El programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), liderado por Masbosques, ha protegido 52,630.2 hectáreas de ecosistemas estratégicos en el Oriente Antioqueño. Esta iniciativa beneficia a más de 2,998 familias en 23 municipios de la región, quienes reciben incentivos económicos a cambio de preservar bosques, páramos y áreas de alto valor ecológico.
La implementación del programa se basa en la colaboración con entidades públicas y privadas como Iacol, Isa, Túnel de Oriente, Londoño Gómez, Sumicol, Airplan y Devimed, entre otras. Según Jaime Andrés García, director ejecutivo de Masbosques, “estas cifras no representan esfuerzos individuales, sino un compromiso colectivo por construir un futuro sostenible entre todos”.
Los municipios beneficiados, como Rionegro, El Carmen de Viboral, Cocorná y Guatapé, juegan un papel clave en la preservación de servicios ecosistémicos esenciales, entre ellos la regulación hídrica y la captura de carbono. Jair Botero, un campesino de la vereda La Honda en El Carmen de Viboral, compartió cómo el PSA ha impactado su vida: “Este incentivo mensual ha sido fundamental para el sostenimiento de mi familia. Más allá del apoyo económico, nos ha permitido cambiar nuestra forma de pensar y valorar el entorno que nos rodea”.
El rol de las comunidades campesinas, y en particular de las mujeres rurales, ha sido crucial. Estas últimas lideran iniciativas de conservación y promueven prácticas sostenibles en sus territorios. “Las mujeres han sido aliadas fundamentales para que este modelo no solo beneficie a las familias, sino que también fomente el respeto y cuidado del ambiente”, agregó García.
A lo largo de sus 21 años, Masbosques ha consolidado el PSA como una herramienta para la sostenibilidad. “Hemos logrado conservar más de 433,000 hectáreas y beneficiar a más de 20,000 familias en todo el país”, señaló García.
El programa no solo ha transformado la vida de miles de familias, sino que también ha posicionado al Oriente Antioqueño como un referente nacional en conservación. Este modelo demuestra que la protección ambiental y el desarrollo sostenible pueden avanzar de la mano, ofreciendo una alternativa económica que beneficia tanto a las comunidades locales como a los ecosistemas del territorio.
