El Tribunal Administrativo de Antioquia decidió en primera instancia, aceptar la solicitud de suspensión provisional de quien ejerce como contralora municipal en esta localidad. Aunque, según se informó, la medida cautelar no haría obligatoria la salida del cargo, tal como lo reclaman los demandantes y sectores políticos de la localidad.
Sandra Landinez Cárdenas, electa como contralora municipal, se posesionó el 27 de enero, luego de un proceso meritocrático donde fue primera en la lista de elegibles. La demanda de nulidad electoral ejercida por los abogados Oscar Ignacio Castaño Correa y Jhon Fredy Osorio Pemberty, busca la declaratoria de inaplicación de los efectos del nombramiento hecho por el Concejo de Rionegro el pasado 22 de enero y la realización de un nuevo concurso para proveer el cargo.
Según la demanda y lo establecido en la decisión, la funcionaria estaría inhabilitada para ser elegida y posesionarse en el cargo, al haber suscrito contratos de prestación de servicios durante el último año con entidades públicas del orden municipal. La norma que se invoca por parte de los demandantes se encuentra en el numeral 3º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 y que entre otras, advierte que, “la disposición normativa, establecida dentro del régimen de inhabilidades de los alcaldes, es aplicable para los contralores”, esto es, estar incurso en inhabilidad, “si un año antes de la elección, quien pretenda ser contralor intervino en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel, que deban ejecutarse o cumplirse en el municipio respectivo”, tal cual lo estableció el Tribunal Administrativo de Antioquia.
¿Qué dijo la contralora en su defensa?
La demanda de nulidad hace especial énfasis en que Sandra Landinez habría firmado contratos que al momento de su elección configurarían una prohibición para ser elegida. Según la demandada, “la restricción de no haber suscrito contratos, con el municipio, va dirigida únicamente a quien esté desempeñando un cargo público y no a quien tenga contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión”.
Dice la Contralora que no tuvo el carácter de empleada pública. Dado el tipo de contrato, no supone un vínculo con responsabilidades de ordenador del gasto o decisiones administrativas. Sobre esto dijo en su defensa que, “En esta medida, concluye que los contratos de prestación de servicios no generan la calidad de servidor público para quien lo ejecuta”.
Aunque la suspensión provisional no decide sobre el asunto de fondo, como es la -nulidad de la elección-, esta medida provisional deja en cuestión la posible inhabilidad y la responsabilidad del concejo municipal en su nombramiento. También lo es, los argumentos manifestados por cuatro de los 17 concejales, que al no estar de acuerdo con la elección de quien hoy ostenta el cargo, votaron negativo en la sesión extraordinaria de la corporación.
Una vez conocida la decisión que declara la suspensión provisional, la contraloría, en información de prensa, dijo que “hará uso de las herramientas legales que le permiten invocar el debido proceso en procura de la defensa de los derechos fundamentales y las garantías procesales”. Se apartó así de quienes señalan que la contralora debe dejar el cargo inmediatamente, pues dijo finalmente que “seguirá liderando las actividades de control fiscal en el municipio acatando las decisiones judiciales, pero ejerciendo las acciones legales pertinentes, mientras se resuelve el conflicto jurídico”.
38 investigaciones de responsabilidad fiscal recibió la nueva contraloría de Rionegro
En un proceso que generó controversia entre las dos titulares del control fiscal, de su lado -la contralora General de Antioquia, Elsa Yazmín González y la electa contralora municipal Sandra Landinez Cárdenas-, se materializó finalmente un acto de entrega en presencia de Diego Fernando Uribe, auditor delegado de la Auditoría General de la República, y de Luis Fernando Bustamante, procurador Regional de Antioquia.
El empalme, que debió surtirse en los días siguientes a su posesión, solo pudo lograrse un mes y medio después. Tal como lo manifestó en el programa de radio Contacto Regional de RCN, “la contralora municipal ha intentado por todos los medios comunicarse con la contralora departamental, para que le haga entrega de los procesos pendientes, lo cual no ha sido posible”. Y finalizó en su momento en un “llamado al ente departamental para adelantar lo más pronto posible ese proceso de transición en beneficio del municipio de Rionegro y de su comunidad”.
Esta solicitud no surtió efecto -según se evidenció-. Solo hasta el 16 de marzo las partes firmaron el acta de entrega que dejaría en manos de la contraloría municipal los procesos fiscales que adelantaba en ocho entes oficiales de la localidad y que hasta esta fecha fueron competencia de la contraloría departamental.
¿Por qué la demora en la entrega?
La Prensa consultó al ente departamental sobre lo que parecía ser una dilación en el trámite para entrega de la información a la contraloría municipal. La respuesta fue que se había elevado concepto a las instancias nacionales de la Contraloría, al igual que la Auditoría General, por lo que definió como “duda de la competencia del ejercicio de la vigilancia fiscal para el periodo 2020”, por parte de la nueva contraloría de Rionegro.
Finalmente, 45 días después de la posesión de la contralora Sandra Landinez, la Contraloría de Antioquia entregó 38 procesos de responsabilidad fiscal que suman $9.700 millones de pesos, los cuales, a partir de esa fecha, están bajo custodia y responsabilidad del nuevo ente fiscalizador.
“Con total respeto de la ley y ajustándonos al procedimiento interno, hoy terminamos de entregar todos los procesos que la Contraloría General de Antioquia venía adelantando contra el municipio de Rionegro y sus entes descentralizados”, dijo el día del empalme la contralora general de Antioquia, Elsa Yazmín González Vega.
No obstante, en comunicado público, la contraloría municipal anunció que recibieron “actas con observaciones a los documentos recibidos, sobre su estado físico y digital, cantidades y otros aspectos formales.” Y puntualizó con una advertencia, “se realizará una verificación profunda de los contenidos de los expedientes”, según la entidad, a fin de hacer un análisis detallado de la integridad de lo entregado.
Ni en la demanda de nulidad electoral, ni en el proceso de empalme, se ha dicho la última palabra, tanto en la decisión de segunda instancia o en la gestión que desarrolla la contraloría de Rionegro. En todo caso, no le hacen bien a la institucionalidad las recientes actuaciones, que de un lado mantienen en vilo la elección de la contralora, y del otro, de los documentos que soportaron el acto de entrega de información sensible por parte de la contraloría departamental que podría terminar con responsabilidades fiscales a funcionarios o exfuncionarios en este municipio o la preclusión de los mismos.
Al cierre de esta edición, la Contraloría no había emitido ninguna información nueva sobre las actuaciones en una segunda instancia o la posible permanencia o dejación del cargo.
