En la sesión ordinaria número 32 de la Asamblea Departamental, celebrada en la mañana del lunes 29 de julio, la contralora general del Departamento de Antioquia, Enedith González, presentó un informe técnico que revela un presunto detrimento patrimonial en las obras del Parque Metropolitano Tulio Ospina – Centro de Eventos, conocido como Central Park. Según el informe, se estaría configurando un daño al patrimonio público por un monto estimado en $27.999.784.930 millones.
La contralora detalló el proceso de construcción del Central Park y la serie de contratos realizados desde 2018. En particular, el contrato 553 de 2022, destinado a la construcción y rehabilitación de obras para poner en funcionamiento el parque, no contempló ni presupuestó algunas obras esenciales como la red contra incendios, un centro médico permanente, baterías sanitarias, dispositivos de control de ruido, muros de contención, y otros elementos cruciales para su funcionalidad.
González explicó que, a pesar de que los recursos del contrato se invirtieron con la intención de hacer funcional el escenario deportivo, la planificación inadecuada respecto a los alcances y reglamentaciones ha llevado a que el gasto público no cumpla con el propósito para el que fue destinado, lo que configura un presunto daño al patrimonio público. Además, se estima que se requerirán aproximadamente $60.000.000.000 millones adicionales para completar el proyecto.
Isabel Arcos, subgerente de Espacios Deportivos y Equipamientos de Indeportes Antioquia, aclaró que el contrato está actualmente suspendido debido a un permiso del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El proyecto ha contratado un total de $159.525.416.231 desde 2018, con una ejecución de $152.847.437.174 desde 2019, mostrando un avance ponderado del 95,81%.
Durante el debate, los diputados expresaron su preocupación por la situación. El diputado Jonathan Roldán, citante del debate, criticó el aumento de costos del proyecto, calificándolo de “mamut blanco” en lugar de un “elefante blanco”. Por su parte, el diputado Juan Esteban Villegas destacó el incumplimiento de los objetivos contractuales y la necesidad de un seguimiento riguroso del proyecto.
El diputado Walter Salas advirtió sobre las implicaciones penales de la situación, sugiriendo la posible configuración de delitos de administración pública, incluyendo la celebración indebida de contratos.
El debate en la Asamblea Departamental continúa, y los corporados se preparan para discutir más a fondo el impacto y las implicaciones de este controvertido proyecto para el Valle de Aburrá y el Departamento de Antioquia.
