Por: Carlos Humberto Gómez
La acción popular interpuesta por la Personería de Rionegro busca el pago de más de $280.000 millones adeudados por Nueva EPS y Savia Salud. El Ministerio de Salud deberá presentar un cronograma de pagos en un plazo de 10 días.
El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió una acción popular y decretó medidas cautelares orientadas a proteger la red hospitalaria de Rionegro, en el marco de un proceso judicial que busca garantizar la sostenibilidad financiera del servicio público de salud en el municipio.
La decisión responde a la demanda presentada por la Personería de Rionegro frente a la deuda que mantienen las EPS Savia Salud y Nueva EPS con varias instituciones prestadoras de servicios de salud, situación que, según el accionante, pone en riesgo la continuidad y calidad de la atención a los usuarios.
El origen del litigio
De acuerdo con el radicado 05001-23-33-000-2025-01710-00, la cartera adeudada supera los $280.000 millones y afecta de manera directa la operación del Hospital San Juan de Dios, el Hospital San Vicente Fundación, la Clínica Somer, ServiUCIS e Imedi.
La acción popular advierte que la falta de flujo oportuno de recursos compromete el derecho colectivo a la salud y la adecuada prestación del servicio público.
Lo que señala el fallo
Mediante el Auto 08 del 15 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la acción popular y decretó medidas cautelares con el propósito de prevenir la generación de riesgos asociados a la crisis financiera de la red hospitalaria.
En el documento judicial se indica: “Admitir la acción popular y dictar medidas cautelares contra el Ministerio de Salud y Protección Social y otros, con el fin de prevenir la generación de riesgos asociados a la problemática financiera de la red hospitalaria”.
El Tribunal destacó la necesidad de adoptar acciones inmediatas para salvaguardar el derecho colectivo a la salud y el acceso efectivo a la seguridad social.
Plazo al Ministerio y a las EPS
Como parte de la medida cautelar, el Ministerio de Salud y las entidades demandadas deberán presentar, dentro de los diez días siguientes a la notificación, un informe que contenga un cronograma de pagos con plazos definidos y fuentes de financiación, así como un plan de contingencia orientado a garantizar la continuidad de la atención a los usuarios mientras se avanza en el saneamiento de la cartera.
Para Jorge Luis Restrepo, Personero municipal de Rionegro, quién lideró la solicitud judicial, esta decisión representa un avance jurídico relevante en la defensa del sistema de salud local y en la exigencia de responsabilidades frente al manejo de los recursos públicos. Aunque el proceso judicial continúa, -dice-, la medida cautelar obliga a las entidades involucradas a adoptar acciones concretas para evitar un mayor deterioro de la red hospitalaria. La comunidad del Oriente Antioqueño permanece atenta a que este mandato judicial se traduzca en soluciones efectivas para las instituciones que prestan servicios de salud en la región.
