire de egocentrismo. Otra de las particularidades de este país es el profundo peso que la política ejerce en la vida y costumbres de los ciudadanos y el meridiano de los vicios, pasiones y conflictos que actúan como acicates de las prácticas políticas; esto es razón del por qué Colombia no avanza, del por qué de las profundas desigualdades regionales, del por qué de la fragilidad de la gobernabilidad, del por qué de la manipulación de las instituciones por parte de los mandamás, del por qué del manoseo de los esquemas y los principios de la democracia.
Cuál si el país no tuviera suficientes conflictos por resolver y problemáticas sociales por buscarle solución, algunos sectores políticos y de opinión se han encargado de crear un estado permanente de incertidumbre y desconfianza institucional, volcando sus insatisfacciones políticas, sus enfados por el aislamiento de los beneficios burocráticos y de participación en el poder, hacía la creación de estados de malestar y condiciones permanentes de confusión en los ciudadanos, algo que se empeñan en defender y legitimar como libre expresión de los ciudadanos y ejercicio de un derecho a juzgar sobre la conducta de los gobernantes.
Es claro que el legislador, desde la corta previsión de las consecuencias de sus actos, desde el carácter democratero en el que incurre en muchas ocasiones para levantar cortinas de humo sobre sus desafueros e impopularidades, cometió soberbio yerro al dejar en una débil posición el veredicto de los ciudadanos al elegir sus gobernantes y de tajo abrir la puerta para que los sectores que no logren sus expectativas y los eternos inconformes de siempre a los que nada gusta, conforma o complace, se pongan en el lugar del palo en la rueda para entorpecer la gobernabilidad y dificultar las acciones de gobierno a partir de la generación y promoción de condiciones de zozobra, malestar, desconfianza y pesimismo.
En simple apariencia el espíritu de la Ley 134 de 1994 tiende a fortalecer la democracia al consagrar la revocatoria del mandato como un derecho político cuando se den las condiciones de insatisfacción general de la ciudadanía frente a la labor del gobernante, o haya incumplimiento del programa de gobierno. ¿Pero, cómo pretender un acto de tal cultura política en una sociedad que habita en las comidillas y manipulación de la información, que carece de los fundamentos básicos de la civilidad, que sobrevive de las acciones ventajosas, que no conoce de principios éticos y morales, pero sí de la práctica de la intriga, la trampa, el chantaje, el soborno y la mentira, que se deja sugestionar por el ruido de las pasiones, que disfruta del juego del señalamiento y el juzgamiento al amparo de las malquerencias, los odios y la apasionada lucha de los contrarios?
Definitivamente poner en vilo las instituciones por los apasionamientos políticos no es el camino, como tampoco lo es abrir esos peligrosos espacios para que la sociedad se mantenga en un estado permanente de confrontación política, de roces institucionales, de cacería de brujas, de interminables campañas electorales cruzadas por la difamación y el desprestigio del otro, de ese otro al que se ha señalado como eterno adversario a quien se lleva al terreno del derrotado.
Frente al descontento con la obra, la negligencia o la ineficiencia del gobernante, asúmase una actitud política responsable, caballerosa y ética. Dese el debate, solicítense las investigaciones que procedan, promuévanse las movilizaciones que obliguen al gobernante a dar respuestas positivas y acertadas a las situaciones que producen malestar e inconformidad en el pueblo, a establecer correctivos, a facilitar el diálogo, exprésese el malestar y la inconformidad con voz vehemente y actitud respetuosa, exíjanse las audiencias públicas para debatir las problemáticas e inconformidades, particípese activa y críticamente en los eventos de rendición de cuentas exigiendo informes fidedignos soportados en las evidencias de los hechos de gobierno y cuentas claras en las inversiones; pero no se lance a los pueblos al eterno carnaval de las campañas que a todos terminan golpeado por sus altos costos, los que generalmente sacrifican los recursos públicos y generan compromisos y condicionamientos con quienes ponen al servicio de las mismas sus capitales, empresas y organizaciones; campañas que profundizan en los odios y polarizaciones ideológicas y hacen el juego a los muchos intereses que circulan al interior de las organizaciones políticas, organizaciones sociales y círculos de poder de diversa índole.
La derogatoria de mandato, algo en lo que se tienen pocas experiencias por la desconfianza en la misma norma, terminará siendo en Colombia una oprobiosa práctica para las instituciones y la democracia, una costumbre más en los afanes proselitistas a los que se ha llevado la democracia, porque de tener algún éxito, a ella acudirán los sectores perdedores una vez se reestablezcan de sus mataduras en unas elecciones y hallen las condiciones para entrar en un nuevo debate electoral, lo que a muchos encanta porque su vida es una enconada pasión por lo público y muchos porque no conocen otro oficio que el de mantener encendida la tea de la confrontación y la discordia. Así la gobernabilidad terminará siendo de un año y de un año de las mayores dificultades porque apenas será el de afinamiento de los planes, la estructura del presupuesto y el entroncamiento institucional y con la peor parte de la desventura cargarán las instituciones públicas sometidas al tira y encoge de los conflictos e intereses políticos.
