Organizaciones sociales y colectivos del Oriente Antioqueño solicitaron a la Registraduría Nacional del Estado Civil suspender la consulta popular para la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás. Según los firmantes, la propuesta no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 1625 de 2013.
La solicitud, dirigida al registrador Hernán Penagos Giraldo y radicada el pasado 16 de diciembre, contiene tres peticiones puntuales: suspender la convocatoria mientras no se cumplan los requisitos, evitar la realización de la consulta hasta que se justifiquen los elementos técnicos y reconocer a los solicitantes como terceros interesados en el proceso administrativo.
Argumentos legales
Gustavo García, uno de los firmantes, afirmó que “la Ley 1625 exige que, antes de radicar el proyecto en la Registraduría, se obtenga un concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso. Aunque este concepto no tiene que ser favorable, es un requisito previo que no se ha cumplido”.
Sin embargo, de acuerdo con la Sentencia C-072 de 2014 de la Corte Constitucional, este concepto no es vinculante. Por ello, los promotores del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás radicaron simultáneamente la solicitud de dichos conceptos ante las Comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado y la Cámara de Representantes, junto con la solicitud de convocatoria de la consulta ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. A estas solicitudes anexaron, entre otros documentos, un estudio técnico de soporte que expone las dinámicas e interrelaciones de los municipios del Valle de San Nicolás entre sí y con el municipio núcleo.
Propuestas alternativas
Los firmantes proponen fortalecer esquemas asociativos existentes, como la Provincia de Agua, Bosques y Turismo o la Asociación de Municipios del Altiplano (Masora), en lugar de crear un área metropolitana. Según García, “estos modelos permiten una gobernanza más equitativa sin concentrar poder ni acelerar procesos de metropolización”.
Posición de la Gobernación
Por su parte, la Gobernación de Antioquia indicó que existe un documento técnico de más de 300 páginas anexado a la solicitud presentada a la Registraduría, donde se detallan los argumentos y la justificación para convocar a la consulta popular.
Próximos pasos
La solicitud de las organizaciones sociales fue radicada en la mañana del 16 de diciembre de 2024, y se está a la espera de una respuesta por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. De otro lado, la solicitud de Consulta fue radicada ante la misma Registraduría el 2 de diciembre de 2024 por parte de la Gobernación de Antioquia y los mandatarios de 8 municipios del Altiplano, la cual tiene al menos 15 días hábiles para responder.
